Los
vigilantes del Hospital Militar afrontan una reducción de salario del 40% y
siguen sin cobrar la nómina de mayo
- Hasta el 31 de mayo dependían de Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez -indultado por el Gobierno de España-, que les adeuda la nómina de mayo y el finiquito
- En Seguridad Integral Canaria aseguran que Defensa les debe más de 2 millones de euros: “Cuando nos paguen a nosotros abonaremos la cantidad adeudada a los trabajadores”
- En junio pasaron a ser contratados por Marsegur, nueva adjudicataria de los servicios de seguridad de Defensa, que les ha bajado el sueldo hasta un 40 % en algunos casos
- “El Estado da armas para poder competir, nuestro convenio está soportado por la reforma laboral”, apunta el director de Marsegur
Fuente:
.eldiario.es/Óscar F. Civieta -
Zaragoza/23/07/2017
Seguridad
Integral Canaria, anterior adjudicataria de los servicios de seguridad de las
instalaciones de Defensa, les debe la nómina de mayo y el finiquito tras
desvincularse de la empresa. Marsegur, nueva adjudicataria, les ha rebajado el
sueldo, en algunos casos, hasta un 40 %. Los vigilantes de seguridad del
Hospital General de la Defensa de Zaragoza alertan de su situación y anuncian
huelga para los próximos 27 y 28 de julio.
El
pasado 10 de abril se formalizó el Acuerdo Marco de servicios de seguridad
(vigilantes de seguridad con o sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus
organismos autónomos –dicho de otro
modo: el contrato para encargarse de la seguridad en las instalaciones
dependientes del Ministerio de Defensa–. La adjudicataria fue Marsegur
Seguridad Privada S. A. por un importe total de 18,96 millones de euros.
Todos
los vigilantes de seguridad –unos 40 en Aragón– empleados en destinos de
Defensa pasaron a depender de la nueva empresa. En su gran mayoría lo hicieron
a partir del pasado 1 de mayo; no es el caso, empero, de los vigilantes del
Hospital de la Defensa de la capital aragonesa –y de otras instalaciones
sanitarias militares en España– que lo hicieron el primero de junio. A días
para que se cumplan dos meses de aquello, todavía esperan el ingreso de la
nómina de mayo y del finiquito.
Héctor
de Armas, administrador de Seguridad Integral Canaria, con el que se ha puesto
en contacto eldiario.es, argumenta que Defensa les debe a ellos 2,3 millones de
euros. Y que no es la única deuda que tiene contraída el Ejecutivo estatal a
favor de su empresa, ya que Patrimonio ha de pagarles otros 2 millones. En esta
situación, apunta de Armas, “la tesorería de la empresa sufre una tensión muy
importante. Cuando nos paguen lo que deben, pagaremos”.
Entiende,
dice, el malestar de los trabajadores, “y me gustaría decir que no es mi
problema, pero sí lo es y la única solución es que mi cliente me pague”.
eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, pero no han
realizado declaraciones al respecto.
Seguridad
Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez: empresario, conocido en
algunos círculos como ‘el capo de la seguridad’, indultado por el Gobierno de
España tras un delito urbanístico y presidente de la Unión Deportiva Las
Palmas.
El 1 de
septiembre de 2014, esta empresa comenzó a prestar sus servicios –tras resultar
adjudicataria– como encargada de la seguridad de Defensa. El contrato finalizaba
el 29 de febrero de 2017. Se abrió entonces un concurso al que se presentaron,
según de Armas, “con un precio superior, ya que el precio anterior no resultaba
rentable”. La elegida fue Marsegur.
La
rúbrica del contrato, sin embargo, se dilató ya que otra de las optantes,
Sureste Seguridad, presentó un recurso. En ese momento, y hasta que se
resolviera, “nos pidieron que siguiéramos dando el servicio, y lo aceptamos,
pero al mismo precio que la oferta que
presentamos –la que no fue elegida–”, dice el administrador, que sitúa en ese
periodo de impasse el origen de la deuda del Gobierno de España.
Por
añadidura, Seguridad Integral Canaria apareció en una lista de morosos de
Hacienda que le achacaba una deuda de 2,9 millones de euros. De Armas comenta
que, “en este momento, a Hacienda no le debemos nada. Estamos al corriente de
todas nuestras obligaciones”.
Reducción
de salario
Pero no
es este el único problema que afecta a los bolsillos de los vigilantes de
seguridad. Su merma se ve multiplicada porque la nueva empresa les ha reducido
el salario, en algunos casos, afirman, hasta en un 40 %. Esto es posible
gracias a que Marsegur no ejerce al amparo del convenio colectivo de seguridad
privada, sino que se rigen por un texto propio. El cual, por cierto, no ha sido
admitido por la Audiencia Nacional, lo que hará que recurran al Supremo, como
señaló el director de la empresa, Antonio Redondo, a este medio.
“El
Estado da armas para competir, y nosotros las aprovechamos”, asegura Redondo.
El convenio, explica, “entra dentro de la legalidad y está soportado por la
última reforma laboral, ya que esta dice que el convenio de empresa tiene
prioridad aplicativa respecto al estatal”. Las condiciones, alega, “han
cambiado, y hay que ajustarse a la realidad actual. Incluso la Administración
saca licitaciones a precios diferentes: el convenio es legal y en precio de
mercado, estamos dentro de la ley”.
Empresas
distintas
A pesar
de que desde muchos frentes se asegura que Marsegur también está vinculada a
Miguel Ángel Ramírez –y de las teóricas evidencias nomenclaturales que empujan
a dar por válida esta teoría– desde ambas empresas lo niegan con rotundidad.
Antonio Redondo, de Marsegur, explica que el ‘Mar…’ del nombre comercial
proviene de “Miguel Acosta y Antonio Redondo”, los dos socios. Por su parte,
Héctor de Armas, indica que no hay ningún tipo de relación, “lo he repetido un
millón de veces, pero se sigue diciendo que sí”.