- La instalación de cámaras de seguridad se ha disparado en los últimos años
- No existe un registro oficial que permita saber el número de dispositivos que hay en Madrid
Fuente:
elpais.com - ANA PÉREZ BARREDO / F. JAVIER BARROSO Madrid 6 ABR 2014 -
Cuando
una persona pasea por la capital, suele fijarse en alguno de los miles de
estímulos que le bombardean: rótulos luminosos, llamativos escaparates, señales
acústicas de todo tipo... Así hasta un innumerable sinfín de carteles de todo
tipo que buscan dirigir su atención. Si la persona es un poco más curiosa,
levantará la cabeza y podrá ver la cantidad de artísticas fachadas que pueblan
el urbanismo capitalino. Eso sí, en lo que casi con toda seguridad no reparará,
salvo que las vaya buscando, es en la cantidad de cámaras de seguridad adosadas
a las paredes y en los puntos más recónditos. Estos ojos que han proliferado en
los últimos años serían capaces de reproducir minuto a minuto la vida de una
persona desde que sale de su casa hasta que regresa horas después.
Conocer
el número exacto de cámaras instaladas en una ciudad como Madrid resulta casi
imposible. Por un lado, las Administraciones prefieren silenciar la cifra por
motivos estratégicos. Por otro, miles de empresas, establecimientos y
particulares las han instalado sin que haya un guarismo resumen de la cantidad
de ojos electrónicos que graban la actividad diaria de miles de personas.
Según
números de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la región
había 32.200 ficheros registrados a fecha 1 de abril de 2014. ¿Significa esto
que solo hay ese número de cámaras? No. Un fichero puede incorporar cientos de
dispositivos aunque, a efectos legales, se considera como una sola instalación.
De ahí la imposibilidad de saber el número total de esos ojos electrónicos.
Un
ejemplo claro de no facilitar el número de cámaras es el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, que prefiere mantenerlo en secreto por “cuestiones de
seguridad”, según fuentes del aeródromo. Se trata de un complejo mundo con cuatro
terminales, un edificio satélite, cuatro torres de control y más de cuarenta
kilómetros de carretera perimetral a los que se unen casi un millón de metros
cuadrados de edificaciones y terminales por las que pasan millones de personas
cada año. Un documento oficioso de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA, el gestor de Barajas) recoge que son más de 6.000 las cámaras que graban
y vigilan todo lo que ocurre en este entramado. Todas ellas transmiten a una
sala de control de altísima seguridad con acceso muy restringido.
El
control de ese ciudadano anónimo que pasea por Madrid llega a los extremos más
insospechados. Hace años era imposible pensar que dentro de un autobús uno
pudiera ser grabado. Ahora es lo habitual en los 1.900 vehículos de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT). Cada autocar tiene entre dos —los más pequeños—
o seis aparatos —los articulados— para controlar lo que ocurre en su interior.
En total, 8.000 dispositivos electrónicos. “El vehículo lleva un disco duro en
el que se graban las imágenes en baja resolución. Si el conductor activa la
alarma, empiezan a grabar en alta resolución y se transmiten las imágenes por
telefonía móvil a un centro de control”, explica un portavoz de la compañía.
En el
metro ocurre casi lo mismo: 8.677 cámaras controlan todo. De ellas, 4.814 están
en las estaciones, 3.140 en los trenes, y las 723 restantes en las cocheras y
en los recintos de la compañía. Todas pueden visionarse en tiempo real en el
puesto de control de seguridad situado en la estación de Alto del Arenal, en
Puente de Vallecas. Luego hay seis centros más pequeños que vigilan dos líneas
cada uno, como ocurre en Ventas o en Puerta del Sur.
“Las
cámaras son muy efectivas. Solemos remitir unos 1.000 vídeos a requerimiento de
la policía o de los jueces al año. Los hurtos han bajado también gracias a que
los jueces están dictando órdenes de alejamiento tanto a carteristas como a
grafiteros basándose en las imágenes que les facilitamos”, destaca el jefe de
Seguridad de Metro, Bruno Fernández. “Esta ciudad del subsuelo”, como la llama
el directivo, ha sufrido 700 ataques consumados y 1.000 tentativas de los
grafiteros.
