miércoles, 31 de diciembre de 2014
martes, 30 de diciembre de 2014
Los jueces eximen a los vigilantes de seguridad de identificarse con su DNI
Los
jueces eximen a los vigilantes privados de identificarse con su dni
Fuente:
lainformacion.com - jueves, 26/12/13
La Sala
de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una
sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad
privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida
“pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su
seguridad”.
Los
magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han
anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio
del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número
de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o
con el Número de Identificación de Extranjero.
Esta
medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal
Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al
entender que vulneraba la legislación en materia de protección de datos y ponía
en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los
recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los
trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento
Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.
"SECRETO
AMPARADO"
Los
magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han
dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la
tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del
DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber
de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.
“La
manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante
de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e
incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy.
Los
magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el
número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro
distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del
Interior.
(SERVIMEDIA)
lunes, 29 de diciembre de 2014
Tribunales / Multa de 20.000 € a la Caixa por recoger imágenes indebidas
La
Audiencia Nacional multa a La Caixa con 20.000 euros por recoger imágenes
indebidas.
La
Audiencia Nacional ha condenado a La Caixa con 20.000 euros por recoger
imágenes indebidas con sus cámaras de seguridad.
Cuatro
de las siete cámaras instaladas en la oficina de la calle José Manuel Murguía
de A Coruña registraban, además de los accesos al establecimiento, parte del
espacio público bajo los soportales.
La
sentencia recoge que incluía "a clientes y a terceras personas que
transitaban por el mismo, más allá de lo que resultaba imprescindible para la
finalidad de vigilancia que se pretendía". La denuncia partió de un
particular, lo que finalmente motivó que la Agencia Española de Protección de
Datos impusiese a Caixabank una multa de 20.000 euros.
Prisiones: Cinco mentiras del plan de " privatización " de la seguridad
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Cinco
mentiras del plan de 'privatización' de la seguridad de las prisiones en España
Fuente:
elconfidencial.com - Roberto R. Ballesteros 29/12/2014
El plan
de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno
para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros
penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas
las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles
un año y medio antes.
La
iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre
sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la
primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de
las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones
penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron
reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que
llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente
determinadas acusaciones.
Estas
últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco
de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de
infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo
denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco
afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las
prisiones que son puestas en duda.
1. Dará
trabajo a los escoltas en paro
El
proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en
privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de
escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA.
Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace
apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas
privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra
trabajando en los centros penitenciarios.
Muchos
no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el
bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El
presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, Manuel Jiménez,
acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de
seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De
hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial, apenas el 10% de los
empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios
había sido antes guardaespaldas.
Los
exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han
montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para
encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin
empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están
contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.
2. No
sustituirá a los guardias civiles
Desde
Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a
funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte
de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la
Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de
encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del
nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase
a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.
En los
citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no
trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión
y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar
mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir
otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado
de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.
El
nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos
internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el
reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo
de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados
por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó
inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por
vigilantes.
Por
otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la
Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son
responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha
denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes
privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como
el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.
3.
Ahorrará costes
El 28
de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa
–posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su
comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era
necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de
asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta
iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48
millones de euros a las arcas del Estado.
Por el
momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este
ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen
sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el
ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el
momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la
primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios,
que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus
resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33
millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el
fin de sufragar el servicio que prestan.
4. No es
una privatización encubierta
El
Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por
el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de
seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar
de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente
de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde
recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la
reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de
prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos
que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los
vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado
de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida
prevista de guardias civiles.
Por
otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo
circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias
civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma
de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a
cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación
de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros
penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.
Lo que
ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa
privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido
concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y
policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera
de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de
2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de
seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados
consejos de la corporación.
Esta
tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por
lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando
negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es
cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los
mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores
vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en
este campo hasta equipararse a otros países del continente.
5. Los
vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos
Los
informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las
prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados
por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del
proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena
de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos
servicios en solitario.
En la
segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión
del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue
in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a
la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos
profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de
los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas
de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca
plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar
sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo
prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la
afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio
Fernández Díaz.
Era
esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco
que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de
un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar
los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras
e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.
La
relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este
tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que
los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal
que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan
que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las
compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin
experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas
los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.
Por
otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados
fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la
realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho,
los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les
acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.
