La
Policía dejó de recaudar 15.000 millones de euros en sanciones a empresas de
seguridad privada
La Intersindical Sindicato de
Trabajadores de Seguridad Privada denuncia al número dos de la Policía, Eugenio
Pino, y a cinco mandos policiales ante el Ministerio del Interior por faltas
graves
Fuente:
publico.es – 4 de Febrero de 2016 -PATRICIA LÓPEZ
MADRID.-
La Intersindical-Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada
(Intersindical-STSP) denunció a seis mandos policiales ante el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, por vulnerar las órdenes ministeriales que obligan a la
Policía a vigilar los materiales y actuaciones de las grandes empresas de
seguridad privada. En concreto, las denuncias indican que el Cuerpo Nacional de
Policía debía haber sancionado por valor de 15.000 millones de euros a
diferentes sociedades por no instalar material de seguridad homologado en
viviendas, empresas e instituciones.
Tras
más de un año denunciando estos hechos tanto en los tribunales como ente los
mandos de la Dirección General de la Policía, el sindicato ha decidido
solicitar al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto contra seis
mandos policiales y también va a solicitar que se investigue al director
general, Ignacio Cosidó, por la inacción ante el problema que compete a las
grandes empresas de seguridad privada y parte de la cúpula policial que podría
haber incurrido en un delito de prevaricación.
Entre
los seis denunciados por ahora ante el Ministerio del Interior se encuentra el
Director Adjunto Operativo (DAO), el comisario Eugenio Pino, y cinco altos
mandos de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP): Rafael Navarro, jefe
de Sección de la Brigada Operativa de Empresas de la UCSP; Esteban Gándara
Trueba, comisario Jefe de la UCSP; Juan Carlos Castro Estevez, mando de la
Dirección General de la Policía; Miguel A. Bayo Herranz, Jefe del Área de
Coordinación y Apoyo; David Calvete (UCSP Fraudes) y Antonio Cámara Arias, Jefe
de Brigada de Inspección e investigación.
Según
las denuncias presentadas por el sindicato, los mandos policiales colocados por
el Partido Popular al llegar al Gobierno vulneraron las órdenes ministeriales
que en 2011 dictó el Ministerio de Interior de José Luis Rodríguez Zapatero en
cuanto a la homologación e instalación de diferentes dispositivos para la
vigilancia.
En
concreto, las denuncias explican que las órdenes ministeriales de febrero y
agosto de 2011 eran de “obligado cumplimiento, para aquellos sistemas de
seguridad (intrusión, control de accesos, CCTV, sistemas de alarma social,
sistemas y equipos de transmisión de alarmas, sistemas combinados o
integrados), que se pretendiesen conectar a una central receptora de alarmas,
centro de control y/o de videovigilancia a partir del 18 de agosto de 2011 y
sobre nuevas instalaciones".
Ello
quería decir que estos productos debían estar fabricados bajo las
especificaciones técnicas o criterios que recogían las normas de dichas
órdenes, contar con la evaluación de ser testados y/o ensayados por
laboratorios de ensayo acreditados y contar con la certificación de conformidad
o de producto por organismos de control acreditados.
Cada
infracción cometida por las grandes empresas de seguridad, y que se cuentan por
miles, según los denunciantes, debían conllevar una sanción de hasta 30.000
euros. Según los responsables sindicales, “según nuestros cálculos, la cuantía
que se ha dejado de recaudar por la Policía para Hacienda asciende a los 15.000
millones de euros”.
Inacción
de la Policía
Este
sindicato lleva desde el 19 de febrero de 2015 informando al número dos de la
Policía, el comisario Eugenio Pino, de “las graves irregularidades”
presuntamente cometidas por Esteban Gándara Trueba, comisario Jefe de la UCSP,
entre las que estarían, además de dejar sin efecto las órdenes ministeriales
sin informar a los consumidores, el contravenir “de manera arbitraria” las
órdenes de Interior; ordenar a sus subordinados incumplir varias órdenes
ministeriales firmadas y sancionadas por el anterior ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba”; y negarse “a cumplir y hacer cumplir la normativa de
seguridad privada”.
Estos
hechos fueron puestos en conocimiento del comisario Eugenio Pino en febrero de
2015, en un escrito en el que se informaba de "las graves irregularidades
que se dan en el sector de la Seguridad Física y Electrónica desde el 18 de
agosto de 2011, como consecuencia de las actuaciones de Esteban Gándara Trueba,
Comisario Jefe de la UCSP, y que afectan al cien por cien del sector: empresas
de seguridad, laboratorios, organismos de control y certificación,
distribuidoras y empresas de seguridad”.
Un
ejemplo de estas denuncias es la interpuesta el 20 de mayo de 2015 contra
Securitas Direct “por la instalación de miles de sistemas de seguridad sin
homologar que incumplen lo dispuesto en la anterior y actual Ley de Seguridad
Privada, y Órdenes Ministeriales que entraron en vigor el 18 de agosto de 2011,
y por posible delito de estafa”.
Sin
embargo, “a pesar de tener conocimiento de lo ocurrido, porque se le comunicó
en febrero de 2015, y en la denuncia se explican los hechos y se aporta la
documentación que los acredita, registran la denuncia en el Juzgado de
Instrucción, sin realizar ningún tipo de informe desde la DGP y sin informar al
juez de que lo denunciado es consecuencia de la propia actuación de la Policía
Nacional en la UCSP. Es decir, que no informan al juez de que es la propia
Policía Nacional la que ha autorizado la instalación de esos sistemas de
seguridad no homologados”.
El
sindicato asegura que “a pesar de que en la denuncia se habla de miles de
sistemas de seguridad sin homologar, la Policía Nacional reduce la denuncia a
un solo caso que estaba siendo instruido en el Juzgado de Instrucción nº 5 de
Arganda del Rey, y en el que sólo se trataba una mínima parte de lo denunciado.
Todo con la única finalidad de “quitarse la denuncia de encima”.
La Intersindical-STSP
asegura que “la inacción de Eugenio Pino ante los hechos que se denunciaron en
los meses de febrero y mayo de 2015, podría ser constitutiva de faltas graves y
muy graves. Al margen de los cuantiosos daños económicos que esta situación está
provocando en numerosas instalaciones, desde el 18 de agosto de 2011, se
habrían dejado de incoar expedientes sancionadores por instalación de material
no homologado, por no menos de 15.000 millones de euros”.