EMPLEO
Eduardo Cobas (Aproser): “Todo el trabajo conjunto
entre policías y vigilantes siempre ha sido satisfactorio”
Fuente: lainformacion.com - Roberto R. Ballesteros / Seguridad y Tribunales
- 24/12/13
“La
nueva ley no supone en absoluto la privatización de la seguridad”
“Los vigilantes españoles son los más formados de toda
Europa”
“Con la normativa actual, cualquier
ciudadano puede detener a alguien que comete un delito flagrante”
La nueva ley de seguridad
privada ha generado polémica durante las últimas semanas debido principalmente
al nuevo papel que adquieren los vigilantes en el modelo de seguridad que
subyace de la normativa. Las empresas, por lo tanto, se convierten en pieza clave
en el panorama que se empieza a dibujar. El secretario general de la patronal
del sector, Aproser, Eduardo Cobas, cree que se han entendido mal algunos
aspectos de la futura regulación.
¿Ve razonable que los
vigilantes de seguridad puedan detener a gente en determinadas vías públicas?
La nueva ley de seguridad
privada prevé la facultad de detención a delincuentes por parte de vigilantes
de seguridad privada solo en dos supuestos. Uno, en aquellos casos en que el
hecho guarde “relación con el objeto de su protección o de su actuación y su
inmediata puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado”. Por ejemplo, cuando un vigilante está trabajando en una zona comercial
y alguien le roba el bolso a una señora. Parece lógico que lo pueda detener y
entregar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si no, su trabajo no
tendría sentido. Y dos, la ley no hace sino reproducir la facultad que los
vigilantes ya disponían en la normativa actual en relación con las distintas
funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública. Cualquier
ciudadano, bajo el amparo de la normativa vigente, dispone de la facultad de
detención ante alguien que está cometiendo un delito flagrante.
Algunos sectores se
quejan de que la formación de los vigilantes no es tan completa como la de los
Policías y de que no se puede equiparar su función.
Desde una perspectiva
legal, los vigilantes de seguridad privada españoles son los más formados de
toda Europa. Tanto por el contenido de la formación previa que
reciben como por el examen que les hace la Policía y que tienen que superar antes de obtener la
habilitación profesional, además de la formación permanente durante toda su
vida profesional. Las empresas asociadas a Aproser, en concreto, apuestan
decididamente por la formación de sus empleados como garantía de la prestación
de un servicio de calidad.
El Sindicato Unificado de Policía augura
conflictos entre vigilantes y policías a raíz de esta ley.
No estamos de acuerdo, en
absoluto. La nueva ley profundiza en un modelo que lleva funcionando más de 20
años, y que se basa en la complementariedad y subordinación de la seguridad
privada a la pública. Todos los ejemplos, que son muy numerosos, de trabajo
conjunto entre ambas tienen resultados muy satisfactorios. La nueva ley no hace
otra cosa que ahondar en este mismo sentido.
¿Pero algunas empresas de
seguridad se encuentran en el límite de la legalidad al poner, por ejemplo,
como vigilantes a personas no preparadas?
Uno de los principales
avances de la ley es la lucha decidida contra todo tipo de intrusismo en el
sector. Todas las empresas de nuestra asociación prestan servicios con
profesionales altamente preparados, de eso no cabe ninguna duda.
La Asociación Unificada de Guardias
Civiles ha acusado al Gobierno de hacer una privatización
encubierta de la seguridad mediante la aprobación de esta ley y suplir las
funciones de los funcionarios con policías menos formados y más baratos.
Negamos categóricamente
esta afirmación. La nueva ley no supone en absoluto una privatización de la
seguridad, en la medida en que distingue perfectamente los ámbitos de actuación
de la seguridad privada dentro de un concepto integral de seguridad.
Pero a nadie se le puede
ocultar que este mayor peso de la seguridad privada se produce en un momento en
el que la Policía y la Guardia Civil experimentan una reducción
drástica de sus efectivos. ¿Hay cometidos en los que los vigilantes pueden
sustituir a los funcionarios?
Lo que es una clara
realidad son los datos de penetración de la seguridad pública y privada. En
relación a la mayoría de países de la Unión Europea, España tienen una menor presencia de la seguridad
privada. En todo caso, no nos compete a nosotros valorar el número de empleados
de Policía y Guardia Civil.
Algunos medios acusan al
Gobierno de querer favorecer con esta ley a las empresas de seguridad privada y
fomentar su negocio.
Esta ley acentúa el
modelo de la seguridad privada subordinada a la pública, como he dicho, con
unas funciones fijadas de forma taxativa. No hace sino integrar en una norma
con rango legal lo que se venía regulando por vía reglamentaria hasta el
momento.