Las
Cortes piden al Tribunal de Cuentas fiscalizar los contratos de seguridad de la
Administración desde 2012
Fuente:
EUROPA PRESS 27/12/2017
La
Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas
ha aprobado este jueves por unanimidad solicitar al órgano que preside Ramón
Álvarez de Miranda que fiscalice los contratos de la Administración General del
Estado y empresas y fundaciones públicas con empresas de seguridad privada
durante los últimos seis años.
De esta
forma, el órgano fiscalizador deberá examinar la contratación pública de este
sector, foco de varios conflictos laborales como el registrado el pasado verano
en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, cuando los trabajadores de la empresa
Eulen acudieron a la huelga para reclamar mejoras salariales y en sus
condiciones de trabajo.
En
concreto, la iniciativa auspiciada por el reclama al Tribunal fiscalizar todos
los contratos de seguridad privada de la Administración General del Estado,
organismos autónomos y entidades del sector público empresarial y fundacional
entre 2012 y 2017.
"PRECARIEDAD"
Y "OPACIDAD DEL GOBIERNO"
Según
ha defendido la diputada socialista María Jesús Serrano, la fiscalización se
antoja "necesaria" tanto por las informaciones aparecidas sobre la
precariedad laboral que sufren los trabajadores contratados, que en algunos
casos cobran por debajo de lo establecido por convenio o incluso son víctimas
de impago, como la negativa del Gobierno a responder a preguntas sobre este
asuntos formuladas por la oposición.
"No
ayuda ese silencio a la aclaración de las dudas. La opacidad alimenta la sospecha
sobre esas contrataciones", ha aseverado, denunciando la aparición de
'empresas pirata' que compiten por los contratos con ofertas que incluyen
"bajas temerarias" sin que Gobierno ni los órganos de contratación
impidan que estas condiciones acaben afectando a los derechos de los
trabajadores.
Como
ejemplo, ha recordado que los vigilantes de seguridad del Metro de Madrid de la
empresa Seguridad Integral Canaria se encuentran en huelga por el impago de sus
salarios, acumulando algunos de ellos, ha dicho, más de tres meses sin cobrar.
Asimismo, ha instado al Gobierno a reflejar en todo contrato, incluso antes de
la entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, las
cláusulas sociales y laborales que impidan tanto la rebaja salarial respecto al
convenio, como el impago a los trabajadores.
"¿QUÉ
HAY DETRÁS DE LAS ADJUDICACIONES?"
Unidos
Podemos, a través de su portavoz en la comisión, Segundo González, ha reclamado
"luz y taquígrafos" para "conocer qué hay detrás de todas las
adjudicaciones", en las que se ha denunciado la generalización de la
"precariedad laboral". "Si no hay nada que ocultar, se debería
conocer lo que hay detrás", ha dicho
Por su
parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha lamentado que cuando no
existe ni transparencia, ni eficiencia ni eficacia en la contratación pública,
como en los casos expuestos, "se pierden derechos de los trabajadores, se
pierden recursos públicos y valores" con los que, a su juicio, desde la
clase política se debería "dar ejemplo".
Lamentando
la "demagogia" del resto de formaciones, el senador 'popular'
Francisco Javier Fernández González ha manifestado su voluntad de instar a
"resolver los problemas de los trabajadores" y penalizar esas ofertas
con "bajas temerarias". Aunque ha recordado que la fiscalización de
todos los órganos y entidades de la Administración por parte del Tribunal ya
debería recoger estos contratos, se ha manifestado a favor de encargar al
Tribunal este informe específico.