Interior sustituirá
a un tercio de los guardias de la cárcel por ex escoltas
La AUGC prevé que la medida, aún por definir y a la
que se opone tajantemente, afecte a entre 15 y 20 agentes de Huelva · Propone
la recolocación del excedente en el Puerto, la Usecic y el Núcleo de Servicios
fUENTE: huelvainformación.es
- RAQUEL RENDÓN / HUELVA | ACTUALIZADO
27.04.2012 - 01:00
El Ministerio de Interior pretende privatizar el
servicio de vigilancia de los centros penitenciarios españoles. También el de
Huelva. En la actualidad, es la Benemérita la que asume estas competencias.
Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la intención del
Gobierno de Mariano Rajoy de implantar en parte el modelo americano -donde la
seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye
a empresas privadas- responde a la situación en la que han quedado unos 800 escoltas
del País Vasco, encargados de proteger a políticos y autoridades y que se han
quedado sin actividad tras el fin de la banda terrorista ETA. Así lo confirmó a
principios de este mes la propia Dirección General del Instituto Armado a la
AUGC.
El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de un tercio de los efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad exterior en la penitenciaría provincial de La Ribera, algo que trae de cabeza a la asociación profesional. El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, explicó ayer a este rotativo que los ex escoltas o las empresas de seguridad privada que concurran a la oferta por la prestación se encargarán "en principio del servicio de vigilancia exterior, controlando las garitas, la entrada a la cárcel y el circuito cerrado de cámaras de televisión".
Pese a que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias declinó ayer realizar cualquier manifestación al respecto, Huelva Información ha podido saber que la Dirección General de la Guardia Civil ha establecido que los agentes destinados en unidades propias de seguridad penitenciaria "permanezcan en las mismas, asignándoles tareas de control y coordinación de los vigilantes de seguridad y el traslado de presos". Precisamente esto es lo que ocurre en Huelva, con lo que el proyecto impactará con menor violencia en la plantilla de la Benemérita destacada en La Ribera.
Del Valle indicó que "ahora mismo somos unos 60 efectivos en Huelva, pero como mantendremos las tareas de conducción, algo en lo que aventajamos a los compañeros de otras cárceles, calculamos que sobrarían entre 15 y 20 guardias". Es decir, prácticamente la tercera parte del global.
La Dirección General del Instituto Armado ha fijado que los posibles excedentes de personal que pudieran producirse "se trasladen a los puestos principales y cabeceras de compañía más cercanas". Con ello se persigue que no se vean abocados a trasladarse de domicilio para seguir con el ejercicio de sus funciones, algo que preocupa y mucho a la AUGC de Huelva, "porque esta situación sí sería muy traumática para nuestros guardias", señaló Del Valle.
La asociación se reunió recientemente con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, trasladándole la "incertidumbre" en la que se hallan los efectivos de la cárcel. El representante estatal "nos dijo que se intentaría acoplar a los agentes que sobren en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión", como ya ocurriera con los efectivos del puesto de Torre del Loro, que se incorporarán a los de Lucena del Puerto y Torre La Higuera. Si no fuera posible, "se estudiaría individualmente cada caso", según la Dirección General de la Guardia Civil.
Huelva Información ha tenido acceso al informe de la AUGC onubense que ha formado parte del documento nacional que radiografía la coyuntura actual de las prisiones españolas, solicitado por Interior para aplicar la privatización con conocimiento de causa. En este estudio, los representantes profesionales de la unidad onubense consideran que "es difícil" que otras secciones de la Comandancia de Huelva absorban a los 60 guardias que conforman la plantilla penitenciaria y detallan que "al menos 15 ó 20 de ellos tendrían que realizar las conducciones y reforzar el Núcleo de Servicios". Serían los imprescindibles que se salvarían del desplazamiento.
La propuesta de la AUGC de Huelva pone el foco de la recolocación sobre otras dos unidades de la Benemérita: la del Puerto y la de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
La primera, indica el informe, "está bastante falta de personal pese a la nueva llegada de una ruta de pasajeros entre Canarias y Huelva; debería haber más guardias en el Puerto porque siempre hay una garita sin nadie". Este incremento de efectivos portuarios "serviría para dar más seguridad y tener una plantilla adecuada".
La AUGC ve en la Usecic de Huelva otra posible salida, puesto que "es de las más pequeñas de las unidades", con una limitación de agentes tal que "sólo tiene para hacer dos turnos por servicio". Tanto es así que para completar la Sección de Intervención Rápida "tienen que llamar a gente de otras unidades". El refuerzo con efectivos de la cárcel "serviría para aumentar la seguridad ciudadana".
La sugerencia de la delegación onubense de la AUGC establece, en caso extremo, la reubicación de medio centenar de agentes penitenciarios: 25 se incorporarían al Núcleo de Servicios, otros 15 (incluidos sargentos y cabos) se establecerían en la Usecic y una decena, en el Puerto de Huelva.
Fuentes de la Comandancia de la Benemérita en Huelva aseguraron ayer a este diario que de momento no han recibido los detalles del proyecto del Ejecutivo ni instrucción sobre su aplicación, con lo que todavía no pueden pronunciarse al respecto.
