Hacienda
suspende un contrato millonario del Banco de España por posibles trabas a la
competencia
- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspende cautelarmente un concurso para adjudicar el servicio de vigilancia de las dos sedes del supervisor bancario en Madrid
- Una asociación de empresas de seguridad reclamó ante el tribunal, dependiente de Hacienda, por entender que exigir un número determinado de vigilantes a los licitadores restringe la competencia
- El contrato, que el organismo ya intentó adjudicar antes del verano, está valorado en un máximo de 34 millones hasta un máximo de seis años
Fuente:
eldiario.es - Antonio M. Vélez 18/08/2016
El
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, ha obligado al Banco de España a
suspender cautelarmente la tramitación de un millonario concurso para adjudicar
el servicio de vigilancia de sus dos sedes en Madrid tras el recurso de una
asociación profesional por posibles trabas a la libre competencia.
El
procedimiento lleva meses empantanado: en junio, el supervisor bancario ya
anuló otro concurso idéntico (aunque por un importe inferior) tras detectar un
"error no subsanable" en el pliego de condiciones.
Según
consta en la web del Banco de España, el 8 de agosto el Tribunal de Recursos
Contractuales suspendió provisionalmente el procedimiento para adjudicar los
servicios de vigilancia y seguridad en los edificios del organismo en el número
48 de la calle de Alcalá (su emblemática sede junto a la plaza de Cibeles) y en
el número 522 de esa misma vía, en el distrito de San Blas-Canillejas.
El
contrato, licitado por el procedimiento restringido (sólo pueden presentar
ofertas empresas seleccionadas previamente) está valorado en hasta
34.612.482,80 euros, incluyendo IVA y posibles prórrogas (hasta un máximo de
seis años). El plazo de presentación de ofertas finalizó el 15 de julio. El
servicio debía empezar a prestarse a partir de noviembre.
El
tribunal ha suspendido el procedimiento tras el recurso de una asociación de
empresas de seguridad, que argumentó que la exigencia de contar con un número
determinado de vigilantes en plantilla y en la Comunidad de Madrid vulneraba la
libre competencia, explican fuentes conocedoras del proceso.
Elpliego de condiciones del contrato exigía al adjudicatario contar con al menos
2.000 vigilantes en España y 500 en la Comunidad de Madrid, “excluyendo los de
transporte de fondos y de sistemas y alarmas”. El Banco de España ha expuesto
en sus alegaciones que el servicio requiere un número elevado de efectivos, con
posibilidad de ser reforzado en momentos puntuales.
La
suspensión de la licitación no es firme. El tribunal no ha resuelto sobre el
fondo del asunto y no está previsto que ocurra hasta después del verano. El
órgano dependiente de Hacienda puede ordenar repetir el procedimiento desde
cero o reanudarlo.
La
duración inicial del contrato es de tres años, prorrogables anualmente hasta
seis. El presupuesto es de un mínimo de 11.566.750,43 euros (13.995.768,02
euros, IVA incluido) por los tres años y un máximo (incluyendo prórrogas y
modificaciones) de 28.605.357,69 euros (34.612.482,80 euros, IVA incluido).
Segundo
intento
El
pasado 3 de junio, el Banco de España comunicó el desestimiento en un concurso
para adjudicar el mismo servicio “al haberse advertido un error no
subsanable" en el pliego de condiciones. El contrato era por el mismo
plazo (hasta seis años) y por un importe máximo de 12.471.852,89 euros (IVA
incluido).
La
enorme diferencia en el importe (el valor máximo del contrato es ahora
prácticamente el triple) se explica, según fuentes próximas al organismo, por
la entrada en vigor, el 1 de mayo, de las nuevas normas de contratación del
Banco de España, que exigen que la valoración de las licitaciones tengan en
cuenta las posibles prórrogas (antes no se computaban). Si sólo se tiene en
cuenta el precio por los tres primeros años, el valor máximo del concurso que
ahora ha suspendido Hacienda es un 12,2% superior.
Unos
días antes de desistir de ese procedimiento en junio, el organismo comunicó las
cinco empresas a las que había seleccionado para que presentasen ofertas. Entre
ellas estaba Prosegur, líder de la seguridad privada en España, que es la que
presta actualmente este servicio.
Adalid
de la competencia
El
aumento de la competencia es objeto habitual de la atención del supervisor
bancario. Su último informe anual le dedica un amplio espacio y subraya que
"reformas que aumentan el grado de competencia en el mercado de bienes y
servicios permiten maximizar los efectos positivos de la contención salarial,
ya que fomentan una mayor traslación de las ganancias competitivas en términos
de costes a precios y, por tanto, sus efectos sobre los flujos exteriores de la
economía".
"Una
mayor competencia en los mercados de bienes y servicios favorece la
flexibilidad de los precios y salarios, potencia el impacto del ajuste de estos
sobre el tipo de cambio real y, por ello, mejora la competitividad",
añade.
Aunque
no es uno de sus mayores caballos de batalla, el gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, también suele citar las bondades de la libre competencia
en sus discursos. El mes pasado alabó en Santander las “importantes reformas en
el mercado de trabajo” de los últimos años en Europa, pero criticó que “donde
se perciben menores progresos es, quizá, en la reforma de los mercados de
productos y servicios". "Reformas tempranas, tendentes a aumentar la
competencia, pueden ser cruciales para asegurar que las reformas del mercado de
trabajo generen los efectos positivos deseados”, indicó.
En
abril, Linde citó “el bajo nivel de competencia en algunos sectores” entre los
factores que explican que España tenga “un crecimiento de la productividad
significativamente inferior al promedio de las economías desarrolladas”.