Seguridad Integral Canaria
vigilará tres zonas de la red del subterráneo.
Su propietario es Miguel Ángel Ramírez, que
ha pedido al Gobierno un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito
urbanístico.
La condena no le impide
contratar con la administración pública.
Fuente:
20minutos.es ÁNGEL CALLEJA 19.07.2013@angelcalleja
En una
empresa privada, tener como socio a un señalado por la Justicia puede
perjudicar gravemente la imagen corporativa. Si la empresa no es privada sino
pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño puede ser
aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal.
Esto es
lo que denuncia la sección de CC OO en el Metro de Madrid después de que la
compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de
las zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo.
Ombuds,
Segurisa y Segur Ibérica son las adjudicatarias del resto de las zonas.
Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido
empresario de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por
construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la isla de Gran
Canaria.
Ramírez
cumple todos los clichés de empresario hecho a sí mismo. De repartir fruta en
los barrios de Las Palmas pasó a dirigir un conglomerado de empresas de servicios
—el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al
año.
También
preside la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la Segunda División del
fútbol español y en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos
los niveles.
Más del
70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para
quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias,
limpieza de edificios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera.
Ello incluye ministerios, servicios del Banco de España e incluso el Ejército.
En
2010, sin ir más lejos, Ramírez fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por la prestación de servicios meritorios a la Defensa
Nacional. En la ceremonia estuvo presente el líder del PP canario y hoy
ministro de Industria José Manuel Soria.
Conflictividad laboral
A pesar
de su condena, Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé.
Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la
suspensión de la ejecución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia
la petición.
Esta
situación no le impide seguir contratando con la Administración Pública.
"La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por
ese motivo", subraya un portavoz de Metro.
Tampoco
tiene deudas con la Seguridad Social, lo que habría supuesto su expulsión
automática. Seguridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos,
trabajadores y competidores.
"Llegaron
a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios", asegura a
20 minutos el responsable de una empresa del sector.
"Tenemos problemas para cobrar las horas
extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no
cotizan a la Seguridad Social", añade un empleado.
Además,
están los pleitos laborales. Las autoridades han impedido a Seguridad Integral
descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos
ocasiones en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de
empresa.
El
sindicato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún
están pendientes de resolución por el cobro de pluses y problemas con la
formación de los empleados.
En una
ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del
Comité de Seguridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones,
por lo que fue sancionada.
"Metro
debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa
de conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reformalaboral", alerta Óscar Verduras (CC
OO).
Verduras recuerda que, si bien el nuevo contrato de seguridad para
toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también reduce en 929.500
las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina losvigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual
no da garantías de permanencia a los trabajadores.
20minutos
se ha puesto en contacto con Ralons para intentar obtener la versión de su
presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener respuesta.