Por
ley, las grabaciones tomadas por los ojos electrónicos de Metro Madrid y de los
autobuses regionales deben ser borradas en un máximo de 30 días; a no ser que
estas pasen a formar parte de una investigación judicial. Aunque lo normal,
como se hace en ambos transportes públicos, es que las nuevas imágenes borren a
las antiguas en un plazo que oscila entre los cinco y los siete días.
Pero
las cámaras no están solo en los transportes públicos. El pasado 18 de marzo,
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunciaba la instalación de otras 46
cámaras de videovigilancia en el distrito de Centro. Se unirán así a otras
zonas de la capital ya controladas por cámaras. Hasta el momento, hay cuatro
áreas: el museo de escultura al aire libre del paseo de la Castellana, el
barrio de Lavapiés, la Plaza Mayor y los alrededores de la Gran Vía. El coste
de la instalación rondará los 600.000 euros. Fuentes municipales destacaron
aquel día que los delitos bajan entre el 10% y el 15% cada vez que se opta por
este sistema de vigilancia. Así ha pasado por ejemplo en la Plaza Mayor y en los
alrededores, una zona de la que los carteristas huyen. También es una forma de
cuidar al turista, una de las principales fuentes de ingreso de la región.
Pero,
¿basta con querer poner una o más cámaras para grabar o hay que cumplir unos
requisitos previos? La respuesta cambia en función de si es una Administración
o un particular quien la quiere instalar. Este último lo tiene, en general, más
fácil para ver realizados sus deseos. Lo obligatorio es contactar con una
empresa de seguridad y contratar la colocación. Eso sí, hay que darlas de alta
ante la AEPD, el organismo encargado de que se cumpla la ley.
Para
ello hay que respetar algunos principios: las cámaras solo pueden enfocar y
grabar las áreas de su comercio o su domicilio y deben estar señalizadas. Como
mínimo en los accesos a las zonas vigiladas. De esa forma la persona sabe que
entra en una zona videoprotegida y se le informa a dónde debe dirigirse en caso
de que quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. Se
trata de esos llamativos carteles anaranjados que lucen muchas fachadas.
Algunos
establecimientos, como los bancos, las joyerías y las gasolineras, están
obligados por la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Seguridad
Privada a tener un circuito cerrado de televisión.
Aunque
la ley establece que bajo ninguna circunstancia los dispositivos pueden tomar
imágenes de la vía pública, la Agencia es un tanto benévola cuando se trata de
controlar y sancionar bancos o joyerías. “Pese a que la mayoría incumple la
normativa, la práctica ha demostrado que estas cámaras son útiles para
identificar a personas en casos de robo, terrorismo o secuestro”, explica
Lucrecio Rebollo, profesor de Derecho Constitucional de la UNED y experto en
protección de datos. El último caso renombrado fue el de Asunta, la niña
asesinada en Galicia el pasado septiembre: las imágenes tomadas por las
viceocámaras de un banco sirvieron para desmontar los testimonios de los padres
de la pequeña.
Pero
tampoco está permitido el todo vale. Existen determinados lugares que jamás
podrán ser videovigilados. Es lo que ocurre en zonas denominadas sensibles,
como vestuarios o servicios. Los usuarios de estas zonas pueden exigir que se
retiren de inmediato porque se considera que atentan contra la intimidad y la
imagen de las personas. Así le ocurrió a un gimnasio de Alcorcón. Pese a
tenerlas instaladas en la zona de máquinas, la Agencia instó al centro a que
las retirara por no haberlas dado de alta y por no avisar a los usuarios.
Si se
trata de la Administración, caben dos opciones. En el caso de las cámaras para
el control del tráfico, no es necesario pedir permiso a un organismo
especializado como es la Comisión de Videovigilancia. Esta la forman el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un delegado de la
Fiscalía y otro de la Delegación del Gobierno, entre otros miembros. Como estos
aparatos en lugar de grabar lo que hacen es monitorizar, pueden ser instalados
sin necesidad de recibir el visto bueno de nadie.