En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciaria. No obstante, la incorporación de los escoltas o las empresas de seguridad se producirá de forma paulatina. Lo mismo ocurrirá con los guardias, que tendrán que instruir a los recién llegados antes de su marcha.
Según la Dirección General de la Benemérita, el modelo a seguir será similar al de los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles".
José Manuel del Valle prevé que la "calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un guardia de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 euros".
La AUGC mantiene, pues, una postura de rechazo absoluto a las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo profesional dejó claro que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que tomará "las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".
El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de un tercio de los efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad exterior en la penitenciaría provincial de La Ribera, algo que trae de cabeza a la asociación profesional. El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, explicó ayer a este rotativo que los ex escoltas o las empresas de seguridad privada que concurran a la oferta por la prestación se encargarán "en principio del servicio de vigilancia exterior, controlando las garitas, la entrada a la cárcel y el circuito cerrado de cámaras de televisión".
Pese a que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias declinó ayer realizar cualquier manifestación al respecto, Huelva Información ha podido saber que la Dirección General de la Guardia Civil ha establecido que los agentes destinados en unidades propias de seguridad penitenciaria "permanezcan en las mismas, asignándoles tareas de control y coordinación de los vigilantes de seguridad y el traslado de presos". Precisamente esto es lo que ocurre en Huelva, con lo que el proyecto impactará con menor violencia en la plantilla de la Benemérita destacada en La Ribera.
Del Valle indicó que "ahora mismo somos unos 60 efectivos en Huelva, pero como mantendremos las tareas de conducción, algo en lo que aventajamos a los compañeros de otras cárceles, calculamos que sobrarían entre 15 y 20 guardias". Es decir, prácticamente la tercera parte del global.
La Dirección General del Instituto Armado ha fijado que los posibles excedentes de personal que pudieran producirse "se trasladen a los puestos principales y cabeceras de compañía más cercanas". Con ello se persigue que no se vean abocados a trasladarse de domicilio para seguir con el ejercicio de sus funciones, algo que preocupa y mucho a la AUGC de Huelva, "porque esta situación sí sería muy traumática para nuestros guardias", señaló Del Valle.
La asociación se reunió recientemente con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, trasladándole la "incertidumbre" en la que se hallan los efectivos de la cárcel. El representante estatal "nos dijo que se intentaría acoplar a los agentes que sobren en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión", como ya ocurriera con los efectivos del puesto de Torre del Loro, que se incorporarán a los de Lucena del Puerto y Torre La Higuera. Si no fuera posible, "se estudiaría individualmente cada caso", según la Dirección General de la Guardia Civil.
Huelva Información ha tenido acceso al informe de la AUGC onubense que ha formado parte del documento nacional que radiografía la coyuntura actual de las prisiones españolas, solicitado por Interior para aplicar la privatización con conocimiento de causa. En este estudio, los representantes profesionales de la unidad onubense consideran que "es difícil" que otras secciones de la Comandancia de Huelva absorban a los 60 guardias que conforman la plantilla penitenciaria y detallan que "al menos 15 ó 20 de ellos tendrían que realizar las conducciones y reforzar el Núcleo de Servicios". Serían los imprescindibles que se salvarían del desplazamiento.
La propuesta de la AUGC de Huelva pone el foco de la recolocación sobre otras dos unidades de la Benemérita: la del Puerto y la de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
La primera, indica el informe, "está bastante falta de personal pese a la nueva llegada de una ruta de pasajeros entre Canarias y Huelva; debería haber más guardias en el Puerto porque siempre hay una garita sin nadie". Este incremento de efectivos portuarios "serviría para dar más seguridad y tener una plantilla adecuada".
La AUGC ve en la Usecic de Huelva otra posible salida, puesto que "es de las más pequeñas de las unidades", con una limitación de agentes tal que "sólo tiene para hacer dos turnos por servicio". Tanto es así que para completar la Sección de Intervención Rápida "tienen que llamar a gente de otras unidades". El refuerzo con efectivos de la cárcel "serviría para aumentar la seguridad ciudadana".
La sugerencia de la delegación onubense de la AUGC establece, en caso extremo, la reubicación de medio centenar de agentes penitenciarios: 25 se incorporarían al Núcleo de Servicios, otros 15 (incluidos sargentos y cabos) se establecerían en la Usecic y una decena, en el Puerto de Huelva.
Fuentes de la Comandancia de la Benemérita en Huelva aseguraron ayer a este diario que de momento no han recibido los detalles del proyecto del Ejecutivo ni instrucción sobre su aplicación, con lo que todavía no pueden pronunciarse al respecto.
En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciaria. No obstante, la incorporación de los escoltas o las empresas de seguridad se producirá de forma paulatina. Lo mismo ocurrirá con los guardias, que tendrán que instruir a los recién llegados antes de su marcha.
Según la Dirección General de la Benemérita, el modelo a seguir será similar al de los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles".
José Manuel del Valle prevé que la "calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un guardia de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 euros".
La AUGC mantiene, pues, una postura de rechazo absoluto a las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo profesional dejó claro que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que tomará "las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".