La
empresa de seguridad acumulaba nóminas atrasadas de 80 vigilantes de edificios
judiciales. La 'conselleria' encarga de emergencia a CLECE (ACS) que asuma la
tarea
Fuente: .elconfidencial.com - VÍCTOR ROMERO. VALENCIA - 23 de Mayo de 2016
La
Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un
procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales
que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia,
Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a
sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la
Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La
drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los
profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio
clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad
Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida
con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera
provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación
del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se
adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada
reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y
dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El
secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración
de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo
responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de
seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los
"reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus
obligaciones con la Administración como con su propio personal".
Puchades
ha agradecido "la colaboración activa de los sindicatos representativos de
los trabajadores de la empresa cesante durante este largo proceso para
solucionar esta situación", que ha provocado "una reiterada reducción
del número de vigilantes que debería prestar el servicio, con el consiguiente
riesgo para los edificios e instalaciones judiciales y, en especial, para los
usuarios y personas que trabajan en ellos".
600.000 euros del FLA en
diciembre
El
conflicto con la empresa de seguridad se remonta a 2013, cuando, como
consecuencia de la demora en los pagos por parte de la Generalitat, CECA
comenzó a ser incapaz de afrontar las nóminas de sus vigilantes. Los profesionales
han llegado a acumular cinco mensualidades sin cobrar. La deuda con la
Conselleria de Justicia llegó a alcanzar los 1,8 millones. Sin embargo, el
departamento de la Generalitat sostiene que ya está al corriente de pago, que
en diciembre CECA recibió 600.000 euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)
y que, sin embargo, sigue sin pagar a los vigilantes, lo que ha obligado a
rescindir el contrato por razones de emergencia.
CECA ha
llegado a tener 340 trabajadores y a encargarse de la seguridad de numerosos
departamentos de la Generalitat valenciana, además del área de Justicia. Se ha
adjudicado contratos en hospitales, edificios administrativos y sedes de varias
'consellerias'. El paso dado por la Conselleria de Justicia es el primero de
otros posibles.
La
Federación de Trabajadores Seguridad Privada (FTSP) de USO sostiene que la
empresa de seguridad debe 300.000 euros a la Seguridad Social, que sus
trabajadores llevan cinco meses sin cobrar y que la compañía debería acogerse a
la Ley Concursal. Una de las aspiraciones de los trabajadores asignados a los
edificios judiciales era que el nuevo prestador del servicio se subrogase tanto
los contratos como la deuda. Pero todo indica que ahora se abrirá una
negociación para que CLECE se avenga a contratar a los vigilantes que
trabajaban para CECA.