El caso
cambia cuando se opta por la videovigilancia, como ha hecho el Ayuntamiento con
las cámaras de Centro. Ahí sí que hay que justificar la necesidad de su
colocación.
Más de una institución ha recibido un rotundo “no” cuando ha
querido vigilar puntos neurálgicos. Así le pasó al Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón hace años cuando quiso colocar varios dispositivos en la zona centro.
Lo normal es acompañar la solicitud con un informe de la delincuencia o de los
problemas específicos de la zona y, lo más importante, motivar que las cámaras
son la mejor o única solución. La videovigilancia debe regirse siempre por el
principio de menor intervención posible, de forma que se opte por otros métodos
menos invasivos.
Todo
esto no ha frenado a que decenas de urbanizaciones de toda la región hayan
optado por inundar de cámaras sus calles, en especial en los accesos. A veces
incluso subvencionadas por las Administraciones. Suelen estar dotados de
lectores de matrículas que controlan si el vehículo está registrado o consta
como robado. “Estos sistemas permiten saber quién entra o sale, a qué hora y si
el coche ha sido sustraído”, recuerda el responsable de Producto de la empresa
Tyco ADT, Alfonso González.
¿Se
corre el peligro de terminar en una sociedad hipervigilada? La respuesta no es
fácil, pero todo apunta a que sí. El responsable de Tyco ADT relata que las
previsiones son que este sector de las cámaras crezca a nivel mundial un 20%.
Esto lo convertirá en el de mayor crecimiento en el campo de la seguridad. Por su
parte, el profesor Rebollo prefiere hablar de la dicotomía que existe entre el
derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. “En estos casos el primero
suele salir perjudicado en favor del segundo.
Todo apunta a que esto seguirá
así, salvo que en un futuro los ciudadanos tengamos mayor conciencia sobre
derechos”, concluye el profesor de la UNED.
Imágenes
en alta definición
Las
cámaras se han modernizado de tal forma que utilizan la última tecnología, como
la alta definición, y calidad de imagen de cinco o seis megapixeles en tiempo
real. Lejos han quedado ya los aparatos que transmitían por cable coaxial y
cuya definición impedía ampliar el fotograma o sacar la cara de una persona.
Ahora
transmiten por cable Eternet (el mismo que usan los ordenadores) con mayor
ancho de banda. En caso de que no sea posible cablear la zona o el centro de
recepción de imágenes esté lejos, se utiliza telefonía móvil (4G).
Según las necesidades, existen diversos tipos
de cámaras: desde las de infrarrojos para visión nocturna, hasta las térmicas
para detectar a personas en grandes áreas. Otras están instaladas en carriles
por los que se mueven 50 o 60 metros.
Multas
de hasta 600.000 euros
Si algo
ha caracterizado la legislación sobre protección de datos, especialmente en la
videovigilancia, ha sido el creciente control por parte de la Administración,
seguido de las altas sanciones en caso de continuar con el incumplimiento
legal.
La legislación contempla sanciones de hasta
600.000 euros en caso de faltas muy graves. Ejemplo: en caso de que las
imágenes fueran utilizadas para fines distintos (ilícitos, por supuesto) del
que fueron captadas. Esto se daría en el caso hipotético de que estas
grabaciones fueran difundidas por un medio de comunicación sin el permiso de
las personas grabadas o sin haber sido cedidas por la autoridad competente.
Otra
ejemplo de una sanción muy grave sería la colocación de cámaras en sitios que
requieren de una alta intimidad. Es el caso de vestidores, lavabos o
probadores.
Lo que
queda claro es que un particular nunca podrá tener instalada una cámara que
grabe de manera continua a la calle. Está prohibido. Lo mismo ocurre en el caso
contrario: una Administración jamás podrá tener un aparato electrónico que
capte imágenes de domicilios particulares o zonas restringidas. Cuando esto
ocurre, se pone de manera informática un velo a esa parte de la pantalla. Si la
zona es móvil, el programa deberá entrar en funcionamiento de forma que vele
esa parte del fotograma cuando enfoque a esas casas particulares. Eso ocurrió,
por ejemplo, en las cámaras instaladas en la calle de La Montera.