martes, 31 de diciembre de 2013
CCOO denuncia los impagos en Seguridad Huécar
Seguridad
Huécar lleva medio año sin pagar a los vigilantes de la JCCM en Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara
Fuente:
castillalamancha.ccoo.es – 30/12/2013
El Gobierno regional asegura
que está al corriente del pago con esta contrata, pero no hace nada para
obligar a la empresa a pagar a sus trabajadores
Seguridad Huécar se ha comprometido dos
veces ante el jurado arbitral a saldar sus deudas. En ambas ocasiones ha
incumplido su compromiso.
CCOO solicitará una nueva
mediación previa a la convocatoria de huelga y no descarta otras iniciativas
sindicales y judiciales
Ciudad
Real, 30 de diciembre de 2013. Los trabajadores de la empresa Seguridad Huécar,
contrata de servicios de vigilancia y seguridad de diversas sedes del Gobierno
de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, llevan medio año
sin cobrar. Se les adeudan ya siete nóminas -cinco mensualidades y las extras
de verano y Navidad-, pese a que la Administración regional asegura que sí está
al día en sus pagos a la empresa.
“CCOO y
la representación legal de los trabajadores nos hemos reunido dos veces ya con
Seguridad Huécar ante el Jurado Arbitral. En ambas ocasiones, la empresa se
comprometió a saldar sus deudas; y en ambas ocasiones ha incumplido sus
compromisos”, denuncia Antonio Sánchez,
de la FSP-CCOO.
CCOO y
los delegados de personal de las provincias afectadas también se ha reunido
con representantes de la JCCM, que no
aportan solución ninguna y se limitan a asegurar que la Administración está al
día en sus pagos a Seguridad Huécar.
El
sindicato volverá a solicitar una nueva mediación ante el Jurado Arbitral
previa a la convocatoria de huelga; sin descartar otras movilizaciones. Al
tiempo, los servicios jurídicos preparan iniciativas judiciales para conseguir
que la empresa abone lo que debe a los trabajadores.
“Los
trabajadores –unos 55 entre las tres provincias citadas- están cansados de
aguantar esta situación, que ya es insoportable. Ha sido mucha la paciencia que
han tenido desde que el Gobierno regional adjudicó estos servicios a esta
empresa, que les está utilizando como financiera.”
“Los
trabajadores y sus familias lo están pasando muy mal. En muchos casos, sus
nóminas son la única fuente de ingresos de la casa y se están viendo en la
humillación de mendigar préstamos a amigos o compañeros, además acumular
intereses bancarios por la devolución de recibos domiciliados e hipotecas”,
relata Sánchez.
“Es
lamentable que empresas como Seguridad Huécar puedan quedarse impunemente,
durante meses y meses, con las nóminas de sus trabajadores; riéndose de ellos y
de la propia Administración, pues los impagos no les suponen ninguna sanción
por parte de la JCCM, ni ningún perjuicio”, denuncia el responsable de CCOO.
lunes, 30 de diciembre de 2013
Ley Seguridad Privada: Los Vigilantes no son policías
La ley de seguridad privada
permite a los agentes patrullar en más espacios
Los expertos alertan de la
falta de formación para sus nuevos cometidos
Fuente:
elpais.com - ALBA TOBELLA MAYANS 30 DIC 2013
“Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra.
Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me
quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad
privada de una tienda del centro de Madrid. Ha visto en las noticias que si se
acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite
parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante
miedo.
El
borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este
mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán
hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener,
identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área
de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes
que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les
protege como a ellos.
“El
ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer
la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael
Centeno, director del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los
vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco
y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero
tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.
La
instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley,
aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las
competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a
concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los
afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las
herramientas para hacerlo.
“Aún
tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo
cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo
Maldonado, asesor de seguridad privada de CC OO y profesor en academias de
vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se ha invertido un tiempo mucho más
largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, espeta el abogado
penalista Jaime Sanz de Bremond. El viernes pasado, un juez de Girona imputó a
seis mossos por las lesiones que sufrieron varios manifestantes antimonárquicos
en dos protestas durante el mes de junio.
