Gobierno "retiene" pago a empresa
de seguridad hasta justificar el abono regular de sueldos a sus trabajadores
La Junta de Gobierno deja
sobre la mesa el abono de la factura de marzo
Según han informado fuentes municipales, el Ejecutivo requerirá
"formalmente" a los responsables de la empresa que demuestren que
ésta se encuentra al "corriente" de las nóminas, horas extras y
cuotas a la Seguridad
Social de los últimos seis meses.
La medida se ha producido después de que el Ayuntamiento haya tenido constancia
--y tras "comprobar fehacientemente"-- que se han producido
"reiterados retrasos" por parte de la empresa contratista en el abono
de las nóminas y horas extras a sus trabajadores, algo que, en caso de impago,
podría convertir al Consistorio leganense en "responsable solidario en
cuanto al pago de esos emolumentos".
Fuentes del Ejecutivo local han anunciado, además, que solicitarán a los
representantes sindicales de la empresa una reunión para aclarar algunos
aspectos, ya que, según las mismas fuentes, los trabajadores habrían recibido
"falsas explicaciones de los impagos" en las que se responsabilizaría
al Ayuntamiento leganense.
"El Consistorio puede acreditar que está al corriente de pago de todas las
facturas que le ha presentado la empresa hasta la fecha", han señalado las
mismas fuentes.
De hecho, la Junta
de Gobierno ha declarado al respecto que el Consistorio "quiere dejar
claro que, bien directamente, o bien a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO), ha abonado en el plazo legal y regularmente todas las facturas que dicha
empresa le ha presentado, por lo que puede acreditar --ha agregado-- que hasta
la fecha se halla al corriente de pago con 'Esabe', dentro de los plazos
legales".
Entretanto, fuentes de CC.OO. en el Ayuntamiento han confirmado a Europa Press
que desde el sindicato se tiene constancia de las presuntas anomalías en el
abono de los emolumentos a los trabajadores de 'Esabe', sobre todo en cuestión
de horas extraordinarias, situación que han atribuido a la falta de
"liquidez" general de las empresas adjudicatarias de servicios
municipales debido a la crisis económica.