SUMARIO DEL 'CASO ESABE'
La
empresa ESABE consiguió subvenciones públicas por cursos fantasma
Los informes policiales del
sumario revelan que la empresa de seguridad ESABE cobró subvenciones públicas
por cursos de formación que nunca llegaron a celebrarse y utilizó sellos falsos
de organismos oficiales
Fuente:
cadenaser.com - ALBERTO POZAS / TOÑI FERNÁNDEZ
14-02-2014
La Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso ESABE, que
investiga a la cúpula directiva de esta empresa de seguridad y limpieza por
delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores. La
policía y los investigadores realizan una pormenorizada descripción de cómo la
empresa utilizaba sellos falsificados de organismos oficiales y empresas
privadas para obtener contratos públicos y subvenciones por cursos de formación
que nunca se llegaban a celebrar. Los investigadores hablan de un fraude
"incalculable" añadiendo las deudas con la Seguridad Social y los
pagos en 'B' de la empresa por cantidades millonarias.
La
Cadena SER ha tenido acceso al sumario del caso ESABE, la investigación
judicial seguida contra los directivos de esta empresa de seguridad y limpieza
por presuntos delitos contra la seguridad social. En sus miles de páginas, los
investigadores de la policía y del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid
desgajan un "laberinto empresarial creado para defraudar", exponen
cómo la empresa acumuló durante años deudas millonarias con la Seguridad
Social, y también cómo se las pudo ingeniar para seguir obteniendo contratos
igualmente millonarios con las administraciones públicas españolas. La
investigación de una trama empresarial de pagos en 'B', de un coste económico
"incalculable" siempre presidida por la figura de Juan José Prados
del Pino, presidente de ESABE, considerado "patriarca" del grupo
empresarial y en paradero desconocido desde hace más de un año.
Una
hasta ahora desconocida línea de investigación del Grupo Operativo de Fraudes
de la policía, según el sumario del caso en el que el sindicato USO ejerce la
acusación popular, apunta a que las empresas del grupo ESABE pudieron estar
cobrando dinero público durante años por unos cursos de formación que, en realidad,
nunca se habrían llegado a celebrar, y que están subvencionados a las empresas
por organismos nacionales e internacionales como la Fundación Tripartita para
el Empleo (FORCEM). En su declaración ante la policía, la que fuera auxiliar
administrativa del departamento de formación de ESABE reconoce estos hechos,
señalando que era ella misma por órdenes superiores quien sellaba los ficheros
de asistencia a los cursos cuando no se habían producido, y cifrando
aproximadamente las subvenciones cobradas así en torno a un millón de euros
entre 2007 y 2010.
Una
teoría que sustentan los investigadores de la Seguridad Social: "Se
detectó un considerable fraude al FORCEM ya que durante años recibieron
cantidades por la impartición de formación de cursos que nunca se llegaron a
realizar". También se apoya en las declaraciones y denuncias de varios
trabajadores, que incluso han llegado a aportar a la causa las fichas diarias
de trabajo correspondientes a los mismos días en que, según la empresa, estaban
asistiendo a un curso de reciclaje o de manejo de escáner. Según testimonios
que obran en el sumario, a veces incluso la empresa habría obligado a los
trabajadores a estampar su firma en los diplomas de estos cursos nada más ser
contratados.
Sellos
de administraciones públicas para falsificar documentos oficiales
Sus
propios sellos no eran los únicos que utilizaban de forma supuestamente
fraudulenta. Según figura en el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER,
los directivos de ESABE habrían tenido en su poder una serie de sellos
falsificados de administraciones públicas y empresas privadas con los que
falsificar documentos oficiales y poder de esta manera ir maquillando sus
deudas con la Seguridad Social y poder así presentarse a concursos públicos. El
sumario del caso revela que, a lo largo de los últimos años, la empresa ha sido
"cazada" en algunas de estas falsificaciones, como en la que pudo
cometerse para intentar engañar a la Junta de Andalucía en el concurso público
del servicio de seguridad del complejo administrativo Almanjáyar de Granada, en
la pugna por el servicio de seguridad del museo Guggenheim de Bilbao o incluso
un Certificado de Situación de Cotización para ocultar sus deudas y acceder a
cuentas bancarias embargadas en un banco de Ciudad Real. Para los
investigadores de la policía, no es descabellado pensar que esto pudiera
haberse producido en numerosas licitaciones públicas en 2010 y 2011.
