AYUNTAMIENTO - Trabajadores de Marsegur
Vigilantes
'públicos' a 700 € al mes en el Ayuntamiento de Madrid
Los guardias de 44 edificios
y bibliotecas públicas contratados por la empresa Marsegur pelean en los
tribunales contra sus condiciones laborales «de esclavitud»
Fuente:
elmundo.es - MARTA BELVER Madrid 05/04/2015
Los
vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni
cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su
caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo
Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el
centro cultural Conde Duque y el Planetario...
Todos
ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de
septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de la capital (PP) para proteger
44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de un año. Hasta
entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo
la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar
esa cifra un 30%.
La
situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales,
adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según
las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un
valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja
importante: 2,2 millones. A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a
realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un
50% más barato de lo que en teoría cuesta.
La
traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los
salarios y, como consecuencia de ella, «la gente no va a trabajar motivada,
baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes; pasar de cobrar
1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias
endeudadas», explica Luis Bernal,
portavoz del Sector Seguridad Privada de CCOO.
Más que
despidos, huidas
En este
momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios
Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés:
quien encuentra algo mejor lógicamente se va». «Las empresas tiran los precios
para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la
formación hasta los uniformes».
Todo este
malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y
administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior deJusticia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue
del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por
debajo de lo establecido.
Los
sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los
trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de
los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de
conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero
sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de
diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas.
La
empresa aún no ha abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del
laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo
demandas en el juzgado.
Inspección
de Trabajo
Aún
queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando
que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de
las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se
cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad».
A todo
esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel
Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena
a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. Un portavoz de
la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del
Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales».
En el
equipo de Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa
privada y sus trabajadores. Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri
considera que el Ayuntamiento «crea esclavos».