SAN FERNANDO | ENTREVISTA
El
asesinato del vigilante del atunero vasco "pudo haberse evitado"
Fuente:
andaluciainformacion.es/ ANTONIO ATIENZA - 08/05/2016
Juan
Manuel Marchante Martínez, el vigilante de seguridad presuntamente asesinado el
pasado 8 de abril, cuando prestaba servicio en el atunero vasco Txori Gorri no
debió morir a manos de su compañero. La empresa debería haber reemplazado a su
presunto asesino cuando recibió varias comunicaciones de Marchante sobre el
estado de su subordinado.
¿Qué es
lo que evitó que se produjera ese reemplazo a pesar de que Juan Manuel
Marchante debía tener la consideración de la empresa, tanto por su experiencia
–fue infante de marina- como por sus dotes de mando? Posiblemente los gastos
que ocasionaba el reemplazo del vigilante o el poco tiempo que quedaba para
terminar su misión.
De
todas formas, tres personas en un barco no darían abasto para repeler un
ataque. Se necesitan al menos cuatro y si puede ser, cinco. No sólo por
cuestiones de operatividad, sino porque se trata de un destino muy distinto a
los habituales en los vigilantes de seguridad al unirse tanto los riesgos de la
misión como el aislamiento durante seis meses. Una bomba de relojería en
cualquier persona con algún tipo de perturbación. No necesariamente porque no
estuviera en condiciones de embarcar, sino porque la presión hubiera podido con
ella.
Esas
son algunas de las conclusiones a las que llega Sergio G. Ueda Tsuboyama,
director de seguridad y perito en seguridad ciudadana y seguridad privada,
además de docente en seguridad privada en la empresa Quorum Formación.
La
cuestión ha salido a la luz debido a los últimos casos que han ocurrido, el de
la muerte de joven isleño es el que ha encendido todas las alarmas y que ponen
en entredicho a todo un sector en el que los intereses de las empresas de
formación no siempre coinciden con los de las empresas contratantes, amén de
que se ha aprobado una Ley que se ha quedado corta para conseguir los
propósitos que han venido demandando los enseñantes.
La Ley
de Seguridad Privada 5/2014 fue aprobada hace ya dos años y “aún seguimos sin
un reglamento acorde a dicha normativa que regularice y ayude a modernizar el sector. Muchos pensábamos que la seguridad
privada se iba a regularizar de forma real y efectiva, que no iba a ser un
‘lavado de cara’”.
Distintos
especialistas coinciden en que a esta ley le falta mucho para llegar a ser tan
efectiva como debería ser. Las agresiones hacia vigilantes de seguridad y la
desprotección frente a éstas, que es una de las más viejas reivindicaciones de
este sector, aún no se materializa de forma real y efectiva. Así como las horas
de formación que deberían incrementarse tampoco han visto una transformación
cercana a la realidad. Y finalmente, la realización de pruebas
psicotécnicas y evaluaciones
psicológicas periódicas, así como toxicológicas simplemente no figuran en esta
nueva ley.
Sobre
el tema de la protección jurídico-legal “he sido claro con respecto a mi
posición en cuanto a que la protección jurídica debe ir acompañada de una mayor
formación y de la mano de una mayor selección de mejores profesionales a través
de exámenes psicotécnicos, toxicológicos y psicológicos”. Esto no va a
garantizar que se “cuele” alguna persona desequilibrada o aficionada a
sustancias tóxicas, pero sí sería un primer gran paso para quedarse con los
mejores trabajadores de la seguridad privada.
“Aunque
no conozco a fondo los pormenores de tremendo caso, me atrevería a decir que
este caso guarda mucha similitud y es fiel reflejo de lo que acontece en muchos
servicios. Es decir, las empresas a través de sus respectivos jefes saben
perfectamente lo que acontece en cada servicio, pudiendo muchas veces prevenir
estos actos, pero por dejadez, desidia o simplemente porque no les interesa el
bienestar psicológico de los demás trabajadores no hacen absolutamente nada”,
dice Ueda.
Limitándose
a lo que se ha sabido por la prensa y a lo que le han contado compañeros del
sector, Marchante informó hasta en tres ocasiones a sus superiores del
comportamiento del otro vigilante. “ ¿Quién tiene entonces la verdadera
responsabilidad de lo que allí sucedió? ¿La empresa por hacer caso omiso a su
responsable de equipo? ¿La UCSP por no ejercer un real control de los cursos
que se imparten? ¿O el Ministerio del Interior por no exigir un control
psicológico y psicotécnico a los vigilantes de seguridad?, se pregunta Ueda.
