GRAN
CONTRATO PARA SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Defensa
otorga la vigilancia de sus cuarteles a una empresa que defrauda a Hacienda
El ministro de
Defensa, Pedro Morenés. (EFE)
Fuente: elconfidencial.com - Agustín
Marco - 25/09/2014
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Tras varios
intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia,
alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a
una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar
en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El
beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del
empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado
año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito
urbanístico.
Según el
acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el contrato
para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios del Ministerio
de Defensa y sus organismos autónomos después de realizar un concurso público
que se ha alargado durante nueve meses. Tras solicitar varias ofertas, finalmente
la Junta resolvió la adjudicación mediante una subasta electrónica en
la que factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las
empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad
Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación
-95,37-, batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur
Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía
con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los
vigilantes de seguridad y 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo
que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se
estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada.
La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.
Ramírez se hizo
con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de
euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó
el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías
pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57
millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes
próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente
transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a
los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria,
Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porque Hacienda
la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al
pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron
incluidos en el certificado de retenciones como dietas".
Horas extras no declaradas
Así consta en
el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos
Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido
en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a
trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas
como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión
Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha
negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en
sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en
el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume
también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así
como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado, "no
sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los
salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres
de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus
declaraciones de IRPF".
Sede del
Ministerio en Madrid. (EFE)
La inspección
de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por
Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de
trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe
subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral
Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de
vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo
pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo,
por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las
horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra
admitidas".
El texto
prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas
adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias
sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores,
esto es, mediante horas extra no declaradas".
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel Ángel
Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a si mismo, fue
condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel por delito
medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural
protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de noviembre del pasado año,
el Gobierno lo indultó.
El 4 de
diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de coches
en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria,
José Manuel Soria. Para el titular de la cartera de Energía, su
paisano canario es "el ejemplo más puro de emprendedor" por su
capacidad para convertir "sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente
en una empresa".