La caída
del gran conseguidor
La fuga del dueño del grupo
Esabe destapa una red de favores en el negocio de la seguridad
Un directivo entrega a la Justicia 200
sellos falsificados de organismos oficiales para concurrir a concursos
millonarios
Fuente:
elpais.com - JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid 9
FEB 2014
En el
número 15 de la calle de Belfast, en un polígono industrial a las afueras de
Madrid, una nave gigantesca acoge los restos de lo que hasta hace muy pocos
meses era una de las mayores empresas de seguridad de España: cámaras
acorazadas, 30 vehículos blindados, maquinaria de limpieza y alarmas valoradas
en dos millones que serán desahuciados por abandono el próximo día 24 si sus
dueños no se presentan a rescatarlos.
Su
propietario, Juan José Prados del Pino, de 65 años, no está ni se le espera.
Permanece desaparecido desde octubre de 2012 junto a su esposa, María Pilar
García de la Torre, de 58, y uno de sus tres hijos, un adulto con una
discapacidad, y ha eludido por el momento la acción judicial. Una juez de
Madrid le acusa de delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de
los trabajadores —adeuda más de 30 millones de euros— y ha dictado una orden de
búsqueda y captura internacional. Las primeras pistas conducen hacia Argentina
y Portugal.
Ni la
policía que le investiga, ni la juez que instruye el caso, ni los 2.000
trabajadores que le han denunciado por impago de sus nóminas saben cuantificar
el tamaño exacto del agujero que ha dejado a su plantilla y a la Seguridad
Social este hombre grueso, paternalista, emprendedor y maestro en comprar
voluntades entre los funcionarios de las administraciones donde sus empresas
obtenían millonarios concursos públicos. Entre ellos, el del propio Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, cuya sede vigilaban sus hombres, al que facturó
más de seis millones de euros. En su palco del Real Madrid, de 20 plazas, y en
su yate Sweet Dreams 2, de 31 metros de
eslora, se acomodaron una larga lista de funcionarios y algunos sindicalistas.
“Era un gran conseguidor”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.
El caso
acaba de tomar un giro inesperado. Antonio Silva, uno de los directivos de
Esabe detenido e imputado junto a otras diez personas en una redada policial en
diciembre de 2012, ha entregado a la juez Purificación Romero, titular del
Juzgado número 37 de Madrid, 200 sellos de caucho, clichés, plantillas y
pegatinas de decenas de organismos oficiales de Valencia, Madrid, Badalona,
Cáceres y Sevilla con los que supuestamente se falsificaron documentos
públicos, según aseguran fuentes de la investigación a El PAÍS..
¿Para
qué se utilizaron los tampones de los Ministerios de Fomento y Justicia, la
Agencia Valenciana de Salud, la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla o la
Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, donde Esabe
consiguió contratos por ocho millones? ¿Y las plantillas de la Gerencia
Territorial de Extremadura, la Intervención del Ayuntamiento de Leganés, el
hospital General Universitario de Alicante o la Junta Municipal de La Latina de
Madrid? Los inspectores de la Unidad de Seguridad Privada, que dirige el
comisario Esteban Gándara, creen que Esabe falsificó documentos de las
administraciones donde concursaba para simular que estaba al corriente con la
Seguridad Social. Sin esa acreditación no podría concurrir. Uno de los
imputados ha confesado que en Valencia un tal Eloy facilitó los concursos del
hospital de la Fe. “Tuvo que haber connivencia entre políticos y la empresa”,
apunta Antonio Duarte, secretario de FTSP-USO, que ha denunciado a Esabe.
