Vigilantes del centro de Valle
Tabares, con turnos de 20 y 24 horas seguidas
Fuente: eldia.es - 30/oct/12 - PEDRO
FUMERO, S/C de Tfe.
El comité de
empresa del centro de menores de Valle de Tabares denunció ayer supuestas
irregularidades por parte de la empresa encargada de la seguridad ante el
Juzgado de Guardia de Santa Cruz, la Consejería de Bienestar Social del
Gobierno canario y la Fundación Ideo, responsable de la gestión de estos
recursos. Un directivo de Seguridad Integral Canaria (SIC) afirmó que las
denuncias no se ajustan a la realidad. Los representantes del personal aseguran
que por parte de la empresa se obliga a los trabajadores "a realizar
turnos de más de 8 horas, en contra de lo que recoge el contrato" suscrito
entre la adjudicataria y el Ejecutivo. Según el texto, esta situación deriva en
que "las condiciones físicas y mentales de los compañeros se vean mermadas
seriamente como consecuencia de obligarnos a realizar (...) turnos de 16, 20 y
24 horas ininterrumpidas, llegando incluso a sufrir algunos compañeros crisis
de ansiedad" en plena jornada laboral.
El comité
afirma que la empresa no posee trabajadores suficientes para efectuar
correctamente los relevos. En Valle Tabares trabajan en torno a 60 vigilantes y
serían necesarios diez más. Algunos de los vigilantes no poseen los dos años de
experiencia ni la formación requeridas en contrato para prestar el servicio
adecuadamente, "lo que pone en peligro" a veces "al resto de
compañeros en las intervenciones que llevamos a cabo", según la denuncia.
Para el comité,
Seguridad Integral Canaria no cumple con las obligaciones salariales recogidas
en el convenio nacional de seguridad privada, "por lo que a más del 95 por
ciento de los trabajadores se nos adeuda una media de 3.000 euros". Otra
crítica consiste en que la adjudicataria no ha dotado al personal del material
ni el equipamiento obligatorio necesario que figura en el contrato.
Según el
escrito entregado en la Dirección General del Menor, la empresa destina
trabajadores a dirigir el servicio que no poseen las habilitaciones
contempladas en la legislación de Seguridad Privada, por lo que el caso también
se denunció ante el Grupo Operativo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de
Policía.
