- La empresa sostiene que tras dejar la vigilancia presencial la cesión temporal de los contratos públicos es la mejor opción para los empleados
Fuente:
LaProvincia.es - 11.11.2017
Seguridad
Integral Canaria (SIC) alerta de que los 1.500 empleados que prestan sus
servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo. Si los
sindicatos no aceptan la subrogación transitoria de los contratos con los
organismos públicos ante la salida del mercado de la vigilancia presencial
anunciada por la empresa a finales de agosto, los vigilantes "corren el
riesgo" de engrosar las listas del paro o no cobrar sus salarios, según
sostiene la propia compañía.
La
entidad, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel
Ramírez, explicó entonces que la baja cuantía de las licitaciones públicas y el
retraso de la Administración en los pagos abocaba a la empresa a abandonar esa
línea de negocio por su escasa rentabilidad. Ante este anuncio, los
sindicalistas mostraron su temor por la posibilidad de que los servicios de SIC
se cedieran a otras compañías como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y
Seguridad -las cuales han vinculado a Ramírez pese a la negativa de fuentes de
SIC- al entender que las condiciones laborales eran peores que en Seguridad
Integral.
La
compañía, que a partir de ahora se centrará en los segmentos de los transportes
blindados y las centrales de alarmas, expone en un comunicado que la
alternativa planteada por la empresa consiste en que esos 1.500 trabajadores
"sean subrogados transitoriamente" a otra empresa -en este caso
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que es la que ha asumido los contratos
públicos de SIC- hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo
resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por
ella. La compañía sostiene que esta alternativa ha sido ya aceptada por las
administraciones públicas de rango estatal e insular hasta que, una vez se
resuelvan los nuevos concursos públicos, se produzca una adjudicación
definitiva a alguna de las empresas que concurran a los mismos.
Tras
conocer la salida de SIC del negocio de la vigilancia presencial, los
sindicatos denunciaron que tanto esa compañía como Marsegur y Sinergias no
aplican el convenio sectorial que por ley están obligados a emplear, por lo que
también mostraron recelo ante la posibilidad de que esas empresas, que han
calificado de "bajo coste", se hagan con los concursos públicos. Una
licitaciones que, según apuntaron, han ido cada vez más a la baja como
consecuencia de la crisis económica, por lo que entienden que la Administración
también ha abierto la puerta a la implantación de la exclusión social y la
precariedad laboral.
Seguridad
Integral subraya que en caso de que los representantes sindicales no acepten la
fórmula de la subrogación transitoria, se abre la puerta de un concurso de
acreedores. Éste, según señala en la nota, comenzaría a aplicarse antes de
finales de año y "abocaría al impago indefinido de salarios y,
consiguientemente, al cese de actividad de la empresa y la remisión de los
trabajadores al desempleo".
El
comité de empresa de SIC se reunió el pasado mes de agosto con el administrador
único y vicepresidente de la compañía Héctor de Armas. Este encuentro, ideado
para que la representación del segmento laboral de la entidad mercantil
conociese de primera mano el proceso en el que se sumergía SIC, agrandó aún más
el distanciamiento entre ambas partes, pues según esgrimieron los sindicatos entonces
la empresa no aclaró sus dudas, que fueron respondidas por escrito. "No
hay peor mentira que una media verdad", aseguraron en aquel momento,
mientras que fuentes de SIC insistieron en que se les facilitó toda la
información requerida.
La
compañía presidida por Miguel Ángel Ramírez insiste en que su "objetivo
primordial" es garantizar los puestos de trabajo, por lo que espera que
sus empleados "animen" a los sindicalistas del sector de la seguridad
privada "a velar por los verdaderos intereses del colectivo afectado"
pues, según subrayan, la subrogación transitoria a otra empresa es la medida
más idónea para evitar, ante esta situación, que 1.500 vigilantes vayan al
paro.
La
respuesta por parte de lo sindicatos no se ha hecho esperar. El secretario
general de la Federación de Seguridad Privada de USO Canarias, Juan Díaz,
afirmó ayer que es "mentira" que esos trabajadores vayan a ir a la
calle si no aceptan ser cedidos a la empresa Sinergias. Díaz anunció, a su vez,
que tanto su sindicato como UGT, CCOO e IC no asistirán hoy a la reunión que
tenían previsto celebrar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, y que le habían solicitado al haber incluido el Ejecutivo la presencia
del CSIF, un interlocutor que no consideran válido por no ser representativo en
el sector. En declaraciones a Efe, Díaz aseguró que lo que pretende la empresa
de Miguel Ángel Ramírez es presionar.
Canarias Ahora / sociedad
Seguridad
Integral Canaria ofrece a sus vigilantes ser subrogados a otra empresa para
evitar el concurso de acreedores
- La empresa advierte que 1.500 trabajadores de la Comunidad Autónoma pueden ir al paro si los sindicatos no aceptan subrogaciones transitorias ya aplicadas por otras administraciones públicas a nivel estatal e insular
- Los representantes de los empleados de seguridad autonómicos se reúnen este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo
Fuente:
eldiario.es - Canarias Ahora - Las Palmas de Gran Canaria - 10/11/2017
Seguridad
Integral Canaria ha advertido este viernes de que los aproximadamente 1.500
vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC) que prestan sus servicios para
la Administración autonómica en las Islas corren el riesgo de verse en el
desempleo o sin cobrar sus salarios en el caso de que los sindicatos del sector
de vigilancia privada no acepten la solución planteada por la empresa, ya que
se vería abocada a entrar en concurso de acreedores.
Según
explica la empresa en un comunicado esta alternativa ha sido "aceptada ya
por administraciones públicas de rango estatal e insular" y consiste en
que los trabajadores sean subrogados transitoriamente por otra empresa hasta
que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos
para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por SIC.
SIC
defiende que es viable su fórmula para la cesión de contratos públicos,
asumidos por Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que, culminado el
periodo transitorio mientras se resuelven los nuevos concursos, haya una
adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran.
La
empresa ha enviado este comunicado en vísperas de una reunión que los
sindicatos mantendrán este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo. "En el caso de que los representantes sindicales no
acepten esa fórmula, a Seguridad Integral Canaria no le quedará otro remedio
que solicitar un concurso de acreedores que comenzaría a aplicarse antes de
final de año", subrayan.
Se
trata de una fórmula que abocaría al impago indefinido de salarios y al cese de
actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo.
Seguridad
Integral insiste en que su objetivo principal es la garantía de los puestos de
trabajo, por ello, recalca la idoneidad de "la subrogación transitoria a
otra empresa como salvaguardia de los empleos y el pago de salarios".