El
Constitucional declara que las rentas familiares no se tengan en cuenta para
cobrar el subsidio de mayores de 55 años
- El Tribunal considera inconstitucional
el requisito de rentas familiares que el Gobierno del PP introdujo en 2013 y
que restringió el número de beneficiarios
- El nuevo requisito perjudicó a las
personas que convivían con cónyuges o hijos que cobraran salarios de poco más
de mil euros
- El Ministerio de Trabajo admite que la
sentencia obliga a cambiar el criterio de cómputo de forma inminente: a partir
de ahora solo se tendrán en cuenta los ingresos del propio beneficiario, sin
incluir los de su unidad familiar
El
Tribunal Constitucional acaba de tumbar uno de los requisitos que el Gobierno
del PP introdujo en 2013 para endurecer el cobro del subsidio para mayores de
55 años. El Tribunal considera inconstitucional que para determinar si una
persona tiene derecho a cobrar ese subsidio se computen los ingresos de toda su
unidad familiar en lugar de sus ingresos individuales. La sentencia, que se
publicó el pasado 7 de julio en el BOE, está motivada por el recurso que
interpusieron más de cincuenta diputados socialistas poco después de la
aprobación de la norma.
En
2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto de medidas "para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre
otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio de
mayores de 55 años. La ayuda iba dirigida a los mayores de esa edad que, con o
sin cargas familiares, hubieran agotado otra prestación, hubieran cotizado al menos
seis años a lo largo de su vida y cumplieran con los requisitos para acceder a
una pensión contributiva, salvo la edad.
Carlos
Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, señala que "la
sentencia pone en evidencia otra vez el abuso que hizo el Gobierno del
PP con este tipo de decretos a la hora de gobernar".
El
decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo un nuevo criterio que, en la
práctica, hizo que muchos potenciales beneficiarios dejaran de serlo. Desde
marzo de 2013 comenzó a computar las rentas familiares de los posibles
perceptores. Es decir, si una persona quería cobrar el subsidio, la suma de
rentas de su unidad familiar dividida por el número de integrantes no podía
superar el 75% del salario mínimo interprofesional.
El
nuevo requisito perjudicó a las personas que convivían con cónyuges o hijos que
cobraran salarios de poco más de mil euros. Aunque solo afectó a quienes a
partir de ese momento querían acceder a la ayuda, supuso un recorte de
beneficiarios en un momento en el que el paro golpeaba fuerte al colectivo.
Entre 2007 y 2017, el desempleo entre las personas mayores de 55 años creció un
292%.
En
un informe reciente, UGT aseguraba que durante esta década la situación ha
obligado a los mayores de 55 años a "aceptar subempleos, temporales y
parciales" con consecuencias sobre sus ingresos, ya que el colectivo ha
sido especialmente golpeado por el paro de larga duración.
Bravo
añade que la sentencia "obliga a cambiar la prueba de rentas" y que,
en todo caso, desde su sindicato esperan que el Gobierno "modifique pronto
la configuración del subsidio de mayores de 55 años".
Cambio
"inminente" de los requisitos
En
este sentido, el Ministerio de Trabajo admite que la sentencia obliga a cambiar
el criterio de cómputo de forma inminente. Trabajo tendrá en cuenta los
requisitos anteriores al cambio introducido en 2013: solo se computarán
los ingresos del propio beneficiario, sin incluir los de su unidad familiar. El
Ministerio está también estudiando recuperar el subsidio para mayores de 52
años, una medida que podría tener un impacto de unos mil millones de euros,
aunque aún se desconoce un número más o menos aproximado de a cuantas personas
podría beneficiar.
Para
la Secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, la sentencia
corrobora la denuncia que sostienen desde hace años: que ese tipo de criterios
vulneran "el ámbito personal de los derechos individuales, de lo que
generas por trabajar". Como el cambio de criterio solo afectará a los
nuevos beneficiarios que soliciten la ayuda, Barrera insta al Ministerio a
negociar algún tipo de reparación para las personas que se quedaron descolgadas
y a las que el no acceder a esta ayuda les ha perjudicado, por ejemplo, para el
cobro de su pensión.
Afectados en el
limbo
De
hecho, un colectivo muy perjudicado, dicen algunas fuentes consultadas, es el
de personas a las que en su día se les denegó la ayuda por este nuevo criterio
de rentas y que ahora tampoco podrían solicitarla por incumplir otro de los
requisitos: proceder de otro subsidio. Aunque ahora se vuelva a aplicar un
criterio de rentas personales, estas personas quedarían en un limbo,
desenganchadas del sistema de prestaciones.
UGT señalaba que de los 3,4 millones de
parados registrados a finales de 2017, un 23% tenía más de 55 años. Por otro
lado, de las 1,9 millones de personas que cobran prestaciones, 546.000 (el 28%
del total) es mayor de 55 años: 116.000 reciben una prestación contributiva y
378.566 reciben prestaciones asistenciales, entre las que está el subsidio de
mayores de 55 años. El sindicato calcula que unas 240.600 personas paradas que
superan esa edad están fuera del sistema de protección social, una cifra a la
que habría que sumar a quienes están paradas pero ya no están inscritas en los
servicios públicos de empleo.
