Pistoleros del monte: Interior y Agricultura
facilitan la vigilancia privada en el campo
Fuente: Cuartopoder ,LUIS DÍEZ | 6 -9-2012
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El
Gobierno ha dado el primer paso para extender la seguridad privada y armada a
los montes y el medio natural. Setenta y ocho horas antes de que el ministro de
Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, exponga este jueves, 6 de septiembre, ante la comisión
correspondiente del Congreso el balance de los daños provocados por los mayores
incendios forestales de la última década, el Ministerio del Interior ha
promulgado los nuevos requisitos formativos y de uniformidad de los “vigilantes
privados del campo”, un primer paso para afincar el modelo de
seguridad armada de pago en el medio natural.
La nueva disposición de Interior apareció en el BOE del 3 de
septiembre y regula la
formación y las pruebas que deberán superar los aspirantes a convertirse en “Guardas
Particulares del Campo” o vigilantes privados de seguridad, con
exámenes físicos por tramos de edad, conocimientos teóricos de los delitos
contra el medio natural, primeros auxilios, métodos de autodefensa,
procedimientos de detención y prácticas de tiro y manejo de armas, sin
especificar, lo que incluiría el uso de rifles.
La orden del departamento del
ministro Jorge
Fernández Díaz ha
sido acordada con su colega de Agricultura, Arias Cañete, y cuenta con el visto
bueno del titular de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. En ella se
desarrolla una regulación que dejó pendiente el Gobierno de José María Aznar en 1999. Entonces, la amenaza de ETA
obligó al Ejecutivo a apelar a las empresas de seguridad privada para proteger
a cientos de cargos públicos del PP, amenazados en el País Vasco y que
rechazaban la escolta de la Ertzaintza o Policía Autonómica Vasca.
Ahora las circunstancias han cambiado, y los incendios que
han arrasado más de 150.000 hectáreas de bosques y fincas a lo largo de julio y
agosto en todas las Comunidades Autónomas, comenzando por la Valenciana –la
primera que derogó la prohibición
de construir en terrenos afectados por incendios–, aparecen como una gran
oportunidad y un argumento de peso para que los propietarios de fincas, montes
y cotos de caza y pesca implanten vigilancia de pago, coordinada con los
cuarteles de la Guardia Civil y los agentes del Servicio de Protección del
Medio Natural (SEPRONA).
El nuevo ámbito de actividad ampliará las salidas
profesionales hacia el sector privado de la seguridad de los miles de soldados
y marineros profesionales que terminan sus contratos y han de abandonar las
Fuerzas Armadas. La Guardia Civil les reserva hasta el 75% de las nuevas plazas
que convoca cada año y el Cuerpo Nacional de Policía, más del 50%. Con la privatización
de la seguridad en el campo aumentarán sus posibilidades de convertirse en
guardas armados de montes, fincas, ríos, costas y cotos, patrullando a pie, a
caballo, en motos todo terreno, coches, lanchas y helicópteros.
El impulso a la seguridad privada en el medio natural
contrasta con los grandes recortes de personal y material de
prevención de incendios antes y durante este verano. A pesar del aviso de los
técnicos sobre la sequía y el alto riesgo de incendios, es sabido que la
presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, marcó la
pauta y se anticipó a los acontecimientos con una quita de 105,5 millones de
euros, el despido inicial de 250 trabajadores y la supresión de retenes, medios
aéreos, cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria,
vehículos y otros medios técnicos. Y que en pleno mes de agosto, perseveró con
dos expedientes de regulación de empleo que enviaron al paro a 755 trabajadores
de la empresa pública autonómica Geacam, encargada de la prevención y lucha
contra los incendios.
Los sindicatos y las fuerzas políticas de la oposición han
denunciado los recortes, la imprevisión y falta de coordinación ante los
grandes fuegos que han quintuplicado los de 2011, con más hectáreas de bosque
quemado que en los últimos diez años juntos, y, sobre todo, con la pérdida de
doce vidas humanas. Sin embargo, no se puede decir que la política de ajuste
presupuestario en todos los ámbitos relacionados con los servicios sociales
esenciales y bienes públicos sea incoherente con el neoliberalismo
privatizador que impregna las decisiones del PP en el Gobierno central y en la
mayoría de los ayuntamientos y autonomías. En la lectura del desastre, los que
se empeñan en reducir nuestra vida a cifras, ya han encontrado una
nueva fuente de beneficio privado.