La
patata caliente
El plan
de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre
de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios
generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases
se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra
lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.
Sería
extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un
controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la
opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las
urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en
el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así
como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar
qué hay de lo suyo.
Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada
Detenido
un hombre por el hurto de dos jamones de 450 euros
Fuente:
granadahoy.com - E. PRESS GRANADA | ACTUALIZADO 29.12.2014
Agentes
de la Policía Nacional de Granada han detenido a un varón de 46 años con
antecedentes por presuntamente intentar llevarse de un centro comercial dos
jamones ibéricos de bellota valorados en 459 euros. El hombre fue sorprendido
por el vigilante de seguridad del centro comercial cuando pretendía abandonar
las instalaciones, a través de la rampa de salida de automóviles del centro
comercial, sin abonar el referido producto y llevándose los jamones ibéricos de
bellota.
La
patrulla policial se personó en el comercio, recabó diferentes datos y una vez
contrastado el testimonio del vigilante de seguridad, detuvieron al hombre y lo
trasladaron a las dependencias policiales donde una vez finalizadas las
diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de
Granada.
viernes, 26 de diciembre de 2014
Agrede al vigilante que le había echado de un cajero
Ataca al
vigilante que le había echado de un cajero en Bilbao
Un
indigente le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía un
cuchillo
Fuente: elcorreo.com - 26 diciembre 2014
Un
vigilante de seguridad fue atacado el 15 de diciembre a las dos de la madrugada
por un indigente al que acababa de expulsar del cajero en el que dormía, en el
barrio de Deusto.
El trabajador notó que alguien le seguía cuando retornaba a su vehículo. Al girarse, se topó con un cuchillo. Con una mano, el individuo le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía el arma blanca, con la que hizo varios amagos de clavársela.
Hubo un forcejeo y el vigilante logró liberarse, pero cayó por unas escaleras y se rompió varios dientes y sufrió diversas contusiones que obligaron a su traslado a un centro médico. El agresor huyó del lugar.
El trabajador notó que alguien le seguía cuando retornaba a su vehículo. Al girarse, se topó con un cuchillo. Con una mano, el individuo le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía el arma blanca, con la que hizo varios amagos de clavársela.
Hubo un forcejeo y el vigilante logró liberarse, pero cayó por unas escaleras y se rompió varios dientes y sufrió diversas contusiones que obligaron a su traslado a un centro médico. El agresor huyó del lugar.
Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública
VIGO
Interceptado un cuchillo
plegable en un envío postal
La Guardia Civil ha interceptado el
envío de un cuchillo plegable a Estados Unidos. Se trata de una nueva arma
blanca sobre la que ya se había advertido a las administraciones con
competencias, informó ayer el Instituto Armado.
Fuente: atlantico.net - REDACCIÓN.
VIGO - 25/12/2014
El cuchillo se pliega como una “tarjeta de crédito” o similar, es de procedencia china y de difícil detección en los escáner de los aeropuertos. Dicha tarjeta, una vez desplegada, se transforma en una hoja de un solo filo, puntiaguda y de seis centímetros de longitud, convirtiéndose en un arma peligrosa dada su facilidad de ocultación.
Imagen del cuchillo plegable, que se cierra como una
tarjeta de crédito.
Así, el pasado 18 de diciembre, el servicio de Seguridad Privada del servicio postal de Pontevedra detectó un paquete enviado desde una localidad de la provincia a un ciudadano residente en North Charleston (EEUU) que podría contener un arma blanca de dichas características.
Por todo ello, miembros de la Intervención de Armas de la Guardia Civil confirmaron que el paquete tenía la referida arma.
Continuando con las investigaciones, se localizó al remitente , en un municipio de la provincia, quien confirmó el envío del paquete interceptado e hizo entrega de otros cuatro cuchillos más que pensaba enviar con el mismo procedimiento.
El remitente fue denunciado
por una infracción grave al Reglamento de Armas, al tratarse de un arma
prohibida.
En concreto, informó la
Guardia Civil, este cuchillo está catalogado como un instrumento especialmente
peligroso para la integridad física de las personas.
La actuación fue posible
gracias al Plan General de Colaboración con el sector de la seguridad privada y
el trasvase de información entre la intervención de Armas y Explosivos de la
Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y el personal que presta
sus servicios en compañías de seguridad privada por toda la provincia.
miércoles, 24 de diciembre de 2014
Tribunales / 2 meses de vacaciones - Vinsa Canarias
Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, de
24 de Noviembre de 2014, en reclamación de vacaciones contra Vigilancia Integrada,
S.A.
