La
fiscalía se querella contra un empresario recién indultado
El
juzgado que instruye el caso está vigilado por la empresa de seguridad
investigada
Fuente:
elpais.com - TXEMA SANTANA Las Palmas 10 FEB 2014 -
La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias se ha querellado contra el empresario canario
Miguel Ángel Ramírez por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería más
allá de los 2,3 millones de euros y que habría cometido la empresa de seguridad
de la que es propietario, Seguridad Integral Canaria, que vigila, entre otros
edificios públicos, el juzgado que instruye el caso. Los delitos se
habrían cometido en los años 2008 y 2009, defraudando “más de un millón de euros
por ejercicio”, según la investigación. Miguel Ángel Ramírez fue indultado por
el Ministerio de Justicia el pasado 31 de octubre al ser condenado por una
modificación en su vivienda que invadía un paraje natural protegido.
Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva
Las Palmas, según el auto, habría sustituido el pago de horas extraordinarias
de sus trabajadores por dietas. Tras el informe procedente de la investigación
de Agencia Tributaria, la fiscalía ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria
una querella que ha sido admitida a trámite por la juez María Victoria Rosel.
El juzgado ha citado a declarar a Miguel Ángel Ramírez el próximo miércoles 12
de marzo como imputado por los delitos descritos en la querella y vinculados al
fraude fiscal. En la querella se han incorporado testimonios de “más de 100
trabajadores actuales de Seguridad Integral Canaria que corroboran los hechos”,
aseguran fuentes cercanas a la investigación. Algunos llamados por la Agencia
Tributaria y otros porque han acudido voluntariamente.
El contenido de la denuncia fue sustanciado en su
mayoría por el sindicato Intersindical Canaria, con representación en la
empresa. El secretario general de esta federación, Juan Díaz, explicaba este
lunes que “es algo que se produjo hace cinco años y que se está investigando
desde hace tiempo”. Según Díaz, el empresario habría reconocido parte de lo
ocurrido. La empresa, presuntamente, buscaba con este modus operandi reducir la
carga fiscal y social, porque las dietas no cotizan a la Seguridad Social,
además de que esta operación le hacía tener precios más competitivos que en las
empresas del sector, hecho que ha sido denunciado durante los últimos años por
las principales empresas competidoras en Canarias.
El empresario solo ha hecho, por el momento,
declaraciones a un medio digital canario en el que decía que “se trata de un
error de interpretación de la norma” y que se encuentra “muy tranquilo”.
Se da la circunstancia de que la empresa que está
siendo investigada y sobre la que se basa la querella por un presunto fraude
fiscal es la encargada de vigilar el Palacio de Justicia, entre otros muchos
edificios públicos, en el que se instruye el caso. Algunas fuentes judiciales
han mostrado su malestar al respecto y particularmente la Junta de Jueces de
Instrucción ha solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, José Ramón Navarro Miranda, que haga las gestiones necesarias para
que “al menos los juzgados de guardia y el sector de juzgados de instrucción
tenga una protección de fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado, aunque lo
deseable sería todo el edificio”.
La Junta de personal también se ha quejado de la
misma circunstancia. En el caso de los jueces de instrucción se produjo en una
reunión antes del conocimiento de la querella, mientras que en el caso de la
Junta de Personal la solicitud también llega por “el elevado número de pleitos
que tiene en los juzgados de lo social”, según una fuente de la misma.