La
profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona Roser Martínez alerta de que la reforma legislativa relaja la
formación que se exige a los vigilantes armados —el 78% del total de un sector
con 82.150 trabajadores—. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro
al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] solo
dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la
participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud
deben tener los preparadores, ni el número de prácticas ni el número de tiros”,
explica la experta, autora de Armas: libertad americana o prevención europea
(Ariel).
Martínez
también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el
arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos de arma son otorgados a
las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados
a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva
ley, podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de
que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que
tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa.
El de
Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja
conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos
de habilitación para seguridad privada: parado de larga duración, mayor de 40
años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De
hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro, acabó optando
por esta alternativa. Después de pasar unos meses supervisando estaciones de
Renfe, encontró un trabajo más estable, aunque, según cuenta, no pasa de
mileurista.
El otro
perfil habitual entre los candidatos lo constituyen jóvenes de entre 18 y 21
años que ven la vigilancia como una carrera y que aspiran a ascender a puestos
más complejos como el control de sistemas operativos o la prevención de
incendios. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de estudios de Abalar, una
academia que forma a unos 700 estudiantes al año, asegura que, por el
contrario, los que aspiran a entrar en la Policía Nacional son, en general,
mucho más vocacionales que los que intentan convertirse en vigilantes. La
formación es también mucho más larga, estricta y exhaustiva. “La idea de que
son policías frustrados es falsa”, asegura. “Sí pasa al revés, que estudiantes
de Policía Nacional se sacan el título de vigilante para poder mantenerse
mientras opositan. La mayoría de los que aprueban son mayores de 24 años,
tienen una formación básica y un sentido de la función pública”, explica. “Los
que llegan a los 18 creyéndose Harry el Sucio y que se han sacado el graduado
escolar a trancas y barrancas, se suelen quedar fuera”, defiende.
Los
requisitos para acceder a los dos exámenes para ambas profesiones son
prácticamente los mismos: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y
haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, entre otros. Para optar a
la placa de vigilante de seguridad hay que tener nacionalidad europea, mientras
que solo los españoles pueden acceder a las oposiciones de la Policía Nacional.
La nueva ley de seguridad privada permite a ciudadanos de terceros países
acceder a la seguridad privada, siempre que tengan un convenio bilateral con
España en esta materia.
Después
de pasar un filtro en el Ministerio del Interior —un examen de conocimientos
básicos adquiridos en un curso de 180 horas—, los vigilantes están obligados a
hacer un curso de reciclaje anual de 20 horas. Las pruebas son físicas,
prácticas —tiro y defensa personal— y teóricas —conceptos de derecho,
psicología o sociología—. La entrada al Cuerpo Nacional de Policía pasa por una
oposición y una formación de casi dos años: uno en la Academia Nacional de
Policía, en Ávila, y otro de prácticas en una comisaría.
Las
diferencias en la formación se reflejan en las condiciones laborales. El
salario de un vigilante sin arma es de 1.086 euros brutos al mes. Un agente de
la Policía Nacional que acaba de salir de la academia cobra entre 1.400 y 1.500
euros mensuales (en función de los complementos, para los que se tiene en
cuenta, entre otros, su destino), al que se irán sumando trienios con el paso
de los años.
“Es como poner a enfermeras a operar porque no
hay suficientes médicos y las listas de espera aprietan”, explica el portavoz
del Sindicato Unificado de Policía José María Benito. Este considera que más
allá de reducir gastos, la extensión de las responsabilidades de la seguridad
privada duplica un servicio que ya está cubierto por la Policía Nacional. El
sector ha perdido un 20% de su volumen de negocio desde 2008 y la Asociación
Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), la asociación que
engloba a las 12 compañías más grandes que facturan el 70% de los ingresos del
sector, no cree que la reforma de la ley reflote sus balances.
El
número de vigilantes también ha caído, pese a que las escuelas coinciden en que
la crisis ha disparado el número de aspirantes. El Ministerio del Interior ha
admitido abiertamente que la ley beneficiará a aquellas empresas que han
perdido terreno de negocio desde el final de ETA.