Fuente: Colaboración de un trabajador - 24/12/2014
El trabajador, adscrito al servicio Aeropuerto de Gran Canaria, había
sido obligado por Vinsa al disfrute de vacaciones en el mes de Junio mediante
comunicación de cuadrante el día 30 de Mayo de 2014.
La sentencia refleja claramente que la empresa incumplió el Art.
38 del Estatuto de los Trabajadores, ya que el período de vacaciones no se ha
determinado mediante acuerdo entre empresa y trabajador y no se ha comunicado
por parte de ésta con dos meses de antelación al inicio del disfrute, que
establece la misma norma legal.
En consecuencia, la sentencia establece que la empresa Vinsa debe
cargar con las consecuencias de sus actos contrarios a derecho sin que pueda
alegar que el trabajador ya ha disfrutado las vacaciones, fijando la fecha de
disfrute entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2014, es decir, las vacaciones de
Junio se las ha regalado Vinsa y disfrutará de dos meses en el año 2014.
CCOO presenta impugnación del Convenio para cobrar los pluses en vacaciones
Comisiones Obreras presentó, en el día de ayer, ante la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional, Impugnación Parcial ( Art. 45.2 )del Convenio
Colectivo Estatal de Seguridad Privada, junto a otras dos organizaciones sindicales- para buscar la aplicación de la nueva
sentencia sobre cobro de pluses en periodo de vacaciones.
Como ya os hemos informado en este blog, la Audiencia Nacional ha
fallado recientemente y en varias ocasiones de forma favorable a las denuncias que
desde CC.OO. se han interpuesto sobre el cobro de todos los variables y pluses
también en vacaciones, adaptando una doctrina del Tribunal de Justicia de la
UE.
Ahora, desde nuestra organización se pretende que todos los vigilantes de seguridad del
país cobren sus pluses en vacaciones
sin tener que denunciar, y como derecho reconocido.
Huelga en Seguridad Integral Canaria de Las Palmas
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CCOO convoca Huelga
en Seguridad Integral Canaria de Las Palmas
CCOO
de Construcción y Servicios de Canarias, conjuntamente con otras centrales
sindicales, convocan a la plantilla de Seguridad Integral Canaria en su sede de
Las Palmas a secundar la Huelga prevista para los días 24, 25 y 31 de diciembre
de 2014 y 1, 5 y 6 de enero de 2015
Fuente: CCOO
Construcción y Servicios de Canarias – 24 Diciembre 2014
El
motivo de la misma no es otro que la de obligar a esa Empresa a cumplir con el
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, y que esta liquide
las cantidades resultantes de las reclamaciones que los trabajadores y
trabajadoras han dejado de percibir por diferencias económicas.
Cabe destacar la alta conflictividad existente entre Seguridad Integral y su plantilla en todo el territorio nacional, Metro de Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, centrándose mayoritariamente en la provincia de Las Palmas, si tenemos en cuenta el número de trabajadores allí destacados, por encima de los 1.500.
Desde CCOO de Construcción y Servicios de Canarias han declarado “No podemos eludir la ilegalidad, decretada por sentencia, del Convenio de Empresa, con menores retribuciones, que Integral Canaria aplica tras haber pactado con representantes no legitimados para ello y que no representan al colectivo, ahondando, aún más si cabe, el amplio malestar de este último, al ver mermados sus ingresos”.
Paralelamente a la convocatoria de Huelga, está prevista una manifestación, partir de las 10:00 horas del próximo día 09 de enero de 2015, que recorrerá las calles más importantes de la ciudad, culminando en la Concentración de sus participantes y lectura de un Manifiesto.
CCOO de Construcción y Servicios de Canarias hace un llamamiento masivo dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras, invitándolos a secundar dicha huelga, y posterior manifestación, como forma de empujar a la Dirección de Seguridad Integral Canaria a satisfacer sus reivindicaciones.
Cabe destacar la alta conflictividad existente entre Seguridad Integral y su plantilla en todo el territorio nacional, Metro de Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, centrándose mayoritariamente en la provincia de Las Palmas, si tenemos en cuenta el número de trabajadores allí destacados, por encima de los 1.500.
Desde CCOO de Construcción y Servicios de Canarias han declarado “No podemos eludir la ilegalidad, decretada por sentencia, del Convenio de Empresa, con menores retribuciones, que Integral Canaria aplica tras haber pactado con representantes no legitimados para ello y que no representan al colectivo, ahondando, aún más si cabe, el amplio malestar de este último, al ver mermados sus ingresos”.
