Agentes
de seguridad privada duplican a los policías en la región
Fuente:
eju.tv/20/07/2013 publicado por Erick Salazar
Ante la impotencia y la
complicidad del poder público contra el delito, crecen las empresas que
pretenden cubrir el vacío
En los
16 países de América Latina de los que hay información disponible hay 1.460.179
oficiales de policía. El número de agentes de seguridad privada en esos mismos
países asciende a 3.262.290, lo que representa un 223%.
Las
cifras que arroja son sorprendentes y podrían serlo todavía más, ya que apenas
un bajo porcentaje de las empresas de seguridad está registrado, de modo que es
probable que haya un número mayor de agentes privados.
El caso
más impactante es el de Guatemala, donde los empleados de seguridad privada
representan el 530% del total de policías. Son 120 mil agentes de empresas,
contra 22.655 miembros de la fuerza pública.
Brasil
no se queda atrás: los privados (1.675.415) son el 506% de los públicos
(330.940).
En el
extremo opuesto está Bolivia, donde los agentes de empresas (500) representan
apenas el 1% de los policías (36.045). Junto a El Salvador y a Perú, son los
únicos países en los que hay más oficiales públicos que privados.
Cuando
el mercado cubre los espacios que deja el Estado
Resulta
imposible en cualquier país del mundo que el Estado se haga cargo en todo
momento de la seguridad absoluta de todas de las personas y bienes que hay en
su territorio. Las razones son varias, empezando porque dispone de recursos
humanos y económicos escasos, y porque las potenciales amenazas contra el
bienestar general son infinitas y cambiantes.
A esto
se suma un deterioro creciente de la calidad institucional en muchos países
latinoamericanos. Entre las múltiples consecuencias de ese proceso, se destacan
la ineficiencia de sus fuerzas de seguridad para resolver los complejos delitos
que se cometen en la actualidad y, lo que es aún más preocupante, el avance de
la corrupción en sus filas.
Esta
situación, que se da en un contexto mundial en el que el mercado empieza a
participar en cuestiones que antes resolvía exclusivamente el Estado, propició
la aparición de empresas que proporcionan servicios de protección física y
patrimonial de las personas e instituciones que las contraten.
En su
informe, Paz diferencia dos tipos de compañías: las "Empresas de Seguridad
Privada (ESP)" y las "Empresas Militares de Seguridad Privada
(EMSP)", que se distinguen por sus capacidades y ámbitos de acción.
Las ESP
son "empresas habilitadas por la ley, contratadas por personas físicas, o
personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer
actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo
concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de
bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan",
según consigna Paz en su ponencia.
"En
algún sentido tienen funciones semejantes a las fuerzas del orden público,
brindando servicios tales como de seguridad física de personas, bienes y
corporativa, protección, investigaciones, custodia de valores, vigilancia de
áreas públicas, semipúblicas y privadas, espectáculos masivos, etc, contando en
muchos casos con medios y tecnología mayores que las fuerzas públicas",
precisa.
Dentro
de este universo se enmarca el grueso de los agentes presentados en los gráficos,
que dan cuenta del impresionante avance de la seguridad privada por sobre la
pública. Pero más allá de lo riesgoso que esto podría llegar a ser, lo más
preocupante es algo que los gráficos no muestran: la ausencia de controles
efectivos sobre ellas por parte del Estado.
A modo
de ejemplo, Paz afirma que en México hay aproximadamente 8 mil ESP, de las
cuales sólo el 8,2% está registrado, mientras que en Brasil hay entre 3 mil y 4
mil compañías que actúan sin registro.
"Esto
permite numerosas irregularidades -dice en la ponencia- tales como empresas
registradas que prestan servicios no declarados o ilegales, informalidad en las
condiciones de contratación del personal, deficiencias en la selección e
incorporación de personal no calificado para su tarea e incluso con
antecedentes penales, empleo ilegal de armas y la participación en el mercado
de empresas clandestinas, todo lo que en definitiva termina conformando un
riesgo adicional a la seguridad de una comunidad".
La
amenaza de los ejércitos privados
A los
riesgos asociados a las ESP hay que sumar los propios de las EMSP, que son
potencialmente mayores.
"Son
estructuras privadas de gran envergadura que ofrecen un amplio espectro de
servicios, medios y milicias de carácter multinacional. Difieren de las
anteriores en quesus prestaciones son de naturaleza militar, tales como
protección armada de personas físicas, jurídicas o instalaciones en zonas
sensibles o de conflicto, actividades de reconocimiento y vigilancia terrestre,
marítimo, aeronáutico y satelital, resguardo de infraestructuras críticas y
objetivos estratégicos, entrenamiento militar, logística e inteligencia, apoyo
a actividades de combate, y un sinnúmero de otras operaciones vinculadas con el
campo de lo militar", explica Paz.
La
principal función que desempeñan estas empresas en la región es el
entrenamiento de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.Uno de los
países en los que tienen más presencia es Colombia, donde hay unas 20 empresas,
que cuentan con cerca de 2 mil agentes.
Como
están preparadas para desarrollar tareas esencialmente militares, su presencia
es considerablemente mayor en países que se encuentran en conflicto. Por eso,
si bien su aparición es previa, su existencia se hizo muy notoria en las
guerras de Irak y Afganistán, donde Estados Unidos contrató a cientos de
empresas y a miles de combatientes privados.
Sin
embargo, a pesar de no ser tan frecuentes, hay antecedentes nefastos del
accionar de las EMSP en la región. Colombia es el mejor ejemplo, ya que estas
empresas estuvieron en el origen del paramilitarismo luego de que en 1994 el
entonces presidente César Gaviria a prestar servicios de vigilancia a
particulares, lo que desencadenó en la creación de más de 500 cooperativas de
seguridad con aproximadamente 15 mil personas.
"En
poco tiempo, algunas de ellas, en base a la obtención de recursos económicos provenientes
de grandes empresas y ganaderos -que alentaron su crecimiento-, y contando con
entrenamiento militar y material bélico, se expandieron hasta convertirse en
una organización militar ilegal denominada Autodefensas Unidas de Colombia con
importante responsabilidad en masacres, el desplazamiento forzado de miles de
personas, apropiación de tierras y actividades de narcotráfico", cuenta
Paz.
En
definitiva, la potencial amenaza que representan los dos tipos de empresas es
que, ante la falta de regulación por parte del Estado, terminen debatiéndose
entre asumir funciones que sólo le corresponden a las fuerzas públicas o
volverse ejércitos al servicio de mafias.
Por
eso, la clave para prevenir ambas cuestiones es que se desarrollen
legislaciones claras y estrictas que regulen la actividad del sector, y que el
Estado no deje a ninguna franja de la sociedad indefensa, ya que es eso lo que
termina motivando que sea el sector privado el que ocupe el vacío.
"La
seguridad privada no es autoridad pública ni puede ejercer su tarea como tal,
no tiene por fin el perseguir el delito, no puede realizar requisas personales
o de vehículos, no puede realizar detenciones ni allanamientos ni acciones de
desalojo, ni ser un elemento de represión, sino que le cabe fundamentalmente dentro
de su ámbito y en forma restrictiva la tarea preventiva de vigilancia,
disuasión y alerta temprana", concluye Paz.
Fuente:
Infobae
