CANARIASINVESTIGA.ORG - Lunes 06 de Febrero de 2012 Canarias Actualidad
Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos.
El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.
Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.
Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.
Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser- han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.
Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el... ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como "dietas", para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.
Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridadpara realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.
2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.
A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.
En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.
2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.
El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: "Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, 'en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'". El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.
(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).
Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.
2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.
2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacado.
Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canariapor diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.
El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.
Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1'2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.
Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.
Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más delEnsayo sobre la ceguera de José Saramago.