La
colaboración entre la seguridad pública y la privada es habitual en aeropuertos
y ministerios y echó a andar en los perímetros de 21 cárceles de toda España en
mayo con un programa piloto del Ministerio del Interior. Las empresas de
seguridad ya se responsabilizan también de algunas cabalgatas, playas o
urbanizaciones, aunque siempre con un perímetro delimitado.
Esta
cooperación ha provocado, por ejemplo, una reducción de un 90% de las falsas
alarmas en la última década, según datos de la Dirección General de Policía.
“La empresa de seguridad instala sus sistemas de alarmas y cobra por ello; pero
si suena, somos nosotros los que tenemos que acudir al lugar”, lamenta Benito.
Para ahondar en esta tarea de supervisión y prevención, la nueva ley permite
que compartan información y la conexión de los servicios de policía y las
empresas privadas de seguridad para comprobar los datos en tiempo real. “Se
trata de una información de ayuda a la seguridad pública, pero no les convierte
en agentes de la autoridad”, opina Eduardo Cobas, secretario general de la
asociación de las 12 principales empresas del sector.
Cobas
cita el caso Asunta, la niña gallega cuyo cadáver fue encontrado el 22 de
septiembre en Galicia, como un logro de esta cooperación. La cría, que murió
tras una sobredosis de ansiolíticos, según la investigación, fue grabada por
una cámara de seguridad en el coche de su madre, Rosario Porto, lo que desmontó
la versión inicial de esta, poniéndola en el centro de la investigación.
El
Ministerio del Interior insiste en que la actuación de los agentes privados se
basará en la subordinación respecto a la policía y que la reforma solo da
respaldo legal a una realidad que, de facto, ya se estaba produciendo. Para
Sanz de Bremond, el salto es, sin embargo, cualitativo. “Se busca equiparar a
los vigilantes con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con lo que en
la calle se está dejando en sus manos la posibilidad de definir la situación”,
explica.
Además,
considera que la ley es “innecesaria” y redundante con el Código de Enjuiciamiento
Criminal de 1992 según el cual cualquier ciudadano que presencia un delito debe
ponerlo en conocimiento de las autoridades, aunque la detención queda en manos
del funcionario. “Un vigilante en unos grandes almacenes actúa con la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en la mano, no hace falta hacerlo patente en otra
norma”, insiste. “No les puedes equiparar a un policía, pero tampoco a un
ciudadano corriente”, replica Cobas, que insiste en que la regulación actual
deja sin protección a los agentes en determinadas situaciones.
La
reforma legislativa solo equipara a los vigilantes a agentes de la autoridad
—una demanda histórica del sector— en el caso de que estén realizando una
acción junto a la policía y reciban una agresión. “Este supuesto es
conceptual”, zanja Sanz de Bremond, aunque puede convertirse en “una
justificación de su agresión para justificar tu agresión”.
sábado, 28 de diciembre de 2013
Retirada ERE Ombuds en los medios de comunicación
OMBUDS DEJA SIN
EFECTO EL ERE
Desconvocada la huelga de seguridad de Metro al no
plantearse despidos
MADRID, 28 Dic.
(EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de
Ombuds, empresa adjudicataria de tres de los ocho lotes de seguridad de Metro
de Madrid, ha desconvocado los paros previstos para los días 31 de diciembre y
1 de enero, tras lograr que la empresa deje sin efecto el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) que iba a afectar a 151 trabajadores.
Según ha informado CC.OO.
en un comunicado, tras 17 horas de negociación se ha alcanzado este primer
acuerdo, ya que la adjudicataria ha emplazado al comité de empresa a una nueva
reunión para el próximo 7 de enero, para abordar "otro tipo de soluciones
para garantizar el equilibrio en su contrata de seguridad con el Metro de Madrid".
La Federación de Servicios
Privados de CCOO Madrid rechazó que se produjeran despidos mientras otros
trabajadores tuvieran que hacer horas extraordinarias y posibilidades de
recolocar a los empleados.
Las movilizaciones fueron
convocadas en asamblea de trabajadores, según ha explicado el sindicato, que ha
añadido que la empresa, por su parte, "argumenta el expediente por la
reducción de horas del servicio de seguridad que Metro de Madrid ha planteado
en el pliego de contratación".
