El secretario de Estado
dice que sería para controlar los monitores de seguridad
Los equipos de fútbol
pagarán la seguridad de los grandes eventos a través de una tasa
Fuente: politica.elpais.com MÓNICA
CEBERIO BELAZA Madrid 28 JUN 2012 -
Ignacio Ulloa. / EFE
En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en
el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados
por la Administración—, el Ministerio del Interior anunció que los escoltas que
se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en
cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias civiles,
que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el
ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las
prisiones. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha
ido más lejos esta tarde. Ha planteado en la Comisión del Interior del Congreso
la posibilidad de que vigilantes privados sustituyan no solo a policías y a
guardias civiles sino también a funcionarios de prisiones ante la escasez de
empleados públicos y ante la imposibilidad económica, según indicó, de llevar a
cabo la oferta de empleo público que sería necesaria.
Se trata de una idea que
debe aún perfilarse y que en ningún caso entraría en vigor antes del año que
viene, pero que en el ministerio empieza a cobrar cada vez más fuerza, como
reconoció el secretario de Estado. “Lo único que hacemos es poner ingenio. Y
quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han
preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar
alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada”, dijo Ulloa.
Aún no han calculado a cuántos funcionarios querrían sustituir por vigilantes
privados para trasladarlos a prisiones con escasez de empleados públicos.
El ministerio quiere
sustituir a los funcionarios que llevan a cabo labores de vigilancia
-evidentemente, no podría llevarse a cabo algo así con otro tipo de empleados
públicos, como terapéutas o juristas-, pero aún debe concretar exactamente qué
tipo de tareas podrían realizar los vigilantes privados y cuáles no.
Como ejemplo, Ulloa ha
planteado que, quizá, la labor de “mirar un monitor de seguridad” la podría
desempeñar un ciudadano con una mínima formación, pero no ha ofrecido un
catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser privatizados. “Dejo la
cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar", ha señalado.
"Pido las sugerencias de los diputados. Para poner en funcionamiento todas
las infraestructuras previstas son necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que
está congelada la oferta de empleo público”.
El secretario de Estado
habló también de otras cuestión polémica: la propuesta de Interior de que los clubes de fútbol paguen parte de lo que cuesta la
vigilancia que Interior dedica a los grandes eventos. El
ministerio quiere que el cobro de esta prestación se haga a través de una tasa
a las empresas deportivas, que pagarían por el uso de un "dispositivo
intensivo" de seguridad pública. Interior está estudiando la cuestión con
los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, según ha asegurado el
secretario de Estado de Seguridad en el Congreso.
"El importe de los ingresos obtenidos por esta
tasa se destinará a financiar los gastos derivados del organismo autónomo GIESE
(encargado de la gestión y venta de inmuebles del Ministerio del Interior), así
como un porcentaje de los costes derivados de la prestación intensiva del
servicio de seguridad pública", ha explicado. "El excedente se
ingresará en el Tesoro Público". "Este tipo de encuentros producen
muchos beneficios, de forma que los que se benefician tendrán que contribuir a
las cargas", ha señalado. "En todo caso, se trata de una idea
sencilla pero con muchas complicaciones, así que no está cerrada del todo la
fórmula que se empleará".