Privatización
de la seguridad: un negocio de 3.000 millones en el que se cruzan amiguismo y
corrupción
Es un sector en el
que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero
la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate.
El negocio de la seguridad privada
es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de
intereses opacos.
Fuente: vozpopuli.com – 21 Febrero 2015 – Manuel Angel Menendez
Privatización de la
vigilancia y protección de las prisiones, de centros
militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de
la Administración General del Estado, o medidas como que
mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que
asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. La fuerte
apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la
Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de
manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones
de corrupción –como en Melilla- en relación a la seguridad
privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros
al año.
Los datos son preocupantes:
con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado
por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas
que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas derecortes
en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan a Vozpópuli sindicatos
y asociaciones profesionales de ambos cuerpos.
Y es que el de la seguridad
privada es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y
que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero
la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron
árnica al Gobierno del PP.Rajoy y Fernández Díaz se
la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos
públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados
municipios pequeños en Castilla y León.
La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad
Según los datos de Aproser,
la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490
empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por
el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña
y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la
vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de
facturación, ya que aporta el 65% del total.
Pero la cifra de negocio de
empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a
ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación
total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de
una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en
un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio
se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el
sector público.
Un ejército privado de guardias armados
Según datos oficiales, en
diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilanteshabilitados,
de los cuales sólo 82.150 estaban en activo. Paralelamente, en el sector
público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300
pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la
Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra(Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y
1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy
similares entre el total de unos y de otros.
La crisis en la seguridad
privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un
sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por
ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla-
hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur
Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar,
como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y
numerosos nombres más.
Ya en 2013, según datos del
propio gobierno a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo
de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo
en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General
del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.
Según la documentación
remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan
Carlos Corcuera, Securitas Direct España fue la receptora
del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un
total de 130.282; le seguía Prosegur España, con 22.725 contratos; Tyco
Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y
Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset
Seguridad, S.L., con 4.590.
En total, y en definitiva,
224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La
cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros
documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de
contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.
La importancia de tener amigos
Ahora bien, los sindicatos
de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas
beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio
colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos. Citan como ejemplo a Securitas
Seguridad(2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato
curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la
vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese
aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenadoCarlos Fabra,
expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la
sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.
Por esas y otras razones,
los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales.
Según fuentes sindicales,
en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la
condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha
exigido que mantengan las plantillas. UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días
después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos
millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la
plantilla.
Prosegur, la empresa que
preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725
contratos con la Administración General –según la documentación oficial en
poder de Vozpópuli- y recibe un excelente trato por el gobierno del
PP. Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantalmantienen
con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico
Trillo.
Es público que Trillo
asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era
ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros
elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de
varias unidades del Ejército!
Pero nada de esto es
extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la
presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los
exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias
Salgado. Y también es público que José María Mayor Oreja,
hermano Jaime, exministro de Interior de Aznar,
facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era
apoderado.
La privatización de la seguridad en las cárceles
Pero nada de lo anterior
parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la
desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas
empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir,
nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión
adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández
Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las
cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.
En ese punto, asociaciones
como la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) están que trinan y han denunciado
cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de
la Guardia Civil ha descendido en 7.000 guardias en los
últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil
por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y
otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible
la privatización de 67 prisiones de competencia estatal y la
integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen.
En ese punto, diversas
asociaciones de la Benemérita, como UniónGC y AUGC, han calculado encarecimientos
cercanos al 200%en la seguridad exterior de las prisiones con esta
privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de
actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante
privado.
La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés
Además, UniónGC ha
denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes
empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que,
dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también
concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al
Ministerio del señor Morenés”. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo
Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto,
vinculado al fallecido Manuel Fraga.
UniónGC también ha
denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana
al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra
forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en
segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”.
En definitiva, que en las
fuerzas de seguridad no sentó muy bien que el Gobierno firmara en 2014 un
primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue
de 800 profesionales de seguridad privada, lo que supone 41.000 euros por
vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los
33.000 de un guardia civil. Añade UniónGC: “Claro está que si tenemos en cuenta
que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol
y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández Díaz”.
Y es que Interior consiguió
la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas
encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobbyCírculo
de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las
asociaciones de guardias civiles a esta empresaria.
Con el Grupo Eulén, que
ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo
de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía
con Aznar, Juan Cotino.
En Segur Ibérica, que ha
obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como
presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de
Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado
ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se
hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración
de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general
para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de
Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.
Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local
La última en
esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales
del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no
podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a
“vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del
pasado 16 de septiembre.