Fuente: extraconfidencial.com/Doinel Castro/Septiembre
5, 2017
Desde
finales de los años 90 acumula denuncias por delito urbanístico y fraude fiscal
en el abono de nóminas por “facturar millones de horas extras como dietas para
no declarar por ellas”.
Tras
ahondar en los Convenios Colectivos de la empresa Marsegur, propiedad del rey
de la seguridad, Miguel Ángel Ramírez Alonso, que fueron declarados nulos hasta
en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, Extraconfidencial.com mantiene el
punto de mira en las empresas de seguridad del presidente de la Unión Deportiva
Las Palmas y propietario y accionista de Grupo Ralons, ya que no solo la
empresa Marsegur es la única de su emporio que recibe capones por parte del
aparato judicial español.
Lo mismo ocurre con Sinergias de Vigilancia y
Seguridad, otra de las empresas de vigilancia low cost del empresario canario
contra las que ha actuado el Ministerio de Empleo y que los tribunales han
echado por tierra sus Convenios Colectivos por motivos como los expuestos en el
anterior artículo.
Pero
los problemas de Miguel Ángel Ramírez no concluyen aquí. En 1995 crea Seguridad
Integral Canaria, buque insignia de su entramado, para, dos años más tarde,
conocer al influyente empresario Ángel Luis Tadeo, dueño del Grupo hotelero
Dunas quien -según fuentes cercanas al rey de la seguridad-, “le introduce en
el mundo del poder y la política”. Desde entonces, las denuncias se han
acumulado en el buzón de Ramírez Alonso.
En el año 2010 fue condenado en a tres años de cárcel e indultado por el
Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Un año en el que también fue denunciado ante
Hacienda por fraude fiscal en el abono de nóminas por “facturar millones de
horas extras como dietas para no declarar por ellas”.
Un delito
por el que también fue imputado en 2011 junto a un administrativo de Seguridad
Integral Canaria y al Jefe de Seguridad de AENA en el Aeropuerto de Tenerife
Sur. En aquel momento se le acusaba de una presunta malversación al cargar
facturas por servicios ficticios que habrían reportado a la empresa 186.880
euros en dos años.
El
recurso de casación formulado por AENA contra la sentencia de la Audiencia
Provincial que absolvía a Miguel Ángel Ramírez no fue admitido por el Tribunal
Supremo, quedando definitivamente absuelto en diciembre de 2016.
¿Fraude
de Ley con los Vigilantes de Seguridad del Ministerio de Defensa?
Tras la
creación de Seguridad Integral Canaria, el Grupo Ralons nace en 2003 y a este
holding se suman Marsegur, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Power Sic,
aunque más tarde se crea una nueva
empresa de seguridad TDMS.
Con el
Grupo Ralons nace el concepto de empresas de vigilancia low cost. Desde
Extraconfidencial.com hemos hablado con un vigilante de seguridad para que nos
aporte una visión desde dentro de cómo operan este tipo de empresas: “La
estrategia del Grupo es simple: oferta en todos los concursos públicos por
debajo del precio de mercado de manera temeraria, consiguiendo que sus precios
sean siempre los menores y llevándose así la adjudicación de las
administraciones por ser la oferta más ventajosa en todos los casos.
Esto lo
puede lograr a través de dos maneras: o bien no aplica el Convenio Nacional
correctamente acumulando deudas con los trabajadores (como ocurre con Seguridad
Integral Canaria), o bien aplica Convenios propios inferiores al nacional en un
40%.
Dichos
Convenios son firmados en fraude de ley y anulados progresivamente en primera y
segunda instancia por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Un claro
ejemplo de ello son los Vigilantes de Seguridad de Defensa que, tras cuatro
años trabajando para Seguridad Integral Canaria y acumulando denuncias a miles,
aún no se les ha abonado la nómina de mayo ni el finiquito.
El 1 de
junio pasan a ser subrogados por Marsegur y sus salarios sin complementos
descienden de 1.400 euros mensuales -incluidas pagas-, a 890 euros y sus cotizaciones de 1.700 euros a
1.000 euros.
Se
incumplen de esta forma, el convenio colectivo nacional de empresas de
seguridad (artículo 14), el Estatuto de los Trabajadores (artículo 44), y el
Texto Refundido de la Ley de Contratación del Sector Público (artículo 120), y
todas las clausulas sociales de los pliegos de contratación”.
Para
establecer la comparativa de las nóminas de los vigilantes de seguridad se debe
poner de relieve el salario bruto mensual de estos trabajadores (incluyendo
pagas extras), marcado por el Convenio Colectivo Nacional y lo que establece
Miguel Ángel Ramírez en sus empresas, para las que hemos cogido el ejemplo de
Marsegur.
En el
caso de los vigilantes sin arma, el citado Convenio establece 908,24 euros de
salario base, mientras Marsegur ofrece 726 euros, una diferencia del 20,07%. Si
contamos con todas las pagas extras incluidas (transporte, vestuario,
peligrosidad y prorrata), la nómina exigida por el acuerdo ascendería a los
1.354,45 euros, mientras que Marsegur solo alcanza los 879,33 euros, una
diferencia del 35,08%.
En el
caso de los vigilantes con arma las diferencias son aún mayores ya que al
ascender el importe del plus de peligrosidad, el convenio marca un salario de
1.506,78 euros, un 40,45% más de lo que ofrece Marsegur (897,33 euros).
De
hecho la Justicia ya se ha pronunciado en más de un caso en que los
trabajadores de las empresas de vigilancia low cost como Marsegur han llevado
su situación a los Tribunales para restablecer sus derechos.
Son
varios los fallos que han estimado las demandas de particulares contra estas
sociedades declarando improcedentes la rebaja de los sueldos y condenando a los
demandados a restituir las condiciones salariales por las que se regían los
trabajadores antes de la subrogación empresarial. “Si el demandado se subroga
en un contrato se entiende que lo hace en todos sus términos y entre ellos se
encuentra el de las retribuciones”.
Sin
embargo, a pesar de los varapalos judiciales que han hecho que las empresas de
Miguel Ángel Ramírez pierdan contratos en Castilla La Mancha, Andalucía o
Madrid, donde los respectivos gobiernos autonómicos le cierran las puertas, el
rey de la seguridad no deja de obtener concursos de la administración. Todo
esto ocurre en un momento sensible en el que España se encuentra sumida en un
estado de Alerta 4 sobre 5 según el Plan de Prevención y Protección
Antiterrorista del Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido.
El
cuarto nivel, decretado ya en el pasado mes de junio de 2015 debido a la
amenaza islamista, implica un riesgo de atentado alto y se concreta en un
catálogo de medidas de seguridad como que “las Fuerzas de Seguridad del Estado
elevan la presión sobre personas sospechosas de terrorismo.
En la
práctica, conlleva la movilización total de los agentes de la lucha
antiterrorista, que extreman las tareas de vigilancia e información sobre
personas de riesgo”. Mientras tanto, las empresas de seguridad de Miguel Ángel
Ramírez siguen obteniendo contratos en centros públicos para velar por la
integridad de los ciudadanos españoles sin armas, sin formación y ganando
salarios leoninos de supervivencia.