“Como
se puede ver, el trágico resultado es la suma de una serie de errores que ha
desembocado en este luctuoso hecho, que desde mi humilde punto de vista se pudo
haber evitado si la empresa de seguridad hubiera desembarcado al presunto
homicida al primer informe recibido”, dice de forma concluyente.
“¿Y por
qué digo también que la Unidad Central de Seguridad Privada tiene parte de
culpa? Porque sencillamente ellos a través de la Unidad de Doctrina y Educación
deberían incrementar las horas de formación para los cursos de formación
específica, que es uno de los requisitos básicos para subirse a un barco”.
Ueda
considera “imposible y una tarea harto difícil” que un vigilante aprenda en
diez horas (porque las otras diez son no presenciales) las normas básicas de
combate en un barco, o cómo actuar frente a un ataque terrorista o cómo repeler
un abordaje. Todo esto no se aprende en una tarde.
¿Y el
Ministerio del Interior? “Pues la culpa de ellos es permitir que vayan en un
atunero sólo tres vigilantes de seguridad ¿Y cuándo descansaba este personal?
¿Cuando tocaba tierra solamente? A todas luces se ve que se permitió la salida
a faenar de dicho barco con sólo tres agentes, cuando lo normal son cuatro o
cinco”.
Pero el
perito todavía llega más lejos.¿Cómo se permitió que un vigilante de seguridad
con un perfil un tanto violento, siga embarcado tantos días? “Aquí es donde
radica la responsabilidad de la empresa. También es preciso aclarar una
cuestión que la prensa por desconocimiento ha estado propagando: la evaluación
psicológica que realizan los vigilantes de seguridad para obtener la licencia
de armas es solamente una sola vez antes de obtenerla, y cada cinco años se
repite de nuevo”.
Esta
evaluación se puede hacer en cualquier clínica o consulta privada. “Mi
sugerencia es que al igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
o la Guardia Civil, los vigilantes de seguridad deberían ser evaluados por
estos psicólogos adscritos a estos cuerpos. Pero no sólo para la obtención de
la licencia de armas, sino para el acceso mismo a la profesión. Estoy seguro
que de esta forma limitaríamos el acceso a esta profesión de un gran número de
personas que ve en la seguridad privada un medio de escape a sus frustraciones
o una válvula de escape o quizás se piensa que en este trabajo tendrá emociones
fuertes”.
El
trabajo de la seguridad privada es un sector que quema mucho, ya que el
vigilante se haya en medio de muchas decisiones a las que a veces tiene que
hacer frente y no quiere quedar mal ni con el cliente ni con la empresa, dice
Ueda.
Y más
si el cliente no tiene ni idea que a ese trabajador lo regula una ley, la misma
que regula faltas y sanciones de empresas y personal de seguridad. De hecho hay
el artículo 30 habla de los principios de actuación. “Además de lo establecido
en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus
actuaciones a los siguientes principios básicos: Legalidad, integridad,
dignidad en el ejercicio de sus funciones, orrección en el trato con los
ciudadanos, congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación
proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
También
habla de la proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de
investigación, de la reserva profesional sobre los hechos que conozca en el
ejercicio de sus funciones y de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. El personal de seguridad privada estará obligado a auxiliar y
colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a facilitarles
la información que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, y a
seguir sus instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que
estuvieren prestando”.
¿Cuántas
veces no hemos leído o sido testigos de alguna mala actuación de algún
vigilante de seguridad? ¿Quién tiene la culpa entonces si un vigilante trata
mal a la gente, no actúa dignamente, o se dedica a divulgar “sin querer
queriendo” secretos profesionales que guarden relación con su servicio, etc,
etc?
“Pienso
que el único culpable es la empresa que permite todas estas actitudes en los
malos profesionales. Y claro, los malos trabajadores estarán siempre encantados
con este tipo de empresas y de malos jefes”.
“Sea
como fuere, me atrevo a decir que este no será el último caso que suceda, es
triste reconocerlo pero es la verdad. Y ya sabemos que decir la verdad en este
país no es políticamente correcto”, dice Ueda, a la vez que se pregunta cuantos
vigilantes más tienen que morir asesinados para que las autoridades competentes
tomen cartas en el asunto.
¿Hasta
cuándo tendremos que tolerar malas actuaciones de gente que no tiene la más
remota idea de los que es brindar vigilancia y protección? “Cuando me he
pronunciado sobre este tema en congresos o en algunos foros, la gente siempre
se piensa que hablo de los nuevos vigilantes de seguridad, pero no; tanto entre
trabajadores muy antiguos como entre los nuevos he encontrado gente frustrada o
que se cree que por tener 15 ó 20 años de vigilante ya lo sabe todo y no acepta
que el ser humano está en constante aprendizaje. Como siempre digo a mis
alumnos “el primero que está aquí para aprender soy yo”.