CC.OO. ya señaló en el mes
de junio, cuando se adjudicó el contrato de seguridad del suburbano madrileño,
que este nuevo pliego de contratación podría traer una pérdida de 700 empleos.
Ombuds, que cuenta con una plantilla de 651 vigilantes en el Metro de Madrid, había
planteado una "merma" de su plantilla en el suburbano de un 23 por
ciento.
MADRID
Retirado el ERE que afectaba a 151 vigilantes del Metro de Madrid
Fuente:
abc.es - EFE / MADRID - 28/12/2013 - 10.52h
El
Comité de Empresa de Ombuds volverá a reunirse con los representantes de los
trabajadores el próximo 7 de enero «con el fin de abordar otro tipo de
soluciones»
La
empresa
de seguridad Ombuds, una de las adjudicatarias del servicio de
vigilancia de Metro de Madrid, ha retirado el ERE que afectaba a 151 empleados
tras una "larga jornada de negociación" con los sindicatos, ha
anunciado hoy la Federación de Servicios Privados de CCOO Madrid.
El
Comité de Empresa de Ombuds volverá a reunirse con los representantes de los
trabajadores el próximo 7 de enero "con el fin de abordar otro tipo de
soluciones para garantizar el equilibrio en su contrata de seguridad con el
Metro de Madrid", ha informado CCOO en una nota de prensa.
Esta
compañía, adjudicataria desde el pasado mes de junio de 3 de los 8 lotes de
seguridad del Metro, mantuvo ayer un encuentro con representantes de CCOO, UGT,
USO, ATES, Alternativa Sindical y SIV.
Tras
el acuerdo alcanzado, los sindicatos han decidido anular los paros
convocados los días 31 de diciembre y 1 de enero en protesta por el ERE, así como la concentración prevista el día 30 a las
10:00 horas frente a la sede de Metro de Madrid, en
la calle Cavanilles.
Ombuds
tiene más de un millar de vigilantes de seguridad en la Comunidad de Madrid, de
los cuales 651 trabajan en el suburbano. Según CCOO, la empresa planteó
ejecutar el ERE ante la reducción de horas del servicio de seguridad que Metro
de Madrid planteó en el pliego de contratación.
Retiran el ERE que
afectaba a 151 vigilantes del Metro de Madrid
Fuente:
lavanguardia.es - Madrid | 28/12/2013 - 10:43h
Madrid,
28 dic (EFE).- La empresa de seguridad Ombuds, una de las adjudicatarias del
servicio de vigilancia de Metro de Madrid, ha retirado el ERE que afectaba a
151 empleados tras una "larga jornada de negociación" con los
sindicatos, ha anunciado hoy la Federación de Servicios Privados de CCOO
Madrid.
El
Comité de Empresa de Ombuds volverá a reunirse con los representantes de los
trabajadores el próximo 7 de enero "con el fin de abordar otro tipo de
soluciones para garantizar el equilibrio en su contrata de seguridad con el
Metro de Madrid", ha informado CCOO en una nota de prensa.
Esta
compañía, adjudicataria desde el pasado mes de junio de 3 de los 8 lotes de
seguridad del Metro, mantuvo ayer un encuentro con representantes de CCOO, UGT,
USO, ATES, Alternativa Sindical y SIV.
Tras
el acuerdo alcanzado, los sindicatos han decidido anular los paros convocados
los días 31 de diciembre y 1 de enero en protesta por el ERE, así como la
concentración prevista el día 30 a las 10:00 horas frente a la sede de Metro de
Madrid, en la calle Cavanilles.
Ombuds
tiene más de un millar de vigilantes de seguridad en la Comunidad de Madrid, de
los cuales 651 trabajan en el suburbano.
Según
CCOO, la empresa planteó ejecutar el ERE ante la reducción de horas del
servicio de seguridad que Metro de Madrid planteó en el pliego de contratación.
