Fuente: mallorcaconfidencial.com — OCTUBRE 2, 2013
El 12 de Septiembre CCOO registró un escrito ante la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares en el que seis Vigilantes de Seguridad de Es Pinaret denunciaban una situación, dentro del Centro de Menores, “absolutamente demencial y escalofriante; situación que, de ser cierta, tendría evidentes implicaciones penales”.
Según lo relatado por estos vigilantes, un grupúsculo de Vigilantes de Seguridad pertenecientes a la empresa P.P., S.A., autodenominado “la camada”, de supuesta ideología neonazi –de la cual no tienen reparo alguno en hacer apología-, presuntamente habrían instaurado dentro de Es Pinaret un auténtico régimen de terror que incluiría agresiones a los menores, amenazas al personal educativo y vejaciones y coacciones al resto de compañeros vigilantes que han llegado al extremo de que dos de ellos sientan autentico temor a acudir a su puesto de trabajo y se hayan tenido que dar de baja psicológica por depresión.
Pero lo realmente grave de la situación descrita por CCOO, es que la empresa P.P., S.A. tendría conocimiento de todo a través de las quejas tanto de la Dirección del Centro –que habría solicitado en reiteradas ocasiones la retirada de estos vigilantes del servicio- como de los propios vigilantes afectados y lo estaría consintiendo.
CC.OO.,
nada más tener conocimiento de lo que estaba sucediendo y en prevención de que
pudiera producirse alguna desgracia, puso inmediatamente el asunto en
conocimiento de la Delegación de Gobierno para que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, con carácter de urgencia, abran una investigación y
depuren las responsabilidades pertinentes.
EL GOVERN CONFIRMA LAS QUEJAS DE QUE SON DE IDEOLOGÍA NEONAZI
La directora general de Familia y Menores, Apolonia Socías, ha revelado que estos cuatro vigilantes, que, según las quejas recibidas por parte de los internos y de otros vigilantes, son de ideología neonazi, trabajan para la empresa Protección de Patrimonios S.A., encargada de la seguridad en el Centro Socioeducativo, ubicado en la localidad mallorquina de Marratxí.
Concretamente, ha desvelado que un menor interno en este Centro, que pertenece a la Fundación S’Estel de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales, denunció, a principios de febrero, haber recibido una patada por parte de estos vigilantes, mientras que otro menor denunció que también recibió una agresión violenta durante una contención.
Estas denuncias, según ha indicado Socías, provocó que el Govern solicitara la suspensión cautelar de estos trabajadores, de manera que la citada empresa sancionó a los cuatro vigilantes con un mes sin empleo y sueldo por una falta moderada grave, si bien, posteriormente, fueron readmitidos, a pesar de que el Govern exigió a Protección de Patrimonios S.A. que no volvieran al Centro de Menores, donde están internados 52 jóvenes, de entre 16 y 21 años, que han sido condenados por la Justicia.
Estas sanciones tuvieron lugar después de que el Govern les prohibiera la entrada al Centro durante dos meses, al considerar que “se había llegado a un límite” tras protagonizar numerosos incidentes.
Socías ha indicado que estos cuatro vigilantes fueron subrogados por esta empresa, cuando finalizó el anterior contrato de seguridad con la empresa Trablisa el 23 de julio de 2012, de manera que ha desvelado que algunos de ellos llevan trabajando en el Centro Socioeducativo de Es Pinaret “desde hace ocho años”.
Por otro lado, ha apuntado que uno de los cuatro vigilantes fue sancionado con tres meses de suspensión de empleo, de forma que regresó al centro hace un mes, aunque, en estos momentos, se encuentra de baja.
La directora general de Familia y Menores ha revelado que ante la negativa de la citada empresa de expulsar a los cuatro vigilantes denunciados, la Abogacía de la Comunidad Autónoma está buscando fórmulas jurídicas para rescindir el contrato de vigilancia del Centro de Menores, que cuenta en cada uno de los tres turnos con cuatro vigilantes más otro en el puesto de control.
Concretamente, ha detallado que la empresa alega que no puede apartarles de su puesto de trabajo, debido a que se requieren unos trámites jurídicos administrativos.
Además,
ha indicado que el Govern se está planteando incluso la posibilidad de resolver
el contrato y asumir de manera directa las labores de vigilancia en caso de que
“no se resuelvan los problemas”.
“NO ACTÚAN CUANDO SE PRODUCEN PELEAS”
En este sentido, ha subrayado que los propios trabajadores del Centro han denunciado algunos incidentes con estos vigilantes, dado que, según han señalado, “se niegan a abrir la puerta y no actúan cuando se producen tumultos y peleas entre los internos”. Además, ha añadido que llegan a ausentarse de su puesto de trabajo sin previo aviso dejando sin vigilancia a los menores.
No obstante, Socías ha apuntado que desde que volvieron a sus puestos, no se han denunciado más incidentes, si bien el Govern continúa buscando la manera de rescindir el contrato, dado que, a su juicio, la empresa que gestiona la seguridad “no está obrando de la mejor manera”.
“Hace
dos semanas me reuní con la empresa para pedirle que, al tratarse de una labor
tan especial la vigilancia de menoresa, se apartara a los vigilantes y se les
destinara a otro servicio, pero la empresa asegura que no lo puede hacer, dado
que el pliego de condiciones no contempla esta posibilidad”, ha manifestado, al
tiempo que ha considerado que “no se puede tolerar” que haya personas con
ideología neonazi vigilando un Centro Socioeducativo en el que están internos
varios menores inmigrantes.