Economía
Diez trabajadores de seguridad de Esabe denuncian impagos desde enero
CCOO lamenta que la empresa viva de los concursos públicos y lamenta que aún los contraten
Fuente: laopiniondemalaga.es – 17 de Abril de 2012
MARINA FERNÁNDEZ
La situación de diez familias malagueñas es extrema desde que hace casi un año –el aniversario se cumple el 18 de mayo–, la empresa para la que trabajaban como vigilantes de seguridad, Esabe, cerrara. El convenio recogía que si la firma cerraba, los empleados debían pasar como subrogados a otra empresa de seguridad, en este caso Prosegur y Loomis. Éstas aseguraron que incumplían los requisitos y no los contrataron y, por ello, denunciaron la situación.
Uno de estos afectados, Diego Fernández, asegura que en los últimos tiempos también han cerrado las delegaciones de Sevilla y Granada, y que la resolución judicial, dictada en octubre, obligaba a la empresa a readmitirlos.
«No nos han pagado desde el mes de enero, la empresa no funciona y nos deben las pagas extras del año pasado», lamenta. Además, hay que tener en cuenta que Fernández y sus compañeros comenzaron a percibir la prestación por desempleo, pero al decretarse el despido como improcedente por parte de un juez del juzgado de lo social número 4 de Málaga, ahora el Servicio Público de Empleo les reclama el paro recibido, ya que la firma debería abonarles las nóminas de esos meses. En caso de no readmitirlos, el juez obliga a la empresa a pagarles una indemnización y los salarios de tramitación.
«Pero nosotros hemos utilizado ese dinero para vivir, somos familias con gastos», explica desesperanzado, mientras cuenta que uno de sus compañeros, de 37 años, con dos niños pequeños, ya ha recibido una carta del banco para ser desahuciado. Además, cuenta que pese a no estar haciendo ninguna labor, en la vida laboral les aparecen estos meses como cotizados. Según el empleado, ha llegado a los oídos de los readmitidos que el dueño de la empresa, que es nacional y cuya situación es similar en casi todas las sedes, podría haber adquirido dos empresas por 14 millones de euros.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Actividades Diversas de CCOO de Málaga, Antonio Pacheco, asegura que se ha denunciado a la empresa, que «vive» de concursos públicos en otras de sus áreas. «Nosotros informamos a las administraciones de que no cumplen su trabajo y que, para ellos, lo último son sus empleados. Llevan casi un año en esta situación, pero la administración les sigue adjudicando», criticó.
Uno de estos afectados, Diego Fernández, asegura que en los últimos tiempos también han cerrado las delegaciones de Sevilla y Granada, y que la resolución judicial, dictada en octubre, obligaba a la empresa a readmitirlos.
«No nos han pagado desde el mes de enero, la empresa no funciona y nos deben las pagas extras del año pasado», lamenta. Además, hay que tener en cuenta que Fernández y sus compañeros comenzaron a percibir la prestación por desempleo, pero al decretarse el despido como improcedente por parte de un juez del juzgado de lo social número 4 de Málaga, ahora el Servicio Público de Empleo les reclama el paro recibido, ya que la firma debería abonarles las nóminas de esos meses. En caso de no readmitirlos, el juez obliga a la empresa a pagarles una indemnización y los salarios de tramitación.
«Pero nosotros hemos utilizado ese dinero para vivir, somos familias con gastos», explica desesperanzado, mientras cuenta que uno de sus compañeros, de 37 años, con dos niños pequeños, ya ha recibido una carta del banco para ser desahuciado. Además, cuenta que pese a no estar haciendo ninguna labor, en la vida laboral les aparecen estos meses como cotizados. Según el empleado, ha llegado a los oídos de los readmitidos que el dueño de la empresa, que es nacional y cuya situación es similar en casi todas las sedes, podría haber adquirido dos empresas por 14 millones de euros.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Actividades Diversas de CCOO de Málaga, Antonio Pacheco, asegura que se ha denunciado a la empresa, que «vive» de concursos públicos en otras de sus áreas. «Nosotros informamos a las administraciones de que no cumplen su trabajo y que, para ellos, lo último son sus empleados. Llevan casi un año en esta situación, pero la administración les sigue adjudicando», criticó.