Quince vigilantes de juzgados demandan a la empresa tras dos meses sin
cobrar
La mercantil se
escuda en que la Generalitat le debe dinero y la Conselleria de Hacienda dice
que pagará el día 16.
La deuda de la administración autonómica sobrepasa los 1,8 millones de
euros.
Fuente: diarioinformacion.com
Una quincena
de vigilantes de seguridad de la provincia han interpuesto de forma coordinada
demandas de reclamación de cantidad después de acumular dos meses sin cobrar
sus salarios, según el bufete de abogados que les representa. Algunos de ellos,
representados por el despacho Pretor Abogados, también han solicitado la
extinción de la relación laboral, que equivaldría a un despido improcedente,
puesto que pese a no cobrar su salario tienen que seguir yendo a trabajar para
que no se les aplique una baja voluntaria.
Tras ver cómo
pasaban los meses de octubre y noviembre sin recibir sus sueldos, los
trabajadores lamentan que la empresa no les dé respuesta más allá de
comunicarles extraoficialmente que no puede hacer frente a las nóminas por
impagos de la Generalitat Valenciana.
La mercantil
CECA Seguridad, adjudicataria del contrato de vigilancia de las sedes judiciales
de la comunidad, no ha respondido por su parte a las preguntas de este diario.
Por otro lado, la Conselleria de Hacienda sí ha confirmado que mantiene una
deuda con la mercantil, aunque sin precisar qué parte de esa deuda corresponde
al contrato de vigilancia de sedes judiciales o si tiene que ver con otras
adjudicaciones.
En cualquier
caso, la administración asegura que la mercantil está incluida en un plan de
pago a proveedores y que el montante total de la deuda se satisfará el día 16.
Según ha podido saber este diario, la cantidad prevista para abonar a empresa
1.685.507 euros, si bien la administración desconoce qué parte equivaldría a lo
salarios de los trabajadores.
Mientras
tanto, los trabajadores demandantes están convocados unos días después para un
acto de conciliación en la dirección Territorial de Ocupación y Trabajo, en un
encuentro previo con la empresa que podría, en caso de compromiso de pago,
evitar que la demanda tenga que resolverse en un juicio que podría no llegar a
señalarse hasta dentro de varios meses.
Los empleados
ya se encontraron en 2013 en una situación similar, con varios meses de atrasos
en sus nóminas.