Paralelamente a la convocatoria de Huelga, está prevista una manifestación, partir de las 10:00 horas del próximo día 09 de enero de 2015, que recorrerá las calles más importantes de la ciudad, culminando en la Concentración de sus participantes y lectura de un Manifiesto.
CCOO de Construcción y Servicios de Canarias hace un llamamiento masivo dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras, invitándolos a secundar dicha huelga, y posterior manifestación, como forma de empujar a la Dirección de Seguridad Integral Canaria a satisfacer sus reivindicaciones.
Contratar vigilantes " Piratas " conllevará multas de hasta 600.000 €
Contratar a guardas de seguridad ‘piratas’ tendrá multas de hasta 600.000
euros
Seguridad Privada. (EFE)
Fuente:
elconfidencial.com - Agustín
Rivera. Málaga 24/12/2014
La multa es
triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de
propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá
fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que
propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad
Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.
Estas sanciones
llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de
4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el
reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de
2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol
Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de
las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo
de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En
seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y
17 son “muy graves”.
El artículo 61
de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y
600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las
consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o
despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la
prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos
años, además de la cancelación de la inscripción en el registro
correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de
representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno
y dos años.
Alerta de los administradores de fincas
Los problemas
aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar
con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las
funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las
funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de
seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse
el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el
fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente
del Colegio Oficial de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El intrusismo
alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido
con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente
de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al
equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra,
también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden
realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni
pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes
policiales.
“Basándose en
la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad,
determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros
no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el
procedimiento.
En muchas
ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden
iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya
la Policía.
La ley potencia
la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También
matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con
la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un
recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades
no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del
Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una
serie de condiciones físicas y psíquicas.
Esta normativa
permite que los vigilantes privados actúen en más espacios yaumenten sus
oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de
seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000
personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la
Guardia Civil por separado. En 2012
facturaron más de 3.200 millones de euros.
Condenan a pagar 40.000 € a un banco porque sus cámaras recogían imágenes de la vía pública
Condenan
a pagar 40.000 euros a un banco porque sus cámaras exteriores recogían imágenes
de la vía pública
Fuente:
lainformacion.com - martes, 23/12/14
La Audiencia Nacional ha
condenado a pagar 40.001 euros a un conocido banco porque sus cámaras de
seguridad exterior de dos de sus oficinas recogiesen imágenes de las vía
pública y de los peatones sin su autorización expresa, hecho que vulnera el
artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
MADRID,
23 (EUROPA PRESS)
La
Audiencia Nacional ha condenado a pagar 40.001 euros a un conocido banco porque
sus cámaras de seguridad exterior de dos de sus oficinas recogiesen imágenes de
las vía pública y de los peatones sin su autorización expresa, hecho que
vulnera el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Concretamente,
dichas oficinas están situadas en la calle Velázquez de Madrid y en el Paseo de
Gracia de Barcelona.
La
sentencia dictada por la Audiencia Nacional al conocer del recurso presentado
por la entidad contra la resolución de la Agencia explica que "la conducta
por la que ha sido sancionado banco consiste en el tratamiento de datos de
carácter personal sin el consentimiento de sus titulares, mediante la grabación
de sus imágenes a través de un sistema de videovigilancia y mediante cámaras
instaladas en el exterior de dos edificios de su propiedad que captaban
imágenes en la vía pública".
Un
hecho que para la ley está catalogado como "infracción grave" y que
ha podido suponer a la entidad el pago de una multa de hasta 300.000 euros.
El
banco justificó el tratamiento de los datos personales, "derivado de la
colocación y funcionamiento de las cámaras de videovigilancia situadas en el
interior de las sucursales, sin consentimiento de cada uno de los afectados, en
la cobertura legal que ofrece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana".
Esta
ley permite que el Ministerio del Interior ordene la adopción de las medidas de
seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales,
comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos
que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para
terceros o sean especialmente vulnerables.
El
banco también incluyó en el recurso el hecho de que las cámaras instaladas no
grababan las imágenes, sino que "tenían por objeto controlar el acceso al
edificio donde se encuentra la sede social de la entidad, por lo que respecta a
las de la calle Velázquez de Madrid, y poder visualizar lo que ocurre en el
exterior de la oficina bancaria cuando se encuentran bajadas las persianas
blindadas instaladas para proteger la sucursal y a sus empleados y así
comprobar que haya desaparecido el peligro, por lo que atañe a las instaladas
en el Paseo de Gracia de Barcelona".
