Duras
críticas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada al borrador del
Reglamento
- El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por Aproser, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO) ha criticado con dureza algunos aspectos del borrador de Reglamento de Seguridad Privada, tanto en su elaboración como en su contenido.
Fuente:
Cuadernosdeseguridad.com - 21 junio, 2018
En una
comparecencia ante los medios de comunicación, sus portavoces han calificado
como “inaceptable”que los agentes sociales y empresariales del sector “no hayan
sido formalmente consultados en la elaboración de este borrador antes de su
difusión, teniendo en cuenta que todas las organizaciones pertenecen a la
Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de
consulta previa”.
Eduardo
Cobas, secretario general de la patronal Aproser, manifestó la necesidad de
contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años
después de su aprobación. Sin negar los aspectos positivos del Reglamento,
Cobas puso el énfasis en el peligro que tienen algunas de las medidas del
Reglamento al “promocionar un “servicio low cost de la seguridad en detrimento
de la calidad”, condición imprescindible para que las empresas de seguridad
privada desempeñen eficazmente su papel colaborador de la seguridad pública que
ha llevado a España a ser un modelo para otros países.
Uno de
lospuntos de mayor gravedad del texto presentado “repentinamente” por el
Ministerio del Interior según el Observatorio es el tratamiento de la seguridad
en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo. Según el
borrador, entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad
podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y
depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de
seguridad. Las entidades del sector exigen la retirada de esta propuesta del
trámite reglamentario que supone una “práctica completa desregulación del
sector con importantes consecuencias para los ciudadanos y un debate sobre el
resto de la propuesta”.
En
palabras de Diego Giráldez, secretario de FeSMC-UGT, “estas medidas suponen que
el 95% de
las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad privada
con excelentes ratios de calidad, serán prestadas por empresas y personas
ajenasa la seguridad”.
Esta
situación, apuntan desde el Observatorio, provocaría una casi total destrucción
de empleo en el sector y contribuiría significativamente a un incremento de los
niveles de fraude, ya que se podrá eludir la trazabilidad y el control de
efectivo al que está sometido con el actual sistema. Esta desregularización,
según afirman, convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de
la gestión del efectivo por las autoridades públicas, con previsibles
consecuencias en los actuales niveles de inseguridad ciudadana.
Una
segunda reivindicación del Observatorio Sectorial se refiere al insuficiente
tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad. El
borrador recoge una serie de supuestos en los que los vigilantes cuentan con la
protección jurídica de agente de autoridad y que mejoran la situación actual.
Sin
embargo, tal como señaló Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de
CC.OO. Construcción y Servicios, las organizaciones sociales consideran que
estos supuestos deben generalizarse, dada la exposición a riesgos a los que los
profesionales de seguridad privada están expuestos en la prestación de sus
servicios.
Igualmente,
Montoya incidió en la necesidad de la equiparación en el uso de medios de
protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad
del Estado cuando intervienen junto a ellos.
En esta
línea de reconocimiento y exigencia de calidad de la profesión, el sector pone
énfasis
en lo referente a la formación profesional necesaria para acceder al sector,
para el cual
tampoco se ha contado con la opinión de las organizaciones.
Consideran
que, dado el conocimiento de empresas y sindicatos, se debería haber contado
con el sector para determinar los contenidos de la formación exigible para el
acceso. Según Basilio Febles, secretario general de la FTSP-USO, “no es
razonable que desde el Ministerio de Educación se desarrolle de forma
unilateral” la materia de formación de acceso del personal de seguridad.
Otras
demandas del Observatorio sobre el Reglamento de Seguridad Privada afectan al
sector de vigilancia y que reducen notablemente la calidad del servicio. Entre
estas reivindicaciones está la incorporación de empresas interpuestas en el
proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción
desproporcionada de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y
garantías exigibles a las empresas. Todo ello disminuye la calidad existente y
se abre la puerta al intrusismo contra el que el sector está luchando.
Según
el Observatorio, no se han tenido tampoco en cuenta los requerimientos de
seguridad de los servicios y de los profesionales en lo relativo a la
regulación sobre la vigilancia discontinua. Según el Observatorio, con la nueva
normativa se generan riesgos para los trabajadores y los servicios se hacen
ineficaces. Por último, los portavoces han destacado que el borrador genera un
desequilibrio entre la decisión de contratación por el cliente y la
responsabilidad asumida por las empresas de seguridad privada que quiebra las
políticas de sostenibilidad de las empresas socialmente responsables.
