CÁDIZ | LABORAL
Al
Congreso, el problema de los vigilantes de seguridad de Defensa
Fuente:
andaluciainformacion.es - A.I. - 26/02/2017
Los
diputados del PSOE por la provincia de Cádiz Salvador de la Encina y Miriam
Alconchel llevarán al Congreso la problemática del colectivo de vigilantes de
seguridad de los edificios del Ministerio de Defensa por la posible concesión
de estos trabajos a la empresa Mar Segur, "denunciada ante los tribunales
de justicia porque pretende aplicar su propio convenio colectivo antes que el
convenio colectivo estatal".
Según
han indicado a Europa Press, esta situación afecta a la provincia a seis
centros y unos 30 trabajadores. Además, han indicado que "existe una gran
preocupación dentro de la plantilla, ya que denuncian que esta compañía es
conocida en el sector de seguridad por la precarización de las condiciones
laborales".
Según
han explicados los diputados socialistas, "los responsables de la empresa
concesionaria Marsegur Seguridad Privada, a pesar de que su convenio colectivo
está debidamente impugnado y pendiente de resolución judicial, se han puesto en
contacto con el personal y han anunciado la reducción del salario y la
aplicación del convenio con las consiguientes desventajas para la plantilla".
En este sentido, han apuntado que "esto supone, de facto, una reducción
salarial media de un 45 por ciento sobre lo que han venido cobrando con la
empresa cesante".
Según
han apuntado desde el PSOE, los trabajadores manifiestan que de media, y sin
contar con los complementos salariales personales y de centro de trabajo, en la
primera nómina recibirán 326 euros menos sobre un salario de poco más de 1.000
euros. Además, las pagas extraordinarias pasarán a ser un tercio menos de lo
que se cobra en la actualidad, pasando de 970 euros a 650 euros, "y para
disimular la reducción real mensual, las pagas se prorratearán por doce
meses".
Asimismo,
han apuntado que al aplicar las retenciones pertinentes, así como los
complementos salariales personales, el salario neto mensual nunca superará los
750 euros, desde el momento en que algunos pluses desaparezcan o sean
reducidos.
"Si
el Ministerio no lo evita, pasarán del mileurismo a la indigencia
laboral", ha afirmado Alconchel, que ha advertido de que "el Gobierno
presume de estar creando empleo, pero hechos como este demuestran que la
balanza se decanta claramente hacia la precariedad". "Un organismo
público no puede amparar este tipo de explotación de los trabajadores, menos
aun cuando según sus previsiones, la economía levanta vuelo", ha añadido.
Por
ello, los diputados socialistas se han comprometido con los representantes de
los trabajadores a elevar al Congreso iniciativas como la solicitud de
información, concretamente los pliegos del concurso y la documentación para
conocer el procedimiento.
Además,
preguntarán al Ministerio de Defensa "que aclare con qué nivel de
compromiso por parte del Gobierno cuentan los trabajadores para negociar con la
nueva empresa concesionaria que no exista retroceso en sus derechos laborales",
así como "qué medidas va a adoptar el Gobierno para vigilar el
cumplimiento de la legislación laboral".
Finalmente,
Alconchel ha afirmado que "de cara a futuros procesos, el Gobierno debería
introducir cláusulas sociales en las licitaciones públicas para salvaguardar
los derechos de los trabajadores, como ya se viene haciendo en otras
administraciones".