Ante
esto, la Audiencia Nacional considera que "la instalación de un circuito
de captación o recogida de imágenes a través de las cámaras de vigilancia
instaladas por la entidad recurrente en el interior y en el exterior de sus
establecimientos, que recogen imágenes de personas y vehículos que transitan
por la vía pública, al margen y con independencia de su grabación o
conservación, conlleva un tratamiento de datos de carácter personal, sujeto a
las exigencias del artículo 6 de la LOPD".
"El
hecho de que las imágenes captadas pro las cámaras exteriores no fueran
grabadas y almacenadas no enerva la gravedad de su conducta que se encuentra
caracterizada, por una parte, por el hecho de que la captación se lleve a cabo
sobre las personas que circulan por la vía pública y, por otra, por las propias
características de la entidad recurrente, que habitualmente realiza
tratamientos de datos personas de notable relevancia y volumen, por lo que cabe
exigirle un especial cuidado y diligencia en el cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos personales; a lo que cabe añadir el carácter
continuado de la infracción cometida", alega el juez.
Pese a
todo lo alegado por la entidad, la Audiencia Nacional ratificó la decisión
tomada por la Agencia Española de Protección de Datos y le impuso el pago de
una multa de 40.001 euros.
Verónica
Alarcón, abogada especializada en protección del honor y la intimidad de la
firma ePrivacidad, explica que "a pesar de que la entidad debería contar
con el consentimiento de los titulares de las imágenes, la nueva Ley de
Seguridad Privada, en vigor desde el pasado mes de junio, habilita la
utilización de cámaras que tomen imágenes de espacios públicos con fines de
seguridad privada si se contempla en su normativa específica, previa
autorización administrativa".
lunes, 22 de diciembre de 2014
Atraco Furgón: Detenido el segundo autor del robo
Detenido
el segundo atracador del furgón de Prosegur
La Gendarmería francesa
localizó al segundo autor del robo, huido desde el pasado 3 de noviembre tras
protagonizar un espectacular tiroteo en el que resultó herido el otro atracador
detenido a los cinco días en La Penilla
Fuente:
eldiariomontanes.es - REDACCIÓN DM | SANTANDER - 20 diciembre 2014
La
Policía francesa ha detenido al segundo atracador del furgón blindado de
Mercadona, en el robo perpetrado el pasado 3 de noviembre a la empresa Prosegur
que realizaba su servicio en un supermercado ubicado en el barrio de Los Ochos,
Torrelavega.
Ahora,
dos meses y medio después se da por cerrada la operación, que se salda con dos
detenidos, los dos encapuchados que armados con escopetas recortadas se
hicieran con el dinero de un furgón blindado de Prosegur cuando se disponía a
recoger la valija con la recaudación de ese día.
La
primera de las detenciones se produjo cinco días después del atraco, fue en la
Penilla de Cayón. El presunto ladron había resultado herido en el tiroteo con
la Policía cuando escapó con seis sacas de dinero.
Fuentes
de la Delegación del Gobierno han confirmado que hacía semanas que la Policía
sospechaba que el ladrón huido podría estar en Francia, por lo que la
colaboración con las autoridades galas ha sido fundamental para resolver el
caso. Varios gerdarmes le dieron el alto cuando conducía un coche con matrícula
francesa cerca de la frontera. La policia ya sospechaba que se habían repartido
el dinero poco después del asalto y que cada uno había huido por su lado.
La
primera información de la segunda detención la dió este viernes el propio
delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, en un acto en Torrelavega donde aprovechó
para reconocer y celebrar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado.
Las
investigaciones corren a cargo del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrelavega,
que es el que estaba de guardia el día del atraco. Los agentes incautaron al
primer detenido unos 400 gramos de marihuana, por lo que también se le atribuye
un delito contra la salud pública. Ello se suma a las acusaciones de tenencia
ilícita de armas y atentado, ya que en la huida casi atropella a uno de los
agentes que participó en el operativo.
El
segundo detenido deberá ser estraditado una vez se resuelvan causas que podría
tener pendientes en el país galo.
Por lo
que se refiere al segundo detenido, la jueza deberá solicitar su extradición a
las autoridades francesas. Según parece, allí debe resolver también una
acusación pendiente por robo con intimidación.
