OVIEDO
Un palacio sin control
La huelga de los vigilantes
deja las sedes judiciales sin control y evidencia la falta de seguridad
Fuente: elcomercio.es - 21.10.12 - 02:40 -
Diez de la mañana del
martes. Arranca una vista oral en la segunda planta del Palacio de Justicia de
Llamaquique. Imputados por el robo de la joyería Casaprima, víctimas y testigos
comparten pasillo y se cruzan las miradas. Algunos fruncen el ceño. Hay
tensión. El juicio se suspende y la sesión acaba con amenazas por parte de los
acusados a los medios de comunicación. No pasa de un calentón por
fotografiarles y algún tembleque de un testigo por la cercanía. Todos han
accedido a pie por la entrada principal. En la puerta hay un cartel que reza lo
siguiente: «Para acceder al edificio de los juzgados, es necesario pasar por el
arco de seguridad, a excepción de los funcionarios y profesionales de Justicia
que acrediten su condición de tales, a requerimiento de los vigilantes». Pero
desde hace unos días, finales de septiembre, nadie controla los accesos. Ni
garantiza la seguridad en ningún rincón del edificio. Los vigilantes, que
acumulan más de seis meses sin cobrar por parte de la empresa, continúan en
huelga indefinida.
No ha ocurrido ningún
incidente de gravedad. Jueces, fiscales y demás funcionarios lo achacan a la
suerte. El inventario de un día normal lo atestigua: «Requisamos entre diez y
quince navajas al día, otras tantas tijeras y objetos punzantes. Siempre se
protestó porque somos pocos pero ahora no hay nadie que controle y no están
vigiladas ni las cámaras exteriores», explica Borja Otero que, tras once años
en el control de accesos, se concentra ahora cada mañana, con sus compañeros,
frente a la puerta del palacio reclamando justicia.
Centenares de personas pasan a lo largo del día por los órganos judiciales de la
ciudad. Unos para trabajar, como jueces, fiscales, abogados y funcionarios;
otros para resolver su futuro. A los procedimientos penales, con imputados y
condenados o víctimas, se han sumado con la crisis, por ejemplo, familias
desalojadas, embargos o despedidos. «La gente está al límite», comenta Elena
Casas, de UGT. «En los juzgados hay muchas emociones encontradas y pueden ser
un polvorín por nada. Ahora mismo se puede entrar con un arma o una navaja. Si
no ha ocurrido nada es cuestión de suerte», añade la abogada Sofía González
Lasheras.
Con el inicio de la huelga,
desde las once de la noche del domingo 23 de septiembre, varias sedes quedan
desprotegidas. El Principado, de forma temporal, desplaza a parte de la
plantilla de la Policía adscrita al Principado de otros edificios públicos a
estos puntos, aunque los funcionarios se quejan de que «son poco visibles».
Mientras, resuelve la contratación con otra empresa, que deberá subrogar a los
empleados actuales, para restablecer el servicio.
Ahora mismo no hay guardia
de seguridad en los juzgados de Llamaquique, ni en la Audiencia. Tampoco en el
antiguo edificio que acoge lo Social y Contencioso-Administrativo, ni en la
Fiscalía de Menores, el Centro de Menores del Parque de Invierno o el Instituto
de Medicina Forense, con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La gente entra
y sale a sus anchas sin dar cuenta de lo que lleva en el bolso. Y muchos se
pierden por los pasillos. En más de una ocasión algún despistado ha llamado al
despacho de un juez preguntando por otra dependencia. Solo continúa cubierto el
Tribunal Superior de Justicia, custodiado por los agentes de la Guardia Civil.
«Es una situación que no
puede prolongarse más en el tiempo. Necesita una solución urgente», valora el
fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, que comprende «sin
duda a los vigilantes privados, algunos de ellos con varios meses sin cobrar».
Esta semana, el jueves,
«sin ir más lejos, estaba señalado en uno de los juzgados penales de Oviedo un
juicio considerado como conflictivo y se tuvo que solicitar la ayuda del Cuerpo
Nacional de Policía, por si se generaba algún problema», expone. Un ejemplo más
de que «son edificios donde se tratan temas muy sensibles, donde víctimas y
acusados se encuentran en ocasiones en los pasillos, hay muchos expedientes y
gente trabajando todo el día; es necesario que alguien vele por que todo esté
como tiene que estar y que controle los accesos». Por fortuna, no ha pasado
nada gordo. Pero, «no porque no haya sucedido nada, hay que relajarse», insiste
el fiscal superior.
Su opinión es generalizada.
«No está cubierta la seguridad, ni con la privada ni con la Policía autonómica.
No hay nada», advierte Michel López, representante de los trabajadores por
Comisiones Obreras de la empresa Esabe, que según explica, dejó de pagarles
tras no pasar las facturas al Principado. Su futuro se resolverá en cuanto se
adjudique el contrato. Pueden pasar aún unas semanas hasta que se restablezca
la normalidad en la vigilancia.
Tres turnos
En un día habitual, Otero
es uno de los vigilantes encargados de velar por la seguridad las 24 horas al
día. Se reparten en tres turnos: tres guardias por la mañana -cuando se
registra la mayor actividad y está abierto al público-, dos por la tarde y uno
por la noche. «Antes éramos cuatro por la mañana y siempre hemos dicho que
somos muy pocos. Si hay una intervención cuando estamos tres, solo puede subir
uno a la sala. El resto tiene que quedar controlando los dos accesos sin
moverse», explica. También miran las cámaras exteriores. En el interior solo
las hay en las salas de vistas para grabar juicios, pero ninguna en los
pasillos ni en los recovecos.
Solo los presos acuden
custodiados por la Policía Nacional o la Guardia Civil. De lo demás se
encargan, como primera intervención, los trabajadores de la privada: «Si tienes
que sacar a una persona del edificio tú solo, puede decir que lo has tocado o
cualquier cosa y no tienes testigos. O como hace años, cuando hubo una pelea
entre gitanos en una sala de espera con lanzamiento de sillas y papeleras.
Menos mal que vino la Policía rápido, porque si tienes que enfrentarte tú
solo...».
Desde las nueve de la mañana,
la entrada es continúa. Aunque estos días, sin control, «a las nueve menos
cuatro ya nos encontramos gente por aquí», comenta Juan Antonio Quesada,
auxiliar judicial, en el pasillo de la sala de vistas de los juzgados. Y
habitualmente, tras haber pasado un control con escáneres y el arco de
seguridad. «Ahí detectas cualquier tipo de objeto punzante o arma blanca»,
añade Otero. Ahora, nada.
Los días 1 y 15 de cada mes
son los de mayor conflictividad. Los condenados acuden a firmar la libertad
condicional. «Muchos vienen con abrecartas», constatan los trabajadores de la
puerta. Hay otros puntos 'calientes', como la Audiencia Provincial, los Juzgado
de Familia, Violencia sobre la Mujer, Orientación Jurídica, la Fiscalía de
Menores o el Juzgado de Guardia.
Rubén González, de CSIF, no
entiende cómo «jueces o fiscales permiten que la Dirección General de Justicia
continúe con esta situación». Se basa en su experiencia en los juzgados: «He
visto de todo. Gente normal volviéndose loca por separaciones o gente acusada
de homicidio, que puede hacer cualquier cosa. Si alguien la quiere armar, la
arma».
Como propuesta para evitar
verse de nuevo sin vigilancia, anima a encontrar alguna fórmula para que la
plantilla de seguridad privada forme parte de la Administración como personal
laboral. «Esa sería la opción más barata y la otra, que se encargara la Policía
y la Guardia Civil».
Pero Quesada, el auxiliar
judicial, lamenta que «hasta que no pase algo nadie va a tomar medidas» y
explica el temor de algunos de sus compañeros funcionarios, como los del
Juzgado de Guardia, cuando van por la tarde a un edificio tan grande y
laberíntico sin seguridad. «Hay chicas que tiemblan de miedo», cuenta.
Porque, además de los
afectados por los delitos, entre los principales perjudicados están los
funcionarios. Desde el Colegio de Abogados no han recibido ninguna queja por
esta falta de control, según explican tanto el decano como el secretario,
Enrique Valdés e Ignacio Cuesta, respectivamente. «Los abogados no sienten
mucha inseguridad, quizá se puedan sentir más inquietos los funcionarios»,
confirma el primero.
Robo a magistrados
Pero «el problema ya no es
solo una agresión, sino que el libre acceso puede conllevar al robo de
expedientes importantes. El único límite puede ser una puerta cerrada con
llave. O se que pierda todo este papeleleo por un incendio o una inundación de
un baño al dejar un grifo abierto, pone como ejemplo Otero. «Hay mucha
documentación de relevancia», añade Quesada.
Incluso se han registrado
robos menores, de tipo económico, en el Contencioso: «Antes del verano, con
seguridad y todo, entraron y robaron las carteras de los magistrados y salieron
por la ventana», recuerdan dos funcionarios, aunque destacan que en la sede de
estos juzgados «suelen ser todos bastante tranquilos».
Todos coinciden en resolver
rápido la situación de los vigilantes para que vuelvan a sus puestos de
trabajo. Así, todo volverá a la normalidad y habrá más seguridad para que, por
citar una de las muchas vistas previstas, se celebre el juicio por el robo de
la joyería Casaprima.