La
Diputación de Lugo, la primera de España en imponer cláusulas sociales en los
contratos de servicios
Fuente: elprogreso.galiciae.com/19/03/2014 -
Galiciaé LV / Axencias
La
Diputación de Lugo se convertirá en la primera de España y será
"pionera" entre las administraciones públicas gallegas al imponer
"cláusulas sociales", que "defienden los derechos de los
trabajadores", en todos los contratos de servicios que formalice la
institución provincial con empresas privadas.
Lo
anunció esta mañana en rueda de prensa el presidente de la Diputación, José
Ramón Gómez Besteiro, quien afirmó que "la contratación pública es una
política pública más, una herramienta para conseguir los objetivos" que se
ha marcado el gobierno bipartito como "institución progresista, que
prioriza los problemas de las personas y la lucha por un sistema económico
justo e igualitario".
Besteiro
afirmó también que "la política no debe estar en las mesas de
contratación" de las instituciones públicas, sino "en el diseño y en
el control de las políticas de contratación".
Desde
su punto de vista, tiene especial valor que la Diputación de Lugo aplique este
nuevo modelo de contratación, "socialmente responsable", en un
"momento como éste", porque evidencia que la institución cree en un
empleo de calidad y se muestra dispuesta "a apoyar a las empresas que lo
crean".
"Así
blindamos a los trabajadores de las firmas que prestan servicio a esta
institución", añadió, pues "exigimos por escrito, como condicionante,
que se garanticen durante toda la relación contractual tanto el número de
empleados, como sus condiciones laborales, su tipo de contrato y su
salario".
De esa
forma, matizó, "impedimos que alguna empresa aproveche o se excuse en
leyes tan nefastas como la reforma laboral del Gobierno central para vulnerar
los derechos de los trabajadores, a favor de despidos en precario".
Entre
las cláusulas que incorpora la Diputación a los pliegos de sus nuevos contratos
de servicio, figura como criterio de valoración el número de trabajadores con
contrato indefinido, además de valorarse las propuestas que impliquen una
mejora en las condiciones laborales y salariales con respecto al Estatuto de
los Trabajadores o al convenio estatal vigente.
También
se tendrá en cuenta la inserción de trabajadores con discapacidad y la
Diputación no permitirá "bajadas desproporcionadas o anormales en el
precio" del servicio "a costa de reducir gastos laborales", de
forma que se atiende a la última directiva de la Unión Europea en materia de
contratación pública, aprobada en enero, aunque todavía no se aplica en España.
Por
otra parte, Besteiro aclaró que incumplir esas condiciones tendrá consecuencias
para las empresas, dado que puede llevar consigo la resolución del contrato o
penalizaciones que, en función de la gravedad de la infracción, pueden suponer
entre un 3 y un 10% del presupuesto total del contrato.
Incluso,
en función de la infracción cometida por la empresa, puede ser causa de
prohibición para contratar con esta administración, especialmente "cuando
se trate del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del
contrato".
Besteiro
también anunció que la Diputación hará "un seguimiento riguroso" del
cumplimiento de esas condiciones, para lo que les exigirá a las empresas que
"junto con cada factura, acrediten con documentación la relación de
trabajadores y lo que cotizan por ellos".