Una
seguridad privada a precio de saldo
- Los guardianes de la protección en España tienen que lidiar con el intrusismo, márgenes ajustados y salarios muy moderados, en un sector que cada vez colabora más con la Administración
Fuente:
elpais.com - MARÍA FERNÁNDEZ - Madrid 23 JUN 2017
Miguel
Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está
considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos.
Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su
plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”,
obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de
trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas”
que tiran los precios.
Ese es,
según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los
mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles
(74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son
otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el
convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en
esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador
lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso
en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y
normalmente retribuyen menos.
“Se
firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los
trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde
la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora
el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…,
pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de
la federación de Servicios de CC OO.
A
Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un
sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya
unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y
además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio
colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el
servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el
pastel”.
Este y
otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada
en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del
Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en
2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8%
anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en
2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%,
hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años
anteriores.
INFOGRAFÍA
La seguridad privada en España
Perfiles por sexo y
formación y tipos de contrato
En el
resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas,
el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es
un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis
Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de
dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6%
hasta 2020.
La
mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados
de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En
el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado
por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen
en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la
delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia.
En
España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que
hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos
años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde
el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la
inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado
diciembre tan solo era de un 3,2%.
Contratos
por los suelos
La
Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y
vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son
paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”,
lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad,
Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para
conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han
sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y
ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación
trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la
recuperación”, añaden en Aproser.
“La
culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No
creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone
Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más
criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su
prevalencia ante los acuerdos de empresa”.
Alejandro
Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que
alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de
empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes
de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un
40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por
una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el
servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos
claro que no vamos a precarizar el sector”.
La
empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de
discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos,
estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal
estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de
“huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para
cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una
subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a
nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.
Prosegur,
el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está
fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000
empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en
ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar
resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la
presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en
la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se
está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual.
Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la
revista Cuadernos de Seguridad.
Nichos
de mercado
Eulen,
otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos
impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus
activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar
servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica),
inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares,
director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en
facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal
servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente
demanda de acciones en infraestructuras críticas.
En
Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de
Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350
ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas,
directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de
imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data.
“Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.
Más
allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la
seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para
captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran músculo
exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo
vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la
protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4
[considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una
defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados
Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y
en cambio puede ser una ventaja competitiva”.
Una
ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la
Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que
autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios
encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha
especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda
llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona
pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes
realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en
aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen
determinados espectáculos, y ahora es normal.
La ley,
por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía
pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan
desempeñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido
la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona
comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que
analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las
necesidades”.
El
reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa
vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios
muy drásticos.
“Sin saber su contenido es difícil valorar
cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado
está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse
funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso
está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía
ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en
funciones policiales”.
La
línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma
arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y
vigilantes no tienen el mismo oficio”.
El
ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector
de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se
consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).
Poca
formación
¿Está
capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los
vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son
licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las
nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las
personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de
seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero
se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca
D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas
tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil
de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos
humanos”.
Yendo más
lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca
como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca
ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos,
como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.
EL
PELIGRO ESTÁ EN LA RED
Según el Ministerio del Interior, el año
pasado se registraron 234.174 casos de hurto, casi los mismos que el año
anterior. La gran distribución y el comercio minorista son las empresas que más
invierten en antenas conectadas con etiquetas adhesivas o duras que se
encuentran en la ropa y otros productos. También se instalan cajas de
policarbonato o las llamadas “arañas”, alarmas que “abrazan” productos que
suelen ser muy caros. Antes las empresas se limitaban a suministrar la alarma.
“Ahora se ofrecen sistemas donde todo se conecta. A través de un sofware ves lo
que sucede en la tienda. Ofrecemos sensores y soluciones basadas en la
identificación por radiofrecuencia. Cada artículo tiene un identificador como
si fuera un DNI. Si sale de la tienda sabemos qué artículo es de forma remota”,
detalla David Pérez del Pino, director de Checkpoint Systems en España y
Portugal, “España es el país que más invierte en sistemas para la prevención de
hurtos. También es uno de los más afectados por esta práctica”.
Es un ejemplo de cómo el futuro del sector
es convergente: la seguridad física y la lógica van camino de integrarse. Es
una tendencia imparable, juzga Gianluca D’Antonio, director académico del
Master in Cybersecurity del IE y presidente de ISMS Fórum Spain. “Las grandes
multinacionales de defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, están
desarrollando el mercado de ciberseguridad.
El negocio tradicional va a cambiar. Dentro
de cinco años la sociedad será básicamente digital, domotizada, sensorizada…
esto se tiene que tomar en serio. Vamos muy por detrás de los malos”. Se
calcula que el cibercrimen mueve 280.000 millones de dólares, el equivalente al
PIB de Irlanda. “Se va a convertir en una prioridad para muchas empresas,
porque pueden darse ataques a personas o a equipamientos”. S21 SEC, Necsia,
Counter Craft son algunas empresas medianas, de entre 100 y 200 empleados, que
desarrollan sus propios productos en competencia con gigantes del sector como
Indra o Telefónica. Desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES)
lo ven como un camino que no tiene marcha atrás. “Es verdad que en la realidad
muy pocas empresas se conjugan la seguridad física y lógica, pero los análisis
de riesgos van siendo comunes, aunque el camino es lento”.
UNA
PROFESIÓN DURA Y POCO RECONOCIDA
La
Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) denunció el mes pasado a la empresa de
seguridad de un centro comercial de la ciudad porque sus vigilantes acosaban,
supuestamente, a clientes homosexuales, gitanos, subsaharianos y magrebíes.
Previamente, dos jóvenes de 18 y 20 años habían sido expulsados de la zona por
besarse mientras paseaban. “La percepción de los compañeros que se dedican a la
vigilancia no es la mejor”, recuerdan en CCOO.
Una
encuesta de la patronal realizada entre un millar de personas muestra que el
62% valora positivamente las funciones de los vigilantes y que el 57% no los
sustituiría por personal público. La mayoría reconocen que se trata de una
profesión dura y menos de la mitad identifica a los profesionales con una
figura de autoridad.
El 73%
cree que la profesión no tiene el reconocimiento social y solo el 24% indica
que la sensación de seguridad es la cualidad más valorada. Los ciudadanos,
según el sondeo, no apuestan porque la presencia de los vigilantes se amplíe a
zonas públicas: solo el 11% demanda seguridad privada en las calles, el 8% en
colegios y universidades y el 8% en jardines y parques.