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De Ferrovial a G4S:
empresas que se lucran con los centros de detención de inmigrantes
- Broadspectrum, ahora propiedad de la española Ferrovial, dirige dos controvertidos centros en Australia cuyas actividades no tiene previsto cesar a corto plazo
- G4S ha sido denunciada en Reino Unido por aprovecharse de internos para realizar labores por sueldos de miseria
- GEO, la gran dominadora de los centros de detención de inmigrantes en EEUU, ha visto cómo las transferencias del Gobierno federal pasan de suponer el 27% de sus ingresos totales en 2005 al 42% de 2014
Fuente:
eldiario.es - Moha Gerehou 17/05/2016
La
crisis migratoria actual ha aumentado el número de personas que se mueven
por todo el mundo hasta cifras nunca vistas desde la II
Guerra Mundial. De todas ellas un porcentaje termina
recluido en centros a la espera de una resolución sobre su futuro.
En
su libro El negocio de la xenofobia, la jurista y activista
francesa Claire Rodier pone en cuestión la relación entre empresas
privadas cuya actividad depende del control migratorio y el endurecimiento de
las leyes y actuaciones policiales de cara a rentabilizar ese tipo
de centros. Ahora, a las compañías veteranas en el sector acaba de
unirse la española Ferrovial, que se suma al grupo de empresas que hacen
negocio con los centros de detención de inmigrantes.
Ferrovial
A
finales del mes pasado, la constructora que preside y controla Rafael del
Pino se garantizaba el control de la australiana Broadspectrum. Con esta adquisición,
Ferrovial, que entra de lleno en un mercado todavía no muy transitado por
las empresas españolas, el australiano, llevaba dos años luchando por la
adquisición de Broadspectrum, pero tuvo que ser una sentencia de
inconstitucionalidad sobre uno de los centros de detención gestionados por la
australiana lo que precipitó los
acontecimientos.
Broadspectrum, antes conocida como Transfield,
lleva años generando protestas en Australia por su gestión de los centros
de detención de inmigrantes y refugiados en Nauru y Manus, situados en los
países oceánicos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, respectivamente. Ambos son
financiados por el Gobierno australiano, que con esta externalización de la
frontera persigue evitar la llegada de personas que quieran acceder por
mar a Australia. Multitud de ONG han denunciado las situaciones que tienen
lugar entre las paredes de los centros, como abusos sexuales a niños y
mujeres o pésimas condiciones de vida de los internos.
Ferrovial,
tras adquirir Broadspectrum, aseguró en una nota de prensa que
ambos centros de detención no fueron “un elemento relevante en la valoración de
la compañía” y que “dichas actividades no formarán parte de la oferta de
servicios de Broadspectrum en el futuro”. Pero ya antes de la adquisición en
febrero la compañía australiana extendió su control sobre los
dos centros por un año más, aunque su intención era firmar un amplio
contrato de 5 años que finalmente no se concretó.
Los
centros son parte importante del negocio de Broadspectrum. Si bien este cayó de
2014 a 2015 un 2%, a finales del año pasado le
reportó 285 millones de dólares netos.
G4S
Prácticamente
desconocida para la gran mayoría, esta empresa británica dedicada a proveer
servicios de seguridad es una de las mayores empleadoras del mundo, con más de
600.000 trabajadores. Su cartera abarca sectores como la industria
extractiva (petróleo, gas y minería), instituciones financieras o el
transporte. Pero una de las patas más importantes está en el control de
fronteras y los flujos migratorios.
Reino
Unido es uno de los países donde G4S tiene mayor presencia en centros de
detención. En 2014, el Ministerio del Interior británico publicó que G4S y
otras empresas del sector se aprovechaban de los internos, a los que hacían
trabajar con sueldos de miseria. Calcularon que por las 45.000 horas de
trabajo que hicieron en mayo de 2014 pagaron 45.500 libras. The Guardian hizo la proyección y
demostró que, de haberles pagado el salario mínimo, el coste habría sido seis
veces mayor, superior a las 280.000 libras. No obstante y como denuncia The Mirror,
pese a esa denuncia, el Gobierno británico es uno de los clientes
principales de G4S.