Metro Madrid: Ombuds deja sin efecto el ERE
Fuente:
CCOO - Federación de Servicios Privados Madrid
Después de una larga
negociación sin acuerdo con la empresa
Ombuds seguridad, con relación al ERE de extinción del contrato de 151 Vigilantes en Metro de Madrid, la
empresa procede a dejar sin efecto el ERE planteado, ante esta situación, la
representación legal de los trabajadores decide retirar las movilizaciones planteadas para el día 30, Concentración en
la Calle Cavanilles, 58 y los paros parciales convocados para los días de
Nochevieja y Año Nuevo.
Las partes quedan
convocadas a una reunión el próximo 7 de Enero, en la que la empresa podría plantear
otras medidas.
viernes, 27 de diciembre de 2013
Securitas Direct se pelea con Montoro
La sueca Securitas Direct se pelea con Montoro por una deducción de 18 millones
La disputa se originó tras la escisión
de una filial en España en 2006, de cara a la salida a Bolsa de su negocio de
Sistemas. El grupo de seguridad privada dice que ha cumplido la ley y anuncia
que recurrirá ante el Tribunal Económico Administrativo Central.
FOTOEITH TYLER VÍA FLICKR
Fuente:
vozpopuli.com - A. M. Vélez – 26/12/2013
La
multinacional sueca de seguridad privada Securitas Direct anda
a gorrazos con el Ministerio de Hacienda por una deducción que se aplicó en
España entre los años 2006 y 2007 y que el departamento de Cristóbal
Montoro le exige que devuelva. El importe en discusión alcanza cerca
de 18 millones de euros, incluyendo los intereses acumulados hasta
el pasado 30 de septiembre, según la propia empresa.
Securitas
Direct ha explicado que, tras realizar una auditoría de su filial española,
Hacienda reclamó a la empresa ese importe, que Securitas decidió desgravarse
tras la escisión de su filial española de Sistemas, con motivo de la salida a
bolsa de este negocio (alarmas, monitorización y sistemas de control de acceso) en
la bolsa de Estocolmo en el año 2006.
“Securitas
ha recurrido la liquidación tributaria recibida en julio de 2013 ante el
Tribunal Económico Administrativo Central. Si finalmente fuera confirmada
por los tribunales españoles, la resolución de las autoridades fiscales
españolas resultaría en un pago de 18 millones de euros”, ha explicado el grupo.
La
empresa avisa de que el proceso puede dilatarse durante años y recalca que
“cree que ha actuado en concordancia con la legislación aplicable y defenderá
su posición”.
La
compañía, uno de los principales grupos del sector y la segunda empresa de
seguridad privada en el mercado nacional tras Prosegur, está muy ligada a
España, que tradicionalmente ha sido uno de sus principales mercados, y que de
hecho es el país de origen de tres de los once miembros de su alta dirección.
Sin
embargo, la compañía, que en España cuenta en la actualidad con una cuota de
mercado que alcanza el 24% y 17.000 empleados, según su web, lleva tiempo
sufriendo al Sur de los Pirineos (como el resto de operadores del sector) un
creciente deterioro de márgenes, consecuencia de la feroz competencia, que le
llevó a poner en marcha un plan de reestructuración y ahorro de costes el año
pasado, ejercicio en el que sus ventas cayeron en España un 15%.
El
grupo, que en los nueve primeros meses del año redujo su facturación en España
un 15%, registró un beneficio acumulado de unos 130,7 millones de euros (un 31%
menos) hasta septiembre.
Segurpri Nº 43 - Diciembre 2013
Boletín de Seguridad
Privada Nº 43, correspondiente al mes de Diciembre de 2013.
SUMARIO
- HASTA QUE CANTE LA GORDA ...........................................................................
1
- Sumario ............................................................................
......................... ......... 2
- Aclaraciones sobre la Orden INT/316/2011 sobre sistemas de alarma
.................. 3
- Puentes rotativos en vehículos de seguridad privada .............
............ ................. 5
- Reubicación de cajeros automáticos desplazados ...............................
................. 7
- Solicitud de títulos de viajes por vigilantes de
seguridad........ ............ ................ 10
- Establecimiento con dos sistemas conectados a dos CRA’s distintas
................... 12
- Reposición y retirada de efectivo en cajeros por vigilantes de
seguridad….......... 14
- Inutilización de sistema de alarma exterior mediante espuma de
poliuretano.... 17
- Internacional
.....................................................................................................