Varios
de estos sellos fueron incautados hace un año durante los registros a las sedes
de la empresa en Madrid, pero fue hace una semana cuando esta vertiente del
caso adquirió más fuerza: un imputado, enemistado con Juan José Prados del Pino
según fuentes cercanas al caso, entregó de forma voluntaria casi 200 sellos de
caucho, plantillas y pegatinas tanto de organismos oficiales como de empresas
privadas. Sellos de la dirección provincial de Madrid de la Tesorería General
de la Seguridad Social, del Ayuntamiento de Badalona, del registro de facturas
y la dirección económica de la Consellería de Sanidad en el Hospital de la Fe
en Valencia o incluso de varias subdirecciones de ministerios como el de
Justicia o el de Fomento. Y no sólo sellos de organismos oficiales: también de
entes privados como bancos, gasolineras, restaurantes, tintorerías o incluso
una tienda 'todo a cien' del barrio madrileño de Suanzes. Sellos utilizados,
siempre según los investigadores, para falsificar documentos públicos.
Una
"familia mafiosa" y un daño económico "incalculable"
A los
investigadores no les salen los números a la hora de calcular los números rojos
de este caso. Según figura en el sumario, las deudas de ESABE con la Seguridad
Social superan holgadamente los 30 millones de euros, a lo que hay que añadir
todo el dinero presuntamente pagado en negro, sin cotizar, a los trabajadores,
una cantidad mensual de medio millón de euros calculada por la policía, que
resume todo el supuesto fraude en una palabra: "Incalculable".
Un
agujero económico que, según detalla el sumario al que ha tenido acceso la
Cadena SER, es herencia de años de una telaraña de más de diez empresas opacas,
llenas de "hombres de paja" o testaferros, y de cómo los millones de
euros viajaban de una entidad a otra hasta llegar a manos de Juan José Prados
del Pino, el considerado como "ideólogo" del "chiringuito",
y su familia. Para los investigadores, nos encontramos ante una estructura de
"familia mafiosa", una "telaraña empresarial de ingeniería
financiera creada por la familia Prados por y para delinquir, para dar
cobertura a diversos ilícitos penales y ocultar los fraudes de ley realizados
para esquivar las sanciones que les han sido impuestas". El sumario
describe pormenorizadamente algunas de estas actividades.
"No
existía ánimo de ponerse al corriente de pago con las administraciones"
Para
los investigadores, el cúmulo de presuntas irregularidades cometidas por este
grupo empresarial habría permitido a ESABE estar a la cabeza de los concursos
públicos. Según la policía, el gran objetivo del grupo ESABE, compuesto por más
de diez empresas más o menos vinculadas a Prados del Pino, era ocultar sus
millonarias deudas con la Seguridad Social para poder seguir obteniendo
contratos públicos. Esto se conseguía de varias maneras, según el sumario: o
bien se solicitaba una renegociación de la deuda para tener "certificados
de cotización limpios con los que cotizar", ya que "no existía en
ningún momento ánimo de ponerse al corriente de pago con las
administraciones", o bien entraba en juego una empresa aparentemente
limpia pero controlada igualmente por ESABE. La finalidad era tener el
expediente limpio, algo que se consiguió en todas las ocasiones: destaca el
sumario que en julio de 2001 el Ministerio de Hacienda sancionó a la entonces
conocida como 'ESAVE', quedando prohibida toda contratación con esta empresa
durante los próximos cinco años: Prados del Pino moviliza a sus testaferros y
crea otra empresa, 'Bubos Securitas', futura 'ESABE', y dos meses después de
ser sancionado se hace con el servicio de seguridad del Centro Nacional de
Información Geográfica.
Otra
línea de investigación, la del delito contra los derechos de los trabajadores,
estudia los posibles pagos en negro: la policía calcula que un 20% del sueldo
de los trabajadores se pagaba en nómina y el resto en dinero negro, sin
cotizar, a través de horas extra o kilometraje. Una práctica que, según varios
testimonios de trabajadores de ESABE contenidos en el sumario, venía impuesta
desde el mismo momento de firmar el contrato.
Baja
temeraria para conseguir contratos públicos
¿Y cómo
conseguía entonces tantos contratos con la administración pública? Durante
años, ESABE fue una de las principales empresas del sector de la seguridad
privada en España, de las mayores contratistas de nuestro país. Según los
investigadores, además de las posibles falsificaciones a las que se apuntan, el
complejo empresarial de Prados del Pino habría ofrecido sus proyectos en lo que
se denomina "baja temeraria", ofreciendo el menor número de recursos
posibles para presentarse a los concursos públicos, incluso dando de alta trabajadores
que luego serían dados de baja una vez ganada la licitación.
La
conjunción de todas estas artimañas supuestamente ilegales es la única
explicación que los investigadores encuentran a que las empresas del grupo
ESABE hayan sobrevivido tantos años en la cresta de la ola: "Si las
empresas cuentan con no ingresar las cuotas sociales, con pagar en 'b' las
horas extras, con realizar contratos por horas muy inferiores a las que
realmente se realizan, con embolsarse dinero de cursos no realizados pero subvencionados,
con no tributar los impuestos de sociedades e IVA... nos encontramos con las
razones reales por las que pueden presentar a los concursos ofertas muy
inferiores a las de la competencia". El resultado ha sido, finalmente, que
ESABE se ha quedado sin dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores por
haber sido paulatinamente apartado de los concursos públicos.
