Fuente: avuelapluma.es – 30 Junio 2014
La recién creada Comisión Mixta de Seguridad Privada en la provincia de
Cáceres recibe las primeras denuncias por intrusismo, uno de los principales
problemas del sector. Mientras, inmuebles como el Complejo Hospitalario, la
Ciudad Deportiva o edificios de la Universidad de Extremadura pierden en
seguridad.
El recorte en las
licitaciones de las administraciones públicas y el intrusismo laboral son los
principales problemas con los que se encuentra la seguridad privada, un sector
que está además inmerso en una serie de cambios debido a la nueva Ley de Seguridad
Privada que entró en vigor el pasado 4 de junio y que concede más funciones a
los vigilantes, entre ellas la de poder prestar servicio en centros
penitenciarios o en zonas oficiales como aeropuertos previa autorización, así
como la regulación del control de las videocámaras.
En la región hay unos
1.600 vigilantes de seguridad privada, 700 en la provincia cacereña, y en lo
que va de crisis se han perdido el 30 por ciento de los puestos de trabajo y
numerosos edificios públicos de la ciudad han perdido en seguridad. Así, el
secretario de organización de la Federación de Construcción y Servicios
Públicos de Comisiones Obreras, Antonio Pino, detalla que el Hospital San Pedro
de Alcántara ha recortado en 3.000 las horas de vigilancia al año y el
Auditorio no tiene ningún vigilante.
Además el Centro de
Enseñanza Integrado contaba con dos vigilantes las 24 horas y se ha quedado
sólo con uno para el turno de noche, al igual que la Ciudad Deportiva que
también sólo cuenta con la vigilancia nocturna o las Facultades de la
Universidad de Extremadura, que han pasado de tener vigilancia individual a
contar con una única patrulla para todo el campus, según indica Pino.
Asimismo el
representante sindical alerta de las “condiciones abusivas” que están sufriendo
los vigilantes que conservan su trabajo pasando de realizar 162 horas mensuales
a 200 horas y en algunos casos “hasta 230 horas con un sueldo de 867 euros al
mes” denuncia Pino.
A todo esto hay que
añadir el intrusismo laboral, así en obras y empresas como plantas de placas
solares, se ha dejado de contratar a personal formado y especializado y el
circuito cerrado de televisión es controlado por personas fuera de la seguridad
privada, “sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado puedan
perseguirlo al no contar con los recursos suficientes”, señala el
secretario de la Federación de Servicios Públicos de CC.OO.
Ante este panorama se
ha impulsado en la provincia la Comisión Mixta de Seguridad Privada a través de
la Subdelegación del Gobierno y de la que forman parte el Teniente Coronel de
la Guardia Civil, los Jefes de la Policía Nacional, representantes sindicales y
academias de formación y tiene entre sus funciones: establecer criterios de
homogeneización de actuaciones entre administraciones, intercambiar experiencias,
actividades de formación y asesoramiento entre otras.
Uno de los impulsores
de la mencionada comisión ha sido el presidente de la Asociación de Directores
de Seguridad Privada de Extremadura (ADISEX), Alfredo Fondón, quien además ha
hecho hincapié en que este organismo servirá “para dar voz al colectivo
de trabajadores en seguridad privada” y que luchará “contra el intrusismo y a
favor de la profesión”, algo que según Fondón, también potencia la nueva Ley,
que sustituye a la anterior de 1992.
Para Fondón la
normativa supone “un paso adelante importante” en cuanto a abrir nuevos campos
de trabajos. De esta forma, ya ha salido a licitación la vigilancia privada del
centro penitenciario de Cáceres, en el cual se va a establecer un turno de 24
horas y otro de 12 horas.
El presidente de
ADISEX, ha anunciado que están en conversaciones con la Delegación del Gobierno
para crear la Comisión Mixta Regional, que también velará por la figura del
director de seguridad privada, obligatoria en infraestructuras críticas como
pueden ser la Central Nuclear de Almaraz, el embalse de Alcántara o complejos
hospitalario, incumpliéndose en este último caso en la capital cacereña.
Vigilancia en los Palacios de Justicia
Los recortes en
vigilancia, promovidos por el ministerio de Justicia, han afectado a
Extremadura dejando a los Juzgados de Montijo y Villanueva de la Serena sin
vigilancia y perdiendo la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
(TSJEx) en Cáceres el turno de noche. Además han sufrido recortes y reajustes
en la plantilla los Palacios de Justicia de las Audiencias Provinciales de
Cáceres y Badajoz con una reducción de unas 30 horas semanales, según el comité
de empresa de Prosegur, empresa concesionaria del servicio de vigilancia de
Justicia. El reajuste también se ha notado en Juzgados como los de Coria y
Trujillo en donde la vigilancia está establecida únicamente de 9:00 a 14:00
horas. Pero sin duda, los edificio que más han perdido son los de Villanueva de
la Serena y Montijo que se han quedado sin vigilancia las 24 horas y la sede
del TSJEx, que ha sufrido un recorte del 70 por ciento de horas de vigilancia,
en total unas 10.000 horas menos al año y que ha supuesto dejar a la plantilla
de cinco vigilantes en dos, siendo el resto recolocado por la empresa en otros
servicios.