ESPAÑA
Los guardias civiles sustituidos por escoltas en las cárceles mantendrán su
destino
Los agentes afectados por el plan de
Interior se ocuparán en su zona del traslado de presos
Fuente: abc.es - CRUZ MORCILLO / MADRID
Día 04/05/2012 - 21.46h
El Ministerio del Interior ultima el plan de retirar la escolta a decenas
de cargos tanto en el País Vasco y Navarra como en el resto de España tras el
cese de la violencia etarra. El grueso de este plan -que podría afectar a medio
millar de personas- se dará a conocer en los próximos días,
probablemente la próxima semana, e implica la reducción drástica de
escoltas privados a los que Interior no quiere dejar en el paro.
Una de las medidas será reconvertir a muchos de ellos en los nuevos vigilantes de
las cárceles, una tarea encomendada tradicionalmente y de forma
mayoritaria a la Guardia Civil, que tiene unos 1.600 agentes destinados a esta
misión, según datos oficiales. Los afectados mantendrán su destino y no
tendrán que trasladar su residencia, según las fuentes consultadas por
ABC.
Al mando, un agente
Tras la «privatización» parcial el mando del servicio y, por tanto,
la supervisión de los escoltas, continuará a cargo de uno o varios agentes en
un modelo que seguirá el camino del que funciona en los aeropuertos. Esto
supone que no todos los funcionarios destinados en prisiones tendrán
que dedicarse a otras tareas. A finales de marzo se celebró una
reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, encargada de evaluar el riesgo
de las personas protegidas y de decidir a quiénes se mantiene la protección, en
la que se decidió la «inminente» puesta en marcha del plan para las prisiones,
aunque sin plazos concretos.
La Dirección General de la Guardia Civil trabaja desde entonces en la
reasignación de agentes, al ritmo marcado por la Secretaría de Estado de
Seguridad. La premisa inicial distingue entre aquellos destinados en
las unidades de seguridad penitenciaria, que en principio reforzarán
las conducciones de presos en la zona en la que cumplan servicio y el
resto, que quedarán a la espera de nuevos cometidos, «sin que les perjudique en
su vida profesional o personal», según fuentes oficiales. Un ejemplo: los
funcionarios que disfruten de un pabellón (vivienda en una casa cuartel) no lo
perderán y tendrán preferencia para pedir destino.
La Guardia Civil pretende a toda costa evitar que el compromiso de Interior
con los vigilantes privados suponga una merma para sus funcionarios, máxime
tras la advertencia de asociaciones como la AUGC que está siguiendo el proyecto
con lupa. La razón última del plan, según fuentes del Cuerpo, es cubrir el
problema de falta de personal que ya se nota en algunos servicios. La oferta
pública de Empleo para la Guardia Civil de este año es mínima: 126 plazas para
cabos y guardias y 80 para la escala superior de oficiales.
Las asociaciones,
en contra
C. MORCILLO MADRID
La AUGC, asociación mayoritaria en la
Guardia Civil se reunió a mediados del mes pasado con los responsables de la
Dirección General para comunicar su oposición a la privatización de la
seguridad en las prisiones. La cifra de afectados que ellos manejan es de 2.200
agentes y señalan que la medida tendrá un impacto negativo tanto laboral como
familiar en decenas de funcionarios. Si de lo que se trata es de paliar la
falta de personal, señalaron, que recuperen a los guardias que están haciendo
de fontaneros, electricistas, pintores, etc, más de 1.200 según han denunciado
reiteradamente.
Desde la Dirección General se
trasladó a la asociación que la privatización será «paulatina» y se intentará
que afecte lo menos posible a los agentes y a sus familias. Algunas unidades,
se les dijo, ni siquiera se verán afectadas.
