Justicia sigue sin arreglar el escáner de control de acceso a Benalúa, que lleva ocho meses estropeado
17 Febrero 2011 – Fuente: diarioinformacion.com - Alicante
S. LLINARES
Las medidas de seguridad del Palacio de Justicia de Alicante están bajo mínimos. Los equipos técnicos para la vigilancia y seguridad del edificio más antiguo de los juzgados de Benalúa se han estropeado o, sencillamente, nunca funcionaron.
El aparato de rayos X de acceso a las instalaciones judiciales (el también llamado escáner) utilizado por los agentes de seguridad para controlar y vigilar la entrada de armas, objetos punzantes o sustancias ilegales lleva ocho meses estropeado. En este tiempo, la Conselleria de Justicia no ha dado ninguna respuesta a las quejas de los propios agentes de seguridad, que remitieron un escrito al juez decano para pedir la reparación del aparato, y del que a su vez se dio traslado a la Dirección General de Justicia de la Conselleria, según ha podido saber este diario a través de fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa.
La ausencia de escáner está obligando a los agentes de la Guardia Civil que prestan el servicio de seguridad durante el día a revisar uno por uno los bolsos con los que se presentan diariamente cientos de personas en estas dependencias. Esta situación está provocando numerosas colas para acceder al edificio, especialmente en las horas previas a los juicios (entre las 10 y las 11 de la mañana), un problema que se une a incapacidad material de controlar los objetos que se pueden meter en las instalaciones.
Además del escáner, que no funciona por una pieza rota cuya reparación cuesta unos 600 euros, según las citadas fuentes, también existen problemas con el arco de seguridad, que no siempre pita cuando a través de él cruzan elementos metálicos.
Respecto a las cámaras, instaladas en la Fiscalía de Menores y en la entrada de acceso al edificio por la avenida de Aguilera, este diario ha tenido constancia no sólo de que no funcionan sino de que no lo han hecho nunca. Un primer proyecto concibió la instalación de tres cámaras en estas dependencias pero, aunque se instalaron, jamás llegaron a tener actividad.
La ausencia de cámaras en unas instalaciones como el Palacio de Justicia de Benalúa fue uno de los problemas que dificultó la investigación de los robos cometidos en los juzgados, hechos por los que se abrió una investigación después de que se perpetrara un robo en la caja fuerte del juzgado de Instrucción número 2 de Alicante y de la que desaparecieron varias joyas de valor. Los investigadores tuvieron que recurrir a cámaras ocultas para indagar sobre la identidad de los ladrones y así fue como se llegó a la imputación de tres agentes de la empresa de seguridad privada del edificio, quienes fueron detenidos el pasado enero y puestos en libertad con cargos. En la actualidad están suspendidos de sus funciones y la investigación en curso se centra ahora en un recuento de todas las piezas de convicción -nombre que reciben los elementos incautados como prueba- robados en todo el edificio.
Personal de vigilancia del edificio indicó ayer que se teme que los recortes afecten a la seguridad y que no haya dinero para reparar "lo poco" que hay en los juzgados.
Puntos sin control escapan a 60 cámaras
Las nuevas dependencias judiciales del edificio de Pardo Gimeno superan, con mucho, la seguridad de la antigua cárcel convertida en Palacio de Justicia, pero aún así no todos los mecanismos de vigilancia están activos. El nuevo edificio, que alberga, entre otras dependencias, los juzgados de lo Social y lo Mercantil, tiene 60 cámaras, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que sólo unas 20 están monitorizadas y son puntos visibles para los agentes encargados de la seguridad del edificio.
Las medidas de seguridad del Palacio de Justicia de Alicante están bajo mínimos. Los equipos técnicos para la vigilancia y seguridad del edificio más antiguo de los juzgados de Benalúa se han estropeado o, sencillamente, nunca funcionaron.
El aparato de rayos X de acceso a las instalaciones judiciales (el también llamado escáner) utilizado por los agentes de seguridad para controlar y vigilar la entrada de armas, objetos punzantes o sustancias ilegales lleva ocho meses estropeado. En este tiempo, la Conselleria de Justicia no ha dado ninguna respuesta a las quejas de los propios agentes de seguridad, que remitieron un escrito al juez decano para pedir la reparación del aparato, y del que a su vez se dio traslado a la Dirección General de Justicia de la Conselleria, según ha podido saber este diario a través de fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa.
La ausencia de escáner está obligando a los agentes de la Guardia Civil que prestan el servicio de seguridad durante el día a revisar uno por uno los bolsos con los que se presentan diariamente cientos de personas en estas dependencias. Esta situación está provocando numerosas colas para acceder al edificio, especialmente en las horas previas a los juicios (entre las 10 y las 11 de la mañana), un problema que se une a incapacidad material de controlar los objetos que se pueden meter en las instalaciones.
Además del escáner, que no funciona por una pieza rota cuya reparación cuesta unos 600 euros, según las citadas fuentes, también existen problemas con el arco de seguridad, que no siempre pita cuando a través de él cruzan elementos metálicos.
Respecto a las cámaras, instaladas en la Fiscalía de Menores y en la entrada de acceso al edificio por la avenida de Aguilera, este diario ha tenido constancia no sólo de que no funcionan sino de que no lo han hecho nunca. Un primer proyecto concibió la instalación de tres cámaras en estas dependencias pero, aunque se instalaron, jamás llegaron a tener actividad.
La ausencia de cámaras en unas instalaciones como el Palacio de Justicia de Benalúa fue uno de los problemas que dificultó la investigación de los robos cometidos en los juzgados, hechos por los que se abrió una investigación después de que se perpetrara un robo en la caja fuerte del juzgado de Instrucción número 2 de Alicante y de la que desaparecieron varias joyas de valor. Los investigadores tuvieron que recurrir a cámaras ocultas para indagar sobre la identidad de los ladrones y así fue como se llegó a la imputación de tres agentes de la empresa de seguridad privada del edificio, quienes fueron detenidos el pasado enero y puestos en libertad con cargos. En la actualidad están suspendidos de sus funciones y la investigación en curso se centra ahora en un recuento de todas las piezas de convicción -nombre que reciben los elementos incautados como prueba- robados en todo el edificio.
Personal de vigilancia del edificio indicó ayer que se teme que los recortes afecten a la seguridad y que no haya dinero para reparar "lo poco" que hay en los juzgados.
Puntos sin control escapan a 60 cámaras
Las nuevas dependencias judiciales del edificio de Pardo Gimeno superan, con mucho, la seguridad de la antigua cárcel convertida en Palacio de Justicia, pero aún así no todos los mecanismos de vigilancia están activos. El nuevo edificio, que alberga, entre otras dependencias, los juzgados de lo Social y lo Mercantil, tiene 60 cámaras, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que sólo unas 20 están monitorizadas y son puntos visibles para los agentes encargados de la seguridad del edificio.