Fuente:
elnacional.cat-Gemma Liñán
Desde
hace unas semanas agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona piden
a los vigilantes de seguridad que se cambien la placa del uniforme que llevan
en catalán por una en castellano, según ha podido saber El Nacional. La placa
lleva el número identificativo de cada agente y la inscripción "Vigilante
de seguridad".
Las
empresas de seguridad privada hicieron hacer las placas nuevas en catalán a sus
trabajadores hace unas semanas basándose en la orden INT/14/2012, del 17 de
enero de la Ley de Seguridad Privada que regula, entre otras cuestiones, las
características de los distintivos de los vigilantes. Pero hace unos días que
los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el aeropuerto, que son los que
tienen las competencias de la seguridad, están pidiendo a los vigilantes de
diferentes empresas de vigilancia privada que se cambien las placas y se las
pongan en castellano. Argumentan que hay un reglamento que los obliga a llevar
la placa en castellano y que si no lo cumplen los pueden multar o incluso
inhabilitar.
Poco a
poco, los vigilantes se han ido cambiando, de nuevo, las placas. Se las compran
ellos. Cuestan 12 euros. Se las encargan y pagan los mismos agentes de
seguridad. Algunos las compran por Internet.
Fuentes
de la Guardia Civil explican a El Nacional que aunque el mencionado nuevo
reglamento no existe, sí que está la sentencia judicial que anula la orden de
la Generalitat que obligaba a los vigilantes a llevar la placa en catalán. La
sentencia, sin embargo, estaba pendiente del recurso que había presentado a la
Generalitat. Se ha resuelto este año. Y el Tribunal Supremo da la razón a la
Delegación del Gobierno Español que es quien pidió anular la orden. Y por lo
tanto, la Guardia Civil la intenta hacer cumplir persiguiendo a los vigilantes
que llevan la placa en catalán para que se la cambien al castellano.
Con
todo, fuentes policiales aseguran que "no hay ninguna instrucción de la
Guardia Civil" para ordenar a los vigilantes que se cambien las placas.
También aseguran que no han recibido ninguna queja de las diferentes compañías
de seguridad privada que operan en el aeropuerto. "La relación entre
Guardia Civil y empresas es muy buena", aseguran.
Las
diversas compañías de seguridad privada que operan en el Aeropuerto del Prat
admiten que tienen conocimiento de los hechos. "Acatamos la
sentencia" dicen en declaraciones a El Nacional, pero también reconocen
que en ningún momento han comunicado a su personal que se ha derogado la orden
que establecía que las placas se tenían que llevar en catalán y que se las
tienen que cambiar. Por lo tanto, los vigilantes que trabajan en el Aeropuerto
codo con codo con la Guardia Civil no saben nada.
Algunos
de los vigilantes de seguridad se han encontrado en plena operación de las
vacaciones de verano, con las largas colas en los controles de pasajeros, y con
la Guardia Civil en la nuca pidiéndoles que se cambien la placa bajo la amenaza
de ser expedientados sin que nadie de su empresa les haya comunicado cuál es la
legislación vigente y que ya hay sentencia firme sobre la disputa lingüística
entre la Generalitat y el Estado.
Cuatro
años esperando la sentencia
La
decisión sobre si las placas de los vigilantes de seguridad tienen que ser en
catalán o castellano ha acabado en el Tribunal Supremo. El Supremo ha anulado
la orden porque argumenta que la Generalitat "pretende desplazar el uso
del castellano".
El año
2012 la Generalitat modificó la ley y aprobó una nueva orden donde se
establecía que los vigilantes de seguridad tenían que llevar la identificación
en catalán, porque esta es la lengua oficial de Catalunya. Pero la Delegación
del Gobierno Español en Catalunya recurre a la Abogacía del Estado y presenta
un recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelve en el 2013
que la identificación tiene que ser en castellano.
Ante la
sentencia la Generalitat presenta un recurso de casación y el caso se eleva al
Supremo. El Gobierno catalán alegó que el Estatut d'Autonomia de Catalunya
"habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística para la
adopción de las disposiciones encaminadas a promover la normalización
lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y
el fomento del uso de la lengua propia de Catalunya, corrigiendo una situación
histórica de desigualdad con respecto al castellano".
Justo
este mes de abril, tres años después del inicio de la disputa, el alto tribunal
ha resuelto que las placas tienen que ser en castellano. Argumenta, a pesar de
que el catalán es la lengua oficial de Catalunya, "el Estado tiene competencia
exclusiva para regular la prestación de los servicios de seguridad por empresas
privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la
competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por
el artículo 149, 1 29 de la Constitución". La sentencia del Supremo
también remarca que "Los vigilantes de seguridad privada ni se tratan de
una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un
servicio público, sino de una actividad complementaria y subordinada respecto
de las de seguridad pública prestada por empresas privadas". Con eso
argumenta que la Generalitat no tiene competencias "sectoriales para
regular la actividad de seguridad privada" y tampoco puede incidir en
materia lingüística y menos "para sustituir los distintivos fijados por la
normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del
castellano".
Catalán
lengua oficial
La
Generalitat tiene competencias en materia de seguridad privada. Así lo
establece el artículo 163 del Estatut d'Aautonomia de Catalunya, con respecto a
la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio
social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no rebasa este territorio; la
inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se cumplen
en Catalunya, la autorización de los centros de formación del personal de
seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e
investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales
de Catalunya. Además, el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, también regula
el ejercicio de competencias que corresponde a la Generalitat de Catalunya en
materia de seguridad privada.
El
Estatut, además, concreta que la lengua propia de Catalunya es el catalán y
que, por lo tanto, es la lengua oficial. Igual que también lo es el castellano,
porque de hecho, lo es a todo el Estado Español.