- El grupo de Podemos en la Comunidad de Madrid ha denunciado hoy que las ofertas de adjudicación en los servicios de seguridad privada de la administración publica regional sigan basándose exclusivamente "en criterios de precio".
Fuente:
lavanguardia.com/Madrid, 24 jul
En una
nota en la que expresa su apoyo a los vigilantes empleados por la empresa
Seguridad Integral Canaria, que llevan meses exigiendo condiciones y salario
dignos, Podemos recuerda que presentó en el Parlamento regional una iniciativa
"para que el Gobierno dejase de contratar con empresas piratas, y
únicamente trabajara con aquellas que pagan ajustándose al convenio".
Según
Podemos, su iniciativa fue aprobada y aunque poco después el Gobierno anunció
un sistema de contratación centralizado que entraría en vigor el 1 de enero de
2017, "no ha dejado de poner trabas en su desarrollo".
Podemos
critica la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)
-el 15 de junio- de un anuncio para la adjudicación de los servicios de
seguridad privada en Metro en el que se indica que los criterios de
adjudicación se basarán en la "oferta económica más ventajosa"
(precio más bajo de entre las ofertas técnicamente aptas)".
En
opinión de Podemos, esta práctica "confirma la continuidad de la política
de adjudicar a empresas pirata, como Marsegur o Sinergias, o empresas como
Integral Canaria que están retrasando el pago a sus trabajadores y empeorando
sus condiciones laborales incumpliendo reiteradamente los contratos".
Y
considera que adjudicar una vez más a empresas como Integral Canaria la
responsabilidad de la seguridad hará que vuelvan a ser incumplidos los pliegos
y a empeorar las condiciones laborales.
"El
problema -dice en la nota la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid
Isabel Serra- no es sólo que el PP sea una congregación de personas corruptas,
sino que sus políticas las sufrimos todos y que son consecuencia de esa forma
de gobierno".
Podemos
explica en su nota que las empresas Seguridad Integral Canaria, Sinergias y
Marsegur -estas dos últimas con sentencias de la Audiencia Nacional que
declaran nulos sus convenios de empresa- son propiedad de Miguel Ángel Ramírez,
"amigo del ex ministro (José Manuel Soria) y conocido donante del
PP".
"Marsegur
también ha recibido recientemente la adjudicación del servicio de la seguridad
privada del Ministerio de Defensa, en torno a 500 trabajadores que han perdido
el 30% de su salario", añade Podemos.
Y
agrega Isabel Serra: "Ya está bien de que el Gobierno de Cifuentes le
regale a sus amigos, los donantes del PP, los servicios que son del conjunto de
los madrileños. Lo hacen empobreciendo y precarizando a miles de vigilantes de
seguridad que están cobrando miseria. El sector de la seguridad privada sigue
gobernado por una mafia".