18
- Jornada de Alarmas Complejo Policial de Canillas 17.12.2013
............................ 19
- Actos..................................................................................................................
29
- Celebraciones “Día de la Seguridad Privada” .....................................................
33
- Noticias judiciales
............................................................
................................. 34
Metro Madrid: Los Vigilantes pararán en Nochevieja y Año Nuevo
Los trabajadores
protestan por el ERE planteado por una de las empresas concesionarias del
servicio, que afecta a 151 vigilantes
Fuente; elpais.com RODRIGO
CASTELEIRO Madrid 26 DIC 2013
El comité de
empresa de Ombuds, adjudicataria de tres de los ocho lotes de seguridad de
Metro de Madrid, ha anunciado este lunes un parón para los días 31 de diciembre
y 1 de enero en protesta por el ERE presentado por esta compañía. En total hay
151 trabajadores afectados de una plantilla de 651 vigilantes, pero todos los
empleados están llamados a secundar ese parón.
Según ha
informado CC OO en un comunicado,
los paros están convocados para Nochevieja y Año Nuevo y se desarrollarán de
ocho a diez de la mañana y de seis a ocho de la tarde. Además, el día 30,
tendrá lugar una concentración a las diez de la mañana frente a la sede de
Metro, en el número 58 de la calle de Cavanilles.
El portavoz de
seguridad privada de este sindicato, Luis Bernal, ha afirmado, además, que la
Delegación del Gobierno no ha fijado por el momento ningún porcentaje de
servicios mínimos para ese tramo horario. Por lo que esperan que el seguimiento
sea del 100%. Aunque no es a este organismo a quien le corresponde fijar esos
servicios mínimos sino a la empresa adjudicataria. Este periódico ha tratado
hoy, sin éxito, de ponerse en contacto con Ombuds para conocer esta información. Los vigilantes de esta
empresa, explica Bernal, están diseminados por alrededor de unas 35 estaciones
de Metro; el equivalente, añade, al 40% de las estaciones comprendidas en
Madrid centro.
CC OO asegura que la adjudicataria ha argumentado que el ERE se debe a la
reducción de horas del servicio de seguridad que Metro de Madrid ha planteado
en el pliego de contratación. En junio, este sindicato ya señaló que el nuevo
pliego "podría traer una pérdida de 700 empleos".
Hasta ahora la empresa no ha sugerido
rebajas salariales sino que ha ofrecido un plan de recolocación según las vacantes
que haya en Madrid y también fuera de esta comunidad. "Pero son
insuficientes para el número de horas extraordinarias que hay", critica
Bernal. De media, un vigilante de seguridad de Metro trabaja unas 10 horas
diarias y cobra unos 1.000 euros brutos.
jueves, 26 de diciembre de 2013
La Complutense denunciará a Segur Ibérica por presunta estafa
La Universidad Complutense
denunciará a Segur Ibérica por presunta estafa
“Con
los datos que hemos analizado de los años 2005 y 2006 hemos llegado a una
cantidad de 80.000€ que no corresponden con los servicios prestados y lo vamos
a denunciar ante los tribunales”, afirma José Carrillo
Hace unos días Aspacom presentaba también ante los
juzgados de Madrid una nueva querella, esta vez directamente contra Segur
Ibérica
1
Fuente: zoomnews.es - JOAN CANTARERO – 22/12/2013
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José
Carrillo, ha informado a ZoomNews que el lunes los servicios
jurídicos de esta institución académica presentarán una querella contra la
empresa Segur Ibérica por presunta estafa tras revisar su documentación desde
2005.
“Vamos a presentar la correspondiente denuncia contra
la empresa de seguridad por aquellos hechos, tras haber contrastado los datos
con la documentación de la que disponíamos por nuestros propios medios”,
manifiesta el rector.
“Con los datos que hemos analizado de los años 2005 y
2006 hemos llegado a una cantidad de 80.000€ que no corresponden con los
servicios prestados y lo vamos a denunciar ante los tribunales”, afirma José
Carrillo.
