La norma impide que los vocales facturen a la mutua
Fuente: elpais.com - RAFAEL MÉNDEZ / MANUEL V. GÓMEZ 22 JUN 2014
Fremap, una mutua de
accidentes de trabajo sin ánimo de lucro y adscrita al Ministerio de Empleo,
adjudicó en 2012 la seguridad de su hospital en Sevilla a Segurisa por
563.570,64 euros. Esta empresa está presidida por Enrique Sánchez González, que
a su vez es vocal de la junta directiva de Fremap. El decreto que regula la
colaboración entre las mutuas y el Ministerio de Empleo y la Ley General de la
Seguridad Social impide a los miembros de las junta de las mutuas pecibir
cualquier remuneración ni prestar servicios a las mutuas. Ni Fremap ni Sánchez
González han querido comentar ese contrato.
El 2 de octubre de 2012, el
Boletín Oficial del Estado anunció que Segurisa (Servicios Integrales de
Seguridad, SA) había ganado la seguridad del hospital que Fremap tiene en
Sevilla durante dos años, prorrogables por otros dos. Era “la oferta
económicamente más ventajosa”, explica el anuncio de licitación publicado en
julio. Eso le valió a Segurisa para ser la elegida entre las 15 que se habían
presentado al concurso. Se ponía fin así a un expediente que había arrancado en
febrero de 2012.
Sánchez González es miembro
de la junta directiva y vocal de la comisión directiva de Fremap, al menos
desde 2007, según las memorias anuales de la mutua. Es dueño, presidente y
consejero delegado de Segurisa, y del grupo Sagital. Además es directivo del
Real Madrid y viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el hoy presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, que declaró entonces que había pagado su
viaje y el de su esposa (8.000 euros) en metálico. La empresa de Sánchez
González recibió contratos por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro.
Sánchez González se niega a comentar su contrato con Fremap pese a estar en la
junta directiva: “No tengo nada que añadir, publique lo que quiera pero no lo
hará con mi consentimiento”.
El presidente de Fremap,
Mariano de Diego, asegura desconocer todo lo referente al expediente y el
contrato con Segurisa: “No tengo ni idea, no lo sé, son cuestiones ejecutivas”.
De Diego deriva al gerente, Josu Esarte, que el viernes no contestó al
teléfono.
El decreto que regula las
mutuas y su colaboración con el Ministerio de Empleo señala que no podrán estar
en la junta directiva “cualquier persona, ni por sí mismo ni en representación
de empresa asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación
de servicios de carácter profesional o que, por cualquier otro concepto,
perciba de la entidad prestaciones económicas”, salvo el representante de los
trabajadores. Ya en 2009, el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico con
el sistema de contratación de las mutuas (entre las examinadas no estuvo
Fremap). Tras el informe, el Ejecutivo hizo cambios para controlar que la
contratación de la mutuas y sus retribuciones se ajustaba a la ley.
Fremap manejó el año pasado
2.376 millones de euros procedentes de la cotizaciones a la Seguridad Social
para gestionar accidentes laborales y bajas y prestaba cobertura a casi 3,8
millones de trabajadores. Es la mayor mutua y está en una situación delicada
porque la Intervención General de la Seguridad Social le pide que devuelva 43,2
millones gastados indebidamente. La mayor parte son por pagos a comerciales,
algo no permitido por la Seguridad Social y ratificado por los tribunales. Pero
también hay viajes, dietas y mariscadas de la junta directiva.
En esa junta hay 16 vocales
elegidos por la propia junta con el visto bueno de Empleo. Entre ellos está
Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Intersectorial de
Autónomos (CEAT), José de la Cavada, exdirector de Relaciones Laborales de la
patronal CEOE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, representantes de las empresas mutualistas y algunos abogados.
En marzo de 2010, la misma
junta directiva aprobó una dieta por asistir a las reuniones de 2.000 euros. Lo
hizo un mes después de que una orden ministerial limitara a 800 euros el máximo
de dieta.
Dentro de la junta
directiva han surgido críticas a la política de gastos de Mariano de Diego, que
una vez al año organiza una “junta directiva itinerante” que incluye un
programa de gastos pagados para los miembros de la junta y sus parejas en algún
rincón de España.
El lunes hay convocada una
reunión en la cúpula para analizar la situación de la dirección después de que
EL PAÍS desvelase los ajustes presupuestarios a los que la intervención sometía
a la mutua.
investigacion@elpais.es
"A lo mejor ha
sido excesivo"
José María
Cobos Ruíz-Ayúcar es vocal de la junta directiva de Fremap desde 1991. Allí
están representantes de las 392.846 empresas asociadas, pero este abogado tiene
un despacho con solo cinco empleados. “La junta directiva antes era de Mapfre.
Mi padre era consejero de Mapfre de toda la vida y cuando cesó entré yo”,
explica por teléfono, confirmando la idea que hay puestos hereditarios.
Cobos
defiende el cobro de 2.000 euros de dieta por reunión con dinero de la
Seguridad Social. Y apoya los viajes para los directivos —con sus parejas— y un
completo programa de actividades y comidas: “Todo puede ser más modesto, pero
es solo una vez al año y en el volumen enorme [que maneja la mutua] no es nada
y tenía una finalidad: tratar con los empleados”.
Su argumento
es que “a lo mejor ha sido excesiva alguna cosa, pero no ha sido un escándalo”,
ya que considera a Fremap como una empresa y no como una entidad sin ánimo de
lucro tutelada por Empleo: “Entiendo que sí es una empresa. Mantenemos que es
gestión privada. Si fuera una empresa mercantil estaría en el IBEX” y que hay
“suledos mayores en la privada”. También quita hierro a las mariscadas que la
intervención considera excesivas: “A veces ponemos algo de marisco pero somos
20 personas”.
Pese a llevar
más de 20 años en la junta directiva de Fremap, Cobos se desliga de la gestión.
“Solo firmamos las cuentas anuales [...] Los temas nos los suelen dar hechos
pero los firmamos con la buena fe de que está correcto”.
Cobos admite
que la situación es delicada, con el patrimonio histórico de la mutua que —a
falta de que lo confirmen los tribunales— no da para pagar los ajustes que pide
la Seguridad Social: Los ajustes vendrán siempre y el patrimonio histórico
desaparecerá, técnicamente ya ha desaparecido”.