Juan
José Prados trabajaba a finales de los ochenta como director financiero de
Esabe Ingeniería, propiedad de José Luis Aguirre, entonces una de las compañías
de seguridad más grandes de España. La empresa quebró poco después y Prados
montó con cinco personas ESB (luego rebautizada como Esave y Esabe) en un
modesto piso del barrio madrileño de Ciudad Lineal. El vigilante Manuel Jurado
fue una de las primeras 25 personas que comenzó a trabajar con él: “Consiguió
el contrato de vigilancia de Nuevos Ministerios y abrió delegaciones por toda
España. Iba a los concursos a la baja, con ofertas muy agresivas. Si había que
cubrir un servicio con 100 vigilantes, él lo hacía con 80, y el resto, con
horas extraordinarias. En temas financieros era un hacha, enseguida sacaba la
calculadora y hacía números”.
El
sueño de Prados era emular a la antigua Esabe y lo logró. Extendió el negocio
de la vigilancia al transporte de fondos, a las alarmas, la limpieza y los
servicios auxiliares.
La plantilla creció hasta 6.000 personas. En pocos años
saltó del pisito en Ciudad Lineal a alquilar un edificio entero en la madrileña
calle de Cronos con gimnasio, escuela de formación y un enorme sótano donde
instaló la base de transporte de fondos y las cámaras acorazadas. En el parquin
aguardaban un Ferrari rojo y el Audi 8 de su chófer. Su despacho estaba en la
cuarta planta con una mesa de mármol blanca donde se reunía con sus directivos,
a los que convenció con sobresueldos para que figuraran como administradores de
sus empresas. Muchos días les recordaba que él era “Dios”. Llama la atención
que Prados no aparece en ninguna de las 23 sociedades del grupo. “Se estaba desvinculando
por su edad”, esgrime Alberto Salido, su abogado.
En 2009
llegaron las primeras denuncias. Los trabajadores recibían sus salarios con
atraso y cobraban las horas extra en talones cruzados y fuera de la nómina.
José María Ramos, un inspector de trabajo, comenzó a asomar su nariz por Esabe,
y María G., la jefa de recursos humanos de la empresa, a acudir todos los
martes a la Inspección de Trabajo a parar los golpes. “Había muchas propuestas
de sanción, pero hacíamos alegaciones y recursos para demorarlas un año”,
recuerda la extrabajadora, de 32 años. Llegaron sanciones millonarias que no se
pagaban y comenzaron los embargos de cuentas. En 2011, Prados dejó de abonar
las horas extra a sus empleados y hubo una avalancha de reclamaciones en los juzgados.
El siguiente paso fue no pagar los salarios. Un vigilante al que se le
adeudaban varios meses se ahorcó en Sevilla.
—¿Tú
sabes quién es Dios?
—No.
—Lo
conoces bien, lo tienes delante.
Así
describe el vigilante Francisco Quintero, de 46 años, padre de dos hijos, la
conversación que tuvo con Prados cuando le comunicó en su despacho que le iban
a embargar su piso de 50 metros en Carabanchel (Madrid) por no poder pagar la
hipoteca. “Me dio buenas palabras, pero no cobré y perdí mi casa. Siempre decía
que él cuidaba por sus hombres y mujeres”.
El
puente del Pilar de 2012, Prados y su esposa se despidieron de sus empleados
más fieles: “Hasta el lunes”. Fue la última vez que se les vio en la sede de la
calle de Cronos. Dos meses después llegó la redada policial del comisario
Gándara. “Lo buscamos, pero no lo localizamos”, asegura un responsable
policial. Salido, el abogado de Prados, afirma que estaba en su casa de Málaga
y que se reunió con él hasta esfumarse. “Nos vimos en mi despacho este pasado
verano. Luego se marchó, temía un linchamiento. La Administración le debe casi
20 millones. No pagaba porque no le pagaban. Esa es la causa de todo”.
Prados
logró con regalos muchos favores, información sobre los concursos y que le
agilizaran algunos pagos en Madrid y Valencia. “Fiestas, relojes y hasta un BMV
320. Era muy espléndido con los funcionarios que movían los contratos”,
confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.
El yate
del empresario ha desaparecido. La juez no aceptó la petición de embargo de la
Policía. La última vez que fue avistado iba rumbo a Gibraltar. “Allí tenía
algo”, afirma una de sus exdirectivas.