ZoomNews publicaba el
pasado 15 de octubre que Aspacom(Asociación para la Defensa del
Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción) había presentado una querella
contra el jefe de seguridad de la Universidad Complutense ante los
juzgados de Madrid por colaborar en el presunto saqueo, llevado a cabo durante
los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica, de una suma superior a
400.000 euros mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o
realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del
Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer
las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado”.
Tal y como reconoce el rector de la Complutense los
servicios jurídicos de la institución han analizado sólo un periodo de
facturación, mientras que la agencia de detectives Gestaltia contratada por
Aspacom manejaba para su querella datos originales hasta 2007, habiendo
presentado tres informes conteniendo y argumentando el importe del presunto
fraude.
Según el rector “nosotros no tenemos datos suficientes
aquí para poder investigar si una persona ha cometido un fraude, un robo o
simplemente un error. Por eso ponemos los hechos en manos de la Justicia y que
ésta haga las investigaciones que estime oportunas y ya ampliaremos la denuncia
con los años sucesivos llegado el caso”.
Asimismo Carrillo añade que “nos cuesta un poquito
estudiar todos estos datos porque son bastante complicados y no disponemos de
la herramienta de que han dispuesto los otros denunciantes que elaboraron el
informe aportado. Con la información que nos facilitaron estos investigadores
hemos podido avanzar, pero sin duda la justicia tiene los mecanismos para
solicitar los documentos que tenemos y pueda necesitar, aunque reconozco que
hemos tardado un tiempo desde que nos informaron de los presuntos hechos
delictivos e insisto porque hemos tenido que comprobar con nuestros propios
recursos técnicos la veracidad de la información y después hemos tenido que
preparar la correspondiente denuncia”.
La máxima autoridad de la Universidad Complutense de
Madrid asegura que tiene sus sospechas de lo que ha podido pasar, pero “son
valoraciones mías y será la justicia la que determine que es lo que ha pasado.
La cantidad, sean 80.000 o 400.000 euros, no es objetivamente lo relevante, lo
importante es el hecho cualitativo y determinar las complicidades que se puedan
determinar”, afirma Carrillo.
Aspacom presenta
querella contra Segur Ibérica
Hace unos días Aspacom presentaba también ante los
juzgados de Madrid una nueva querella, esta vez directamente contra la empresa
Segur Ibérica, que se suma a la presentada en octubre contra Justino
Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense por los presuntos
delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso
de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial, que
tramita el Juzgado de instrucción 45, con el número de Diligencias Previas
5877/2013.
En esta ocasión Aspacom se querella por estafa contra Jose
Luis Novales Cadierno, que desde los años 2004 a 2011 ocupó el cargo de
consejero delegado de Segur Ibérica y que en la actualidad es el presidente del
consejo de administración de esta compañía de seguridad.
Con la querella anunciada por el rector de la
Universidad Complutense de Madrid ya serían tres las causas abiertas contra la
tercera empresa de seguridad del país.
Guardia Civil con dos sueldos mientras Vigilantes pierden el empleo
IULV-CA pide a De Llera que aclare si prevé
sustituir "por completo" la vigilancia privada en juzgados por
Guardia Civil
SEVILLA, 25 Dic.
(EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida, socio del
PSOE en el Gobierno andaluz, quiere conocer si la Consejería de Justicia e
Interior tiene previsto "sustituir completamente" los vigilantes de
seguridad privada en edificios judiciales por personal de la Guardia Civil en
segunda actividad.
Así lo solicita la diputada
de IULV-CA por Málaga María Dolores Quintana en una pregunta con ruego de
respuesta por escrito dirigida al titular de este departamento, Emilio de
Llera, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
La Consejería de Justicia e
Interior y el Ministerio del Interior renovaron el pasado mes de agosto el
convenio para que cerca de 900 agentes de la Guardia Civil presten servicios de
custodia y seguridad en sedes judiciales de toda Andalucía durante el año 2013,
a cuyo pago destinará la Junta 9,7 millones de euros.
En la iniciativa, a la que
ha tenido acceso Europa Press, Quintana pide al consejero de Justicia que
detalle "cuánto se va a reducir el número de horas en seguridad privada
para el próximo contrato de 2014" y aclare si "tiene previsto
sustituir completamente los vigilantes de seguridad privada por efectivos de la
Guardia Civil a medio o largo plazo".
