La
seguridad privada de los partidos políticos nos costará este año electoral unos
4 millones
Estamos en año electoral y la
seguridad privada de los partidos políticos se dispara. Este año, con tantas
elecciones, las subvenciones oficiales pueden superar la cifra récord de 4
millones de euros.
Fuente:
vozpopuli.com – 15 Febrero 2015
Los
partidos políticos con representación parlamentaria reciben anualmente uno 3,5
millones de euros para pagar su seguridad privada. El Estado está obligado a
subvencionar la seguridad de los partidos en base al Real Decreto 1306/2011, de
26 de septiembre, aprobado por el último gobierno de Rodríguez Zapatero poco
antes de convocar elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011; un
decreto que regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para
sufragar sus gastos de seguridad, además de la que les brinda el propio
Ministerio del Interior.
Gracias
a ese decreto, cada mes sale una partida del Ministerio del Interior destinada
a estos gastos, que en su conjunto superaron la cifra de 3,38 millones de euros
en 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Pero los años en
los que hay elecciones, como éste, que se juntan varios procesos electorales,
esa cifra puede rebasar ampliamente los cuatro millones de euros.
En lo
relativo a las subvenciones ya fiscalizadas, casi el 50% de esa cifra se la
llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor
de 1,6 millones euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el
Gobierno y gozan de protección oficial. Hay que tener en cuenta que en 2012 el
PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las
primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos
sociales: su sede nacional y las provinciales necesitaban seguridad.
Además,
también se produjeron numerosos desahucios y se desarrolló el fenómeno del
escrache. Lo irónico es que, de resultas de todo lo anterior, el conjunto de
los ciudadanos debe subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las
manifestaciones de los propios ciudadanos.
Naturalmente,
también perciben cantidades para seguridad privada en función de su
representatividad el resto de las fuerzas parlamentarias, como la coalición
abertzale de izquierdas Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos en seguridad
privada (los cuales no fueron justificados al Tribunal de Cuentas); Coalición
Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67; Geroa Bai, con
4.753,01; Partido Aragonés, con 9.212,28; Unión del Pueblo Navarro, con
4.556,89, y Unión Progreso y Democracia.
La seguridad
del PSOE nos cuesta casi 900.000 euros
Ahora
bien, desde del PP, el segundo partido que más más gasta en seguridad privada
es el PSOE, que percibió del Estado casi 900.000 euros en 2012, la mitad
prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas también ha reñido
al PSOE, como hizo con el PP, por presentar las cuentas fuera de plazo. El
partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1,1 millones de euros
al año, unos 200.000 más de lo que percibe a través del Ministerio del Interior.
Bien es
cierto que en esa cantidad no están contabilizadas las subvenciones que percibe
el PSC en Cataluña. El partido de Miquel Iceta recibe una subvención de más de
134.000 euros para seguridad privada, pero asegura que sus gastos en ese capítulo
ascienden a 255.863,33 euros, un 52,62% más de lo que percibe del Estado.
Respecto
a Izquierda Unida, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara
ascendió en este capítulo a 154.893,01 euros, mientras que ICV, la organización
coaligada con IU en Cataluña, recibió paralelamente una subvención de 36.858,81
euros.
En
cuarto lugar de ese peculiar ranking se encuentra Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), que refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012, aunque la formación
de Rosa Díez dejó sin justificar 583,02 euros que ha tenido que reintegrar al
Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 23 del Decreto citado.
Los
gastos de los nacionalistas y del grupo mixto: el caso de Amaiur
Respecto
al resto de las fuerzas parlamentarias, los abertzales de Amaiur, por ejemplo,
percibieron 62.707,46 euros en 2012 para hacer frente a la seguridad de sus
dirigentes y sedes, aunque en ese ejercicio sólo justificaron 32.396,62 euros.
El Tribunal de Cuentas señalaba ese año que debía devolver por este concepto
30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del
Interior.
El PNV,
por su parte, recibió un total de subvenciones por valor de casi 975.000 euros,
de los que 47.588,05 fueron en concepto de gastos de seguridad. Los catalanes
de CiU fueron subvencionados con 14.086,95 euros; el Bloque Nacionalista Galego
(BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros; a la Chunta Aragonesista se le
sufragó su seguridad con 8.368,02 euro, y ERC, la formación de Oriol Junqueras,
percibió 34.609,85, euros, aunque emitió una memoria económica justificativa
del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada
por un importe de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.
Respecto
al resto de las fuerzas parlamentarias, el Foro de Ciudadanos (FAC) de
Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones
para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros; el Partido Aragonés,
16.720,78; Coalición Canaria, 20.408,75 euros; Geroa Bai, con una diputada en
el Congreso –Uxue Barkos-, 7.338,43; UPN, 18.723,53 euros (tenía que devolver
4.556,89, según el Tribunal de Cuentas), y Entesa del Progres de Catalunya
presentó una memoria de actuación y otra económica para justificar gastos de
seguridad, los cuales decían elevarse a 255.863,33 euros.
Hay que
aclarar que estas subvenciones son independientes de las que perciben los
partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012
ascendió a un total de 210 millones de euros, tal y como desarrolló Vozpópuli
hace unas pocas fechas. Hay que destacar también que, pese a todo, los partidos
políticos parlamentarios están en la ruina, ya que deben a los bancos más de
230 millones de euros, pese a las subvenciones percibidas, tal y como informó
también este periódico.