EN EL SENADO
PP y CiU
acuerdan eliminar de la Ley de Seguridad Privada que guardias jurados vigilen
en zonas comerciales peatonales
Populares y socialistas se
unen para continuar con la tramitación de la norma frente al rechazo frontal de
PSOE, PSC, ERC, IU e ICV
MADRID,
5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP
ha acordado con CiU en el Senado modificar la redacción original de la Ley de Seguridad
Privada en uno de los artículos que generó más polémica entre la mayoría de
grupos de la oposición y que hace referencia a las competencias de los agentes
de seguridad privada. De este modo, en la nueva redacción del artículo 41 de
esta Ley se elimina que estos agentes puedan patrullar por las zonas
comerciales peatonales.
El
redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados establecía que los
agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia en zonas comerciales
peatonales" como, por ejemplo, la calle Preciados de Madrid. En la
actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso sí, en el Congreso se establecía como requisito que tuviesen
"autorización previa por parte del órgano competente" y que realizasen
esa labor en coordinación con la Policía, la Guardia Civil o las policías
autonómicas y locales.
No
obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas catalanes de hoy en el
Senado, este supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales"
ha sido eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de funciones
previstas en el redactado original. De este modo, los agentes de seguridad
privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y
centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la
prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la
acción policial".
PARQUES
COMERCIALES, POLÍGONOS Y EVENTOS
También
con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos
industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común),
complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados asimo
como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de
relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso
común.
Este
acuerdo se ha materializado este miércoles en la Comisión de Interior del
Senado en la que se ha aprobado el informe de la ponencia que se votará
definitivamente durante el Pleno del Senado de la semana próxima. Los votos del
PP y CiU han servido también para rechazar hasta cinco vetos a la Ley
presentados por PSOE, PSC, ICV, IU y ERC. Todos ellos pedían la devolución de
la norma.
"Esta
ley pone en cuestión el modelo constitucional. Es una ley que no nace de una
demanda social y el modelo de seguridad en España es un modelo de éxito.
Creemos que busca dar cobertura al negocio privado de las empresas de
seguridad. Abre la puerta al principio de "la seguridad para quien se la
'pueda pagar'", ha defendido el senador socialista Enrique Cascallana.
Por
parte del PP, el senador Luis Aznar ha replicado que "ni desde el Gobierno
ni desde el grupo que le sustenta se pone en cuestión que la competencia
exclusiva en seguridad le corresponde al Estado". "No creemos que en
ningún momento ningún artículo de esta Ley lo vaya a poner en cuestión",
ha añadido el senado del PP que ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha
"espantar nebulosas sobre la intención de la Ley".
CÁMARA
ALTA
El
Senado retoca la ley y los vigilantes no actuarán en las zonas comerciales
peatonales
Fuente: lainformacion.com
- miércoles, 05/03/14
Madrid, 5 mar (EFE).- El Senado ha retocado el proyecto de Ley de Seguridad
Privada para limitar los casos en los que los vigilantes pueden prestar sus
servicios, de forma que no podrán asumir funciones en calles comerciales
peatonales como la de Preciados, en Madrid, o Las Ramblas, en Barcelona, como inicialmente estaba
previsto.
La comisión de Interior
de la Cámara alta ha dado el visto bueno al
informe de la ponencia del proyecto de ley que la próxima semana se debatirá en
el pleno con la introducción de varias enmiendas transaccionales pactadas con CiU.
Aunque las principales
modificaciones al texto inicial ya se aprobaron a través de las enmiendas del
PP, que varió dos de los apartados más polémicos, hoy el Senado ha
perfeccionado estos cambios con una nueva redacción del artículo 41 para
clarificar los servicios que pueden prestar los vigilantes con o sin
autorización de los órganos competentes.
De este artículo ya quedó
excluida una de las atribuciones que suscitó más críticas: la que posibilitaba
con autorización a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales
peatonales" para concretar que esta actividad podrá realizarse en
"parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren
delimitados".
También ha variado el
Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes
de perseguir a los delincuentes "sorprendidos en flagrante delito aun
cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y
protección".
En el texto consensuado
de este artículo entre PP y CiU finalmente los vigilantes solo podrán detener a
delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad cuando sean
sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes
objeto de su vigilancia y protección".
Y también deja claro que
los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a
diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos
ni comprobarlos.
Pese a los cambios
introducidos que, en opinión del PP, han mejorado sustancialmente el texto y
"han espantado cualquier nebulosa sobre la intencionalidad de la
ley", en palabras de su portavoz Luis Aznar, desde el PSOE se han insistido en los peligros de la reforma
que "pone en cuestión el modelo constitucional" de nuestra seguridad.
Así lo ha advertido el
senador socialista Enrique Cascallana quien tras
defender el veto de su partido a la ley ha lamentado que la reforma normativa,
aunque necesaria, "nace para dar cobertura al negocio privado de las
empresas de seguridad".
"Al final se puede
llegar a plantear que haya que elegir entre seguridad privada o seguridad
pública, y que se decida por una de las dos en función de los costes. Esto
vendría a poner en cuestión nuestro modelo de seguridad si este responde a un
problema presupuestario", ha advertido.