PATRULLARÁN "ZONAS
COMERCIALES PEATONALES"
Otra
vuelta de tuerca: los vigilantes privados podrán identificar y detener en plena
calle
Fuente:
elconfidencial.com - José María Olmo 29/11/2013
La
nueva Ley de Seguridad Privada que tramita el Congreso de los Diputados
permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles
comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podían ejercer los
agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de realizar labores de
control en los espacios públicos, también podrán efectuar comprobaciones de
identidad, registros y detenciones. Así consta en el informe de la ponencia
sobre el proyecto de Ley de Seguridad Privada que acaba de aprobarse en la
Cámara Baja. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la norma entrará en
vigor en un plazo aproximado de dos meses.
La ley
actual sólo permite a los vigilantes de seguridad privada actuar en el interior
de instalaciones, como empresas, organismos o centros comerciales. Las vías
públicas las tienen expresamente vetadas por la legislación actual, con las
excepciones de los polígonos industriales y las urbanizaciones privadas. Sin
embargo, la nueva ley amplía el ámbito de actuación de estos profesionales,
permitiéndoles intervenir en “zonas comerciales peatonales” y en
“acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia
social que se desarrolle en vías o espacios públicos”.
En la
práctica, el último punto ya se venía autorizando, por ejemplo, en la
comprobación de accesos a conciertos al aire libre o en la vigilancia de los
campos de fútbol. De hecho, en los encuentros que se disputan en el Santiago
Bernabéu, por ejemplo, ya participan en su vigilancia más guardias de seguridad
privada que policías nacionales. Pero la habilitación para controlar “zonas
comerciales peatonales”, como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de
Barcelona, concede por primera vez a las empresas de vigilancia privada
competencias hasta ahora reservadas en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad del
Estado. Los vigilantes de seguridad ya no tendrán que limitarse a controlar el
interior de edificaciones o propiedades. Podrán patrullar por las principales
calles de las ciudades o en otros “espacios públicos” si así lo determinan las
autoridades correspondientes.
Ampliación
de facultades
El
proyecto de ley también amplía considerablemente las facultades que les concede
la Ley de Seguridad Privada vigente, del año 1992. El nuevo texto autoriza a
los guardias de seguridad privada a realizar “comprobaciones, registros y prevenciones
necesarios” para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos,
lugares y eventos, tanto públicos como privados. En el caso de los controles de
los accesos a inmuebles, también concede a los guardias de seguridad la
facultad de denegar el acceso a las personas que se nieguen a ser sometidos a
un control de identidad o que no admitan un registro de su vehículo o de las
mercancías que en ese momento porte.
El
texto que aparece en el Proyecto de Ley será similar al que apruebe el Consejo
de Ministros.El texto que aparece en el Proyecto de Ley será similar al que
apruebe el Consejo de Ministros.Hay más cambios. La legislación actual atribuye
a los empleados de empresas de seguridad privada el derecho a “evitar la
comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su
protección”. El nuevo texto va más allá y les permite efectuar, con el fin de
evitar los delitos, “las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir
su consumación”. Es decir, que podrán identificar y registrar a cualquier
persona que consideren sospechosa.
Averiguación
de datos personales
Asimismo,
mientras que la normativa actual obliga a los agentes de seguridad privada a
“poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los
delincuentes en relación con el objeto de su protección” y les prohíbe
interrogarlos, el nuevo proyecto de ley los faculta para “detener” a
delincuentes vinculados con el objeto de su cometido y también los habilita
para “averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a
las autoridades”.
La
ponencia de la Comisión de Interior ya ha dado luz verde a todas estas
modificaciones. Los partidos de la izquierda del arco parlamentario las han
criticado duramente porque creen que el texto abre la puerta a que las empresas
de vigilancia privadas comiencen a suplantar progresivamente las labores de
seguridad ciudadana que la legislación encomienda únicamente a Policía Nacional
y Guardia Civil.
Dos
meses de plazo para su entrada en vigor
La
patronal del sector, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de
Servicios de Seguridad (Aproser), cree que estos cambios redundarán en
beneficio de todos los ciudadanos. “La habilitación para zonas comerciales y
espectáculos deportivos y culturales ya figuraba en el anteproyecto y el
proyecto de la ley y esperamos que se mantenga en su redacción definitiva. En
los países más avanzados se trata de una facultad de los vigilantes de
seguridad privada ya asentada que ha demostrado mejorar la seguridad de las
ciudades”, defienden fuentes de Aproser. Fuentes del Ministerio del Interior
añaden que la ratio de agentes de seguridad privada por ciudadano de España
(200 por cada 100.000 habitantes) está muy lejos de la media europea (271 para
la misma cantidad de habitantes).
La
Comisión de Interior estudiará el informe de la ponencia el próximo 10 de
diciembre. Después, el proyecto de Ley de Seguridad Privada será remitido al
Senado para que complete el trámite de la norma. En caso de que la Cámara Alta
apruebe algún cambio, el texto deberá volver al Congreso para que sea sometido
a una nueva votación. Pero si, como se espera, el Senado da el visto bueno a la
redacción de la Cámara Baja, la Ley de Seguridad Privada estará publicada en el
Boletín Oficial del Estado en un plazo de sólo dos meses.