- La vigilancia de 71 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid recae por 9,4 millones de euros en una UTE integrada por Sasegur, compañía fundada por Jesús Capote, exconcejal popular de Urbanismo en Navalcarnero.
- El contrato se ha otorgado "con el precio como único criterio de adjudicación".
Fuente: vozpopuli.com
– 09/03/2016
Uno de
los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de
Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la
región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas)
integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras
diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que
fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador
único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de
la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que
se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye
desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos.
El
Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el
contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido
concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único
criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas
desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de
ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel
Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover
"la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran
presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo,
ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si
bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.
El
Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas
concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE
con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la
firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En
concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes
judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a
convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en
abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga
terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas,
Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a
seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de
marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra,
acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones
de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.
Mientras
Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE
Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000
euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes
citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la
Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el
Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber
tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus
recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y
Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de
su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica.
Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las
tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable
económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los
costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los
pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de
seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia...
De este
modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre
todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes
con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270
a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio
de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía
menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el
Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes,
más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el
aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora
general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los
motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.
Asimismo,
Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y
presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de
dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su
prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca,
además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque
"estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".
El
indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente
En
relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no
fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que
establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su
participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad
Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente
del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto
Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena
a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En
2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un
espacio protegido.
En el
supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no
se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al
tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se
caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra
premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa
económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la
Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación de
Ciudadanos: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia
(Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su
tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la
Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1,
establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por
personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada
normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás
disposiciones concordantes".
El pasado
enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes
había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de
menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación
morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por
40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por
Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial
encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los
sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal.