LOS CENTROS MÁS SENSIBLES DEL
ESTADO
Interior
reforzará por ley la seguridad en las infraestructuras críticas por el
yihadismo
Policía y Guardia Civil
apoyan la creación de filtros para que no todas las empresas privadas puedan
realizar los servicios de protección de estas instalaciones básicas para la
estabilidad del país
Fuente:
elconfidencial.com - ROBERTO R. BALLESTEROS - 2.08.2015
El
Gobierno no quiere que cualquiera vigile las infraestructuras críticas. Tras el
incremento de la amenaza antiterrorista, el Ministerio del Interior se plantea
implantar filtros que impidan a vigilantes poco formados, mal pagados o que no
cumplan determinados requisitos estar al frente de unas instalaciones cuyo buen
funcionamiento preserva la estabilidad del país.
La
forma de introducir estos filtros se llevaría a cabo en el reglamento de la Ley
de Seguridad Privada, normativa aprobada en marzo de 2014 y aún pendiente de
desarrollar. El texto podría incluir una serie de criterios objetivos que
algunas empresas no cumplirían, pero que ayudarían a mantener una alta calidad
del servicio a modo de examen que deja fuera a los aspirantes no preparados.
Las
direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil ven con buenos ojos la
iniciativa -promovida por dos asociaciones empresariales-, ya que son
conscientes de que entre las más de 1.500 compañías que operan en el sector en
España hay de todo. Saben que existen firmas solventes, muchas, pero también
que se trata de un sector en el que abunda el intrusismo y donde los bajos
precios con los que muchas sociedades ganan las licitaciones son la razón de
que haya profesionales poco cualificados y que doblan turnos protegiendo las
infraestructuras más sensibles del Estado. No en vano gran parte de los más de
75.000 vigilantes que hay en activo en el país no puede presumir precisamente
de tener buenas condiciones laborales.
La
implantación de estos filtros antiempresas pirata, entienden, dejaría fuera a
sociedades poco solventes, con empleados descontentos, con procedimientos
judiciales abiertos o con problemas con la Seguridad Social, lo que podría
generar un conflicto entre la administración y parte del sector. Sin embargo,
desde la Policía y la Guardia Civil consideran que se trata de una medida
necesaria, puesto que las infraestructuras críticas son objetivo de la amenaza
yihadista, cada vez más severa para Europa en general y España en particular, y
de ser atacadas se generaría un serio problema para el conjunto de los
ciudadanos.
Buena
muestra de esta mayor intimidación yihadista es el incremento progresivo de la
alerta antiterrorista llevado a cabo por los gobiernos del continente durante
los últimos años. Actualmente, España mantiene un nivel 4, lo que supone el
segundo grado de alarma más extremo, un riesgo alto de que el país sea objeto
de un atentado por parte de los radicales islamistas.
Este
nivel supone esencialmente que los servicios de inteligencia y las fuerzas de
seguridad del Estado deben reforzar la protección de las denominadas
infraestructuras críticas. Entre estos centros que garantizan el normal
funcionamiento de España se encuentran las centrales eléctricas, hidrológicas,
petroleras y nucleares -que suministran la energía a los hogares y las
empresas- o los principales núcleos de transporte aéreo, terrestre y marítimo
(aeropuertos, estaciones centrales de ferrocarril, etc.).
Aunque
España no es el principal foco de atención de los yihadistas en Europa, el
Gobierno elevó por prudencia el nivel de alerta con el fin de activar todas las
medidas de protección necesarias para cubrir la posibilidad de que el país
ascendiera en la lista de objetivos de los terroristas. No en vano, España ya
sufrió el 11M y los yihadistas de Al Qaeda o del ISIS siguen manteniendo sus
reivindicaciones sobre Al Andalus a pesar de que no cuentan con personal que
domine el idioma en su aparato de propaganda, lo que limita la posibilidad de
actuar en nuestro territorio.
El
reglamento de la Ley de Seguridad Privada ya cuenta con un borrador aprobado
por las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil que incluye
399 artículos e integra el anterior texto del mismo rango así como todas las
órdenes ministeriales que existen sobre el asunto. Las fuentes consultadas, sin
embargo, no concretan si este borrador, que ahora será revisado por los
servicios jurídicos del Ministerio del Interior, incluye ya la propuesta de las
asociaciones empresariales. Tras el examen de los expertos legales, el texto
pasará al trámite de audiencia -donde estas agrupaciones, los sindicatos y
cualquier afectado podrá incluir alegaciones-, antes de llegar al Congreso y al
Senado. Todos estos pasos que aún quedan por andar en este camino hacen pensar
que la medida difícilmente será aprobada en esta legislatura.
La
iniciativa de reforzar las exigencias a las empresas de seguridad se encardina
en el nuevo espíritu de la Ley de Seguridad Privada, que entiende que las
compañías privadas tienen una función complementaria a la labor que realizan la
Policía y la Guardia Civil. Ahora, por lo tanto, los vigilantes -por concretar
en su figura la labor de las empresas- ya no solo están subordinados a las
fuerzas de seguridad públicas, como hasta el momento, sino que también les
ayudan en su labor de protección ciudadana.
Este
carácter complementario que subyace de la norma conlleva que hay funciones de
la seguridad pública que pueden realizar empresas privadas, siempre que cumplan
con las garantías suficientes, y da margen al Gobierno para ampliar la
privatización de servicios que hasta el momento corrían a cargo de las fuerzas
públicas en exclusiva. Este carácter complementario, por otro lado, reconoce
legalmente algo que ya se estaba realizando en la práctica en escenarios como
el Metro, un espacio público en el que la seguridad es responsabilidad de una
empresa privada.
La
complementariedad, por otro lado, ha estado en el origen de la polémica que
suscitó inicialmente la norma, que fue recogida por la opinión pública como una
licencia legal para privatizar la seguridad pública y que, de hecho, obligó al
Gobierno a matizar algunos puntos conflictivos.