Varios
frentes judiciales abiertos
En
estos momentos, según han informado fuentes jurídicas a la Cadena SER, el caso
se encuentra a la espera de resolver todos los recursos interpuestos por las
defensas de los diez imputados, pero sobre todo a la espera de que aparezcan
los principales imputados: Juan José Prados del Pino y su esposa. Informaciones
contenidas en el sumario le sitúan cerca de Lisboa, mientras que fuentes
cercanas al caso también le ubican dentro de nuestras fronteras, aunque fuera
del alcance de la justicia. Sobre él pesa una orden de detención aplicable al
espacio internacional Schengen que abarca la mayoría de países de la Unión
Europea.
El caso
ESABE no es, en realidad, un solo caso, ni se desarrolla en un único juzgado.
Al margen de las incontables sentencias que han dado la razón a los
trabajadores frente a este grupo empresarial, son varios procesos judiciales los
que se desarrollan en varias provincias españolas: además de esta causa
central, al menos otros cuatro juzgados madrileños persiguen las actividades
presuntamente ilícitas de ESABE, cada uno por diferentes delitos. Uno de ellos
investiga precisamente los delitos contra la Hacienda Pública que pudiera haber
cometido, presuntas irregularidades que la policía cifraba en más de 50
millones de euros, al margen de sus deudas con la Seguridad Social. Otro,
posible revelación de secretos y detención ilegal durante la operación
policial. En varias ocasiones, la jueza que instruye la causa principal ha
recordado que sólo investiga posibles delitos contra la Seguridad Social,
contra los derechos de los trabajadores, y de insolvencia punible. Además, Juan
José Prados del Pino también es requerido de forma oficial por un juzgado de
instrucción de Valencia y otro penal de Barcelona.
Sellos y
clichés oficiales aportados por un imputado
Administraciones
públicas: Ministerio de Justicia (gerencia territorial de Extremadura),
Ministerio de Fomento (subdirección general de administración y gestión
financiera), Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla (EMASESA), Junta Municipal de La Latina en Madrid, Ayuntamiento de
Badalona (secretaría general), Ayuntamiento de Leganés (intervención),
Ayuntamiento de Sevilla (registro general económico del Instituto Municipal de
Deporte), Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Tesorería General de la Seguridad Social dirección provincial de Madrid,
Hospital de la Fe (registro de facturas y dirección económica Consellería de
Sanidad), Generalitat Valenciana (Consellería de Bienestar Social, dirección
territorial de Alicante).
Bancos:
Banco Atlántico, Caja General de Ahorros de Granada.
Decenas
de estaciones de servicio, tintorerías, restaurantes y papelerías en Madrid,
Toledo, Valladolid, Barcelona y Lleida, e incluso un 'todo a cien'.
Cursos
de formación fantasma
Mila
Albert fue vigilante de seguridad de ESABE durante 8 años. Un día pidió a ESABE
su cartilla profesional. Para sus sorpresa estaba repleta de cursos que
supuestamente había recibido. Todo falso.
"Cuando
hacemos un curso vamos a una academia homologada. Estás un determinado número
de horas y te cuñan la cartilla como que has hecho el curso. Lo curioso es que
las cartillas estaban cuñadas sin haber hecho el curso". Cursos fantasma
sobre primeros auxilios, alarmas, defensa personal o cómo actuar contra un
incendio. No había sitio para la queja, cuenta. Tampoco cuando se pagaba con retraso,
-algo que ocurría sistemáticamente-, o cuando el 50% del sueldo como mínimo
llegaba en negro...Esta vigilante de seguridad cuenta que la desaparición de
ESABE fue desde el día en que entró a trabajar allí una noticia anunciada; las
irregularidades, -de las que incluso los trabajadores de base sospechaban-,
formaban una burbuja que sabían iba a explotar. "Es que sabíamos que en
cualquier momento eso iba a suceder. Fíjate es que simplemente un cambio de
mesas en la oficina, por reubicar, significaba que el trabajador que lo veía
salía dando gritos convencido de que estaban vaciando la oficina", con el
fin, -añade Mila-, de desaparecer o de volver a cambiar de nombre y seguir
acumulando contratos con la Administración como habían hecho al menos en 4 ocasiones.
SUMARIO DEL 'CASO ESABE'
Los
trabajadores acusan a los sindicatos de cobrar "el plus de los
corruptos"
Los interrogatorios
policiales que obran en el sumario de la causa revelan que miembros de
sindicatos y comité de empresa de ESABE habrían recibido trato de favor
mientras tenían conocimiento de los pagos en dinero negro a sus trabajadores
Fuente:
cadenaser.com - ALBERTO POZAS 14-02-2014
Los
interrogatorios policiales llevados a cabo durante el último año en el marco de
la investigación al grupo ESABE revelan que miembros de sindicatos y del comité
de empresa podrían haber estado recibiendo trato de favor de la cúