Jueces y magistrados sin escoltas pese a juzgar a los terroristas
Fuente: ateneadigital.es - Gema Nieves / Madrid miércoles, 04 de abril de 2012
"Se trata de un proceso muy delicado para muchas personas", por lo que desde el Ministerio del Interior se está actuando con "exquisito cuidado". De esta forma el departamento que dirige Jorge Fernández hacía referencia a la polémica suscitada por el reciente anuncio de la retirada de escoltas a los fiscales y magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Después del comunicado del cese de la violencia por parte de ETA, el colectivo de escoltas ha visto que se ha ido reduciendo su presencia, empezando por el País Vasco y Navarra. Ahora se está extendiendo a toda España, algo que se analiza desde distintos puntos de vista. Interior asegura que prioriza las razones económicas, ya que es un gasto innecesario si además el riesgo se ha reducido. Pero, ¿nuestros jueces, magistrados y fiscales sólo se merecen protección frente a ETA? Hoy por hoy, el crimen organizado y las bandas terroristas abarcan mucho más que ETA.
Por otro lado, cabe destacar que la orden de prescindir de tales servicios no es nueva, ya que hace tres años (con el PSOE en el Gobierno) fueron los fiscales de Anticorrupción y del Tribunal Constitucional los que se quedaron sin la protección.
En ese momento -al igual que ahora- los motivos económicos fueron la justificación oficial del Ministerio dirigido por Pérez-Rubalcaba para la retirada de los escoltas, algo que se sumó a la valoración de riesgo de manera individual y a la insuficiencia de efectivos de la Policía Nacional. Por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción -que se encarga de la investigación de bandas criminales organizadas- vio como se reducía a tres el número de escoltas, para los 16 fiscales que la forman.
Ahora, es el turno de la Sala de lo Penal, pero según fuentes de Interior, no se quieren precipitar a la hora de anular los servicios de seguridad especial. Para ello, en los próximos 15 días se va a estudiar caso por caso y, dependiendo de la valoración, se actuará. A pesar de la tranquilidad que quiere transmitir el Ministerio, las asociaciones de fiscales ya han se han pronunciado ante tal decisión. Con distintas palabras, pero con la misma idea, los dos principales grupos (Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales) rechazan de plano la supresión de la seguridad personal a los jueces de la Audiencia, así como a los magistrados de la Sala de lo Penal.
Entre los argumentos que manejan, el principal es que de esta forma se pondrá en peligro a las personas afectadas y a su trabajo. Una labor que deben llevar a cabo sin miedo ni coacciones. En este punto, es importante remarcar que el principal "miedo" es a las acciones de la banda terrorista ETA. Sin bien es cierto que en octubre del año pasado la banda criminal anunciaba el cese de la violencia, los escoltas y afectados destacan que no se trata de su disolución definitiva. Tampoco se puede pasar por alto que la Audiencia Nacional y lo Penal también se encargan de juzgar a otro grupo organizado fuerte, como es el encargado de terrorismo islámico (del que por el momento no hay noticias ni de alto el fuego ni de disolución en el horizonte).
Diferentes opiniones de policías y escoltas
El debate y la polémica están servidos, y es que desde distintos puntos de vista el tema de la retirada de escoltas se argumenta de forma totalmente contraria.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acaba de hacer público un comunicado en el que esgrime sus propios argumentos, destacando que el Ministerio del Interior "no se atreve a hacer justicia y retrasa la retirada de escoltas a jueces y fiscales". Según dicho comunicado, asegura que no es cierto que las escoltas estén para aquellas personas que tienen un mayor riesgo de agresión por cualquier circunstancia. "Se uso´ y abuso´ de la amenaza terrorista para que muchas autoridades y sus familias pudieran disponer de un signo de distinción que es en lo que ha acabado la escolta", denuncia el Sindicato. Asimismo, se añade que lo jueces y fiscales que quieren seguir con escolta no lo hacen por temor a sufrir atentados (que se producen igual con o sin escoltas) "sino por comodidad y ahorro".
Por otro lado, afirman que no es cierto que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, de otros órganos, y políticos olvidados, precisen de ninguna escolta para garantizar su seguridad. O no más que decenas de miles de ciudadanos, empresarios, o concejales del País Vasco y Navarra a los que ya se ha comenzado a retirar. "Si alguna organización terrorista u organizada quisiera atentar contra una persona miembro de la judicatura o la carrera fiscal, ¿cuantos días tardaría en hacerle seguimiento, conocer a su familia y actuar sobre su pareja o descendientes?".
Otro argumento que denuncian es que la reducción al mínimo de la oferta de empleo público, así como el número de agentes de la Nacional y la Benemérita obliga a que "esos miles de efectivos dedicados a la protección individual pasen a prestar servicios que garanticen la protección de todos los ciudadanos".
Por el contrario, los escoltas ven totalmente justificado que jueces, magistrados y fiscales se nieguen a prescindir de seguridad personal. Así lo afirman desde la Asociación Española de Escoltas (ASES) que ve justificado que jueces y fiscales se nieguen a la retirada de protección personal. Su presidente, Vicente de la Cruz, en declaraciones recientes a Servimedia, aseguraba que la negativa de los jueces es muy normal, ya que estos profesionales de la justicia tienen conocimiento muy cierto del entorno de ETA y saben que, aunque se supone que ha cesado en sus acciones, no se ha disuelto, por lo que el peligro se mantiene. Además, cabe destacar el comportamiento beligerante de los etarras recientemente juzgados por la Audiencia Nacional.
Lo que desde la Asociación se destaca es que el anuncio de esta retirada, no es más que un paso hacia delante del plan de Interior para reducir gastos, con lo que se envía a cientos de escoltas directamente al paro (no se refieren a los miembros de la Policía o Guardia Civil). Sólo en el mes de marzo, 425 escoltas dependientes de Interior pasaron a engrosar las listas del paro.
Una situación a la que se está buscando solución tanto desde la Asociación como desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Se trata de encontrar alternativas al paro y reubicar a los escoltas. En un principio, después de la última reunión, se ha propuesto a la Secretaría que estudie la opción de que ejerzan de vigilantes en prisiones (sustituyendo a los guardias civiles) o en edificios públicos, que proporcionen seguridad a las víctimas de violencia de género o testigos, o la seguridad de vuelos nacionales.