La
compañía británica era la encargada de controlar los centros de Manus y Nauru
hasta que pasaron al control de Broadspectrum. El grupo mediático australiano
Fairfax Media investigó los costes del centro y extrajo algunas
conclusiones impactantes, como la de que el coste diario que suponía cada
interno para el Gobierno australiano era de unos 900
dólares, el equivalente al precio de una suite lujosa en un hotel de cinco
estrellas de Sydney. Fairfax Media también denunció el uso de paraísos fiscales por
parte de la división australiana de G4S en lugares como las Islas Vírgenes
británicas, Islas Caimán o Luxemburgo.
Serco
Gran
Bretaña es la gran cuna de los servicios de seguridad, especialmente si
hablamos de centros de detención de inmigrantes. Serco es otra de las compañías
especializadas en este ámbito y que como G4S también opera en Australia, donde
está en la carrera por hacerse con un contrato valorado en 1.000
millones de dólares. Un periodista de The Global Mail se infiltró como trabajador en uno
de los centros de detención de inmigrantes gestionado por Serco y documentó de
primera mano las pésimas condiciones en las que mantenían a los internos, mucho
peores que las de una cárcel.
La
empresa no se limita al territorio australiano. The Guardian sacó a la luz en 2015
un documento en el que Serco buscaba ampliar su negocio en
Estados Unidos. Bajo el mandato de Barack Obama ha crecido el uso de los
controvertidos centros de detención para familias migrantes, especialmente para
las procedentes de Centroamérica. Aunque están gestionados por el
Estado, la compañía británica tiene en marcha una campaña de lobby en
Washington para que en un futuro pasen a su poder.
Serco
ha sido una de las empresas que ha puesto el grito en el cielo con la crisis de
refugiados, tras ver cómo sus ingresos descienden por la mayor afluencia de
personas de larga estancia en sus centros. Según denuncian, tener
en sus instalaciones a un solicitante de asilo durante un año tiene un coste de
4.500 libras, un montante superior a las 3.500 que les paga el Gobierno
británico. Estas cifras no han impedido la firma de un contrato de 115 millones
de libras para seguir ofreciendo este servicio hasta 2019.
GEO
Esta
compañía radicada en Florida es la gran dominadora en Estados Unidos. La
frontera con México es su principal fuente de internos pero su negocio se
extiende por todo el territorio americano. El número de personas que cruza la
frontera desde el país centroamericano ha descendido hasta niveles de 1970,
pero el gasto del Gobierno en la zona ha aumentado considerablemente desde
2006, lo que se ha traducido en 14.000 camas más que en ese ejercicio.
Actualmente,
GEO controla cinco de los diez mayores centros de detención de inmigrantes de
Estados Unidos. El coste para sus cuentas es de unos 100 dólares por
interno, pero su rentabilidad y los ingresos no ha hecho más que crecer.Según el Center
for American Progress, los cuatro millones de dólares gastados
por G EO para hacer lobby en Washington han dado sus frutos: si
en 2005 los contratos con el Gobierno estadounidense suponían un 27% de sus
ingresos, en 2014 ya eran el 42%.
Uno de los centros más importantes gestionados
por G EO es el de Adelanto, en el Estado de California y que,
como el propio grupo explica en su web, tiene capacidad para casi 2.000
personas. Según Los Angeles Times,
la última ampliación del centro tuvo un coste para la empresa de 45 millones de
dólares, pero la reforma ha supuesto un aumento de 21 millones en sus beneficios
anuales. G EO no es la única beneficiada, ya que un regidor de
la localidad aseguró que cada cama ocupada por un interno se traduce
en 75 centavos diarios para las arcas de la ciudad.