Cuando los sindicalistas cobran de donde no deben
El
sindicato USO disuelve su gestora en Galicia al salpicar a sus dirigentes otra
(y van un montón) trama corrupta de fondos de formación
Entre los
implicados aparece Antonio Duarte, denunciante del presunto fraude fiscal de
Seguridad Integral Canaria
Según
la Policía, Duarte y los suyos cobraba comisiones ilegales de un empresario por
cederle los cursos de formación del sindicato
Fuente: eldiario.es/canariasahora/topsecret - 30/10/2014
El fraude en los cursos de formación se extiende como
una epidemia por todo el territorio patrio. A falta de que en algún registro
oficial conste una cosa distinta, casi estamos en condiciones de asegurar que
todo empezó en ese territorio tan lleno de especificidades que es Canarias,
donde al amparo del Instituto Canario de Formación y Empleo, creado en los
noventa, una pandilla de salteadores de caminos se llevaron sin recato un buen
puñado de unos fondos de la Unión Europea destinados a sacarnos del pozo en el
que aún estamos. Que, como dice el PP, los empresarios turísticos todavía
prefieran para algunos puestos a trabajadores no isleños no es más que el
resultado directo de ese fracaso colectivo que han sido los cursos de
formación, destinados desde aquellos momentos a la financiación de asociaciones
empresariales, sindicatos, y algún que otro espabilado que cosía para la calle.
La media docena de cargos públicos que se sentaron recientemente en el banquillo
tras tres quinquenios de proceso judicial, resultaron absueltos porque jamás se
demostró que actuaran con negligencia ni que, por supuesto, se mamaran un solo
euro.
Antonio Duarte,
dirigente de USO implicado en otro escándalo de cursos de formación, es el
denunciante del fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria. | FTSP-U.S.O. Las
Palmas
Pero lo más flagrante del caso Icfem no han sido esas
absoluciones, sino que una gran parte del dinero mamado no apareciera jamás y
que en ningún caso nadie apuntara hacia los que se lo llevaron a manos llenas.
La facilidad con la que esos dineros iban de mano en mano sin los menores
controles ni siquiera de asistencia de los alumnos, con firmas falsificadas,
cursos que jamás se impartieron y academias fantasmas, parece haber dado lugar
a que otras comunidades autónomas hicieran lo mismo. Tras Canarias y Andalucía,
lo último que ha estallado ha sido el caso Zeta, de cursos de formación muy
sandungueros impartidos a mayor gloria de empresarios y sindicatos en Galicia.
El cazador cazado
Fuente: eldiario.es/canariasahora/topsecret -
30/10/2014
Y es en Galicia donde nos hemos encontrado con un
personaje muy peculiar vinculado a la Unión Sindical Obrera (USO), central que
ha disuelto fulminantemente su gestora en esa comunidad al aparecer en informes
policiales tres de sus miembros cobrando indebidamente unas comisiones que
generosamente les pagaba un empresario, Gerardo Crespo. En la contabilidad B de
este personaje han aparecido pagos sospechosos girados en favor de ese
sindicato, además de facturas correspondientes a coches de alquiler que corrían
por cuenta del empresario y que los sindicalistas usaban para tareas propias de
su condición.
Entre los sindicalistas salpicados por este escándalo
figura uno que de un tiempo a esta parte aparece en noticias de prensa en
Canarias, Antonio Duarte, que además de responsable de la gestora de USO en
Galicia, es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad
Privada de ese sindicato. Actuando como tal, Duarte es el promotor de la
querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión
Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa por
la que se enfrenta a una causa penal por presunto fraude a la Hacienda Pública
al haber declarado como dietas y gastos de viaje lo que en realidad (presuntamente)
eran horas extraordinarias de sus vigilantes.
Nada que decir a esa querella de la fiscalía, en la
que USO aparece como acusación particular, pero sí al sindicalista que no solo
promovió esa acción de la justicia, sino que ha dedicado gran parte de su tiempo
y de unos recursos económicos cuya procedencia hay que poner desde ahora en
remojo, a una pertinaz campaña de descrédito de Ramírez y de su empresa que ha
incluido desde ruedas de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, a acciones de
comunicación en toda España y al reparto constante de dosieres conteniendo esa
denuncia entre toda la clientela presente y futura de Seguridad Integral
Canaria.
Si además de su implicación en el fraude de los cursos
de formación se confirmara la sospecha lanzada por el propio Ramírez de que a
Duarte le pagan sus gastos las compañías de la competencia, con Prosegur a la
cabeza, nos encontraríamos ante una constante en la historia de los grandes
impostores denunciantes de casos de corrupción: el síndrome del cazador cazado.