DOS SUELDOS PARA
LOS AGENTES MIENTRAS LOS VIGILANTES "PIERDEN EL EMPLEO"
Según la parlamentaria de
IULV-CA, la sustitución "progresiva" de vigilantes privados por
agentes de la Guardia Civil en segunda actividad en las sedes judiciales está
provocando circunstancias como que "trabajadores hayan perdido su empleo
mientras dichos agentes cobran dos sueldos".
De acuerdo con el convenio
suscrito por Junta y Ministerio, que se viene renovando desde 2001, los agentes
de la Benemérita realizan tareas de control de acceso de personas y material a
sedes judiciales, supervisan los arcos metálicos y escáner y se encargan de
labores de identificación cuando es necesario. En algunas sedes llevan a cabo
estas labores en colaboración con empresas de seguridad privada.
Según los datos difundidos
el pasado mes de agosto por la Consejería de Justicia, los guardias civiles que
se encargan de este servicio atienden a una media mensual de cerca de 775.000
personas que acuden a los edificios judiciales de las ocho provincias
andaluzas.
RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE
JUSTICIA E INTERIOR
El coste
anual del servicio de vigilancia prestado por la Guardia Civil en los juzgados
asciende a 1,2 millones
Esta tarea es realizada por
119 agentes en toda la provincia, aparte de 38 trabajadores de empresas de
seguridad privada
MÁLAGA,
1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El
coste anual del servicio de vigilancia prestado por la Guardia Civil en los
edificios judiciales de la provincia de Málaga asciende a 1.244.500 euros. Una
tarea que realizan un total de 119 efectivos del instituto armado, aparte de 38
trabajadores pertenecientes a empresas de seguridad privada.
Así se
desprende de una respuesta de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta
de Andalucía a la parlamentaria autonómica de IU Dolores Quintana, a la que ha
tenido acceso Europa Press y en la que se especifica también que, para el
ejercicio 2014, el departamento dirigido por Emilio de Llera tiene previsto
continuar prestando los servicios de vigilancia de las sedes judiciales de la
provincia de Málaga a través de agentes de la Guardia Civil --mediante la correspondiente
adenda al convenio del año 2010-- y del contrato de seguridad privada.
En la
respuesta parlamentaria se recuerda que en 2001 se firmó el primer convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la entonces Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia de
protección y seguridad de los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma.
Desde
entonces, la vigilancia y seguridad de las sedes judiciales de Málaga, al igual
que en el resto de Andalucía, ha venido realizándose por guardias civiles en
situación de reserva, y, en aquellas poblaciones en las que no existían
efectivos suficientes, mediante contratos de seguridad privada.
Este
convenio fue objeto de sucesivas prórrogas mediante adendas anuales hasta el
año 2010, en el que, con fecha 1 de diciembre, se firmó un nuevo acuerdo que se
mantiene en la actualidad, según la respuesta del consejero de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía.
En el
convenio de 2001 se preveía para la vigilancia de las sedes judiciales de la
provincia de Málaga un número máximo de 132 efectivos de la Guardia Civil y en
el de 2010 la cifra se redujo a 127. No obstante, el total de agentes se ajusta
anualmente mediante la correspondiente adenda.
OCUPACIÓN
EN 2013
Respecto
a 2013, desde la Consejería han incidido en que, a fecha de septiembre, prestan
servicio en tareas de vigilancia de los juzgados de la provincia malagueña 119
efectivos de la Guardia Civil --un 93,7 por ciento de ocupación respecto del
total previsto en el convenio-- y 38 trabajadores de empresas de seguridad
privada.
Finalmente,
ante la pregunta de la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida de cuántos
contratos de seguridad privada estima la Consejería de Justicia e Interior que
se han dejado de realizar una vez que se desplazan guardias civiles para este
fin, el departamento que dirige De Llera ha señalado que "ninguno".
En este
sentido, ha explicado que "desde julio de 2010 existe un único contrato de
servicio de vigilancia para todas las sedes judiciales de la provincia de
Málaga, que en julio de 2012 fue objeto de una prórroga durante dos años
más".