La
seguridad privada se instala en la cárcel como "apoyo" a la
Benemérita
Cuatro vigilantes trabajan
desde ayer en el control del perímetro exterior y los monitores, labor que ya
desempeñan guardias civiles
Fuente:
huelvainformacion.es - RAQUEL
RENDÓN HUELVA | 07.05.2013 -
El Centro Penitenciario de Huelva cuenta
desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo
(UTE) de empresas de seguridad privada "que prestan servicio en el País
Vasco" -según indicaron ayer a este diario desde el Ministerio del
Interior-, adjudicataria de la oferta de contratación del Gobierno central para
colocar (de momento) a 250 efectivos propios en 21 penales del territorio
nacional. Los cuatro trabajadores que arribaron ayer a la cárcel onubense se
dividirán en dos turnos de doce horas cada uno y realizarán "funciones
secundarias", afirma el Ejecutivo.
Esencialmente, mientras que uno de ellos
vigilará el perímetro exterior de la penitenciaría, el otro estará destinado en
el área de monitores, desde donde se controla el circuito cerrado de televisión
de La Ribera. Estas tareas vienen siendo desempeñadas desde la apertura del
centro por agentes de la Benemérita. Interior se justifica diciendo que sólo
ejercerán como "auxiliares" que apoyarán a los guardias en sus tareas
diarias. Sindicatos y asociaciones profesionales no opinan lo mismo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC) tiene claro que el objetivo del Ministerio del Interior es, "desde
un principio, ir reduciendo las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado", sustituyéndolas paulatinamente "por seguridad
privada". En este punto subraya que, como ya indicara el propio secretario
general de Instituciones Penitenciarias, "el proyecto se va a aplicar de
forma experimental durante un periodo de nueve meses y a su finalización se
evaluará para determinar si se aplica o no de forma definitiva", para
proseguir manifestando que "durante el periodo experimental o de prueba no
se disminuirá en ninguno de los centros afectados el número de efectivos"
públicos.
Para la AUGC, estas palabras esconden un
mensaje claro: no habrá recolocaciones de guardias civiles en las cárceles
hasta el 6 de marzo de 2014, pero a partir de entonces "cabe entender que
sí se producirá". El colectivo augura "reducciones muy drásticas
desde un punto de vista cuantitativo", teniendo en cuenta que en los
penales españoles las misiones encomendadas a los guardas privados (vigilancia
exterior y perimetral, control de cámaras y accesos) "suponen el 75% de
las funciones que vienen desempeñando actualmente las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado".
Como ya adelantó Huelva Información hace algo
más de un año, la AUGC calcula que en la prisión de Huelva se podrían ver
afectados directamente por las sustituciones entre 15 y 20 agentes del
Instituto Armado. Ya entonces, adelantándose a la jugada, proponía que la
recolocación de este excedente se materializara en el Puerto de Huelva, la
Usecic y el Núcleo de Servicios. Miembros de la delegación onubense de la AUGC
se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera,
para mostrarle su preocupación por la incorporación de la vigilancia privada a
la cárcel, a lo que el dirigente respondió que "se intentaría acoplar a
los agentes en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión".
La Agrupación de los Cuerpos de
Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se posiciona en la misma
línea, aclarando que "vienen para sustituir a los agentes", pero va
más un poco más allá. Su delegado en Huelva, Genaro González, remarcó ayer a
este rotativo que la incorporación de los cuatro vigilantes supondrá "un
gasto importante" para la Administración central, en lugar de constituir
"un ahorro que sería más lógico en estos tiempos de crisis".
El sindicato de prisiones ya alertó de que
los efectivos privados "no tienen competencias para ejercer como
autoridad". Por ende, si se produjera un altercado entre los familiares
que visitan a los internos o se diera la circunstancia de que se registrara
alguna fuga, "estas personas no podrían retener a nadie, del mismo modo
que si robas en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede
cachearte, porque esa tarea la tienen que realizar los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado".
La AUGC recordó por otro lado que, pese a que
el Ejecutivo justifica la medida en la recolocación del personal de vigilancia
privada que prestaba servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, "la
propia Asociación de Escoltas privados está llevando a cabo diversas
movilizaciones precisamente porque no es a ellos a quienes se están adjudicando
estas funciones".
Interior aclara que los vigilantes no
llevarán armas y que en ningún caso tendrán contacto con los internos. Tampoco
accederán al interior de la prisión ni ayudarán ni participarán en las
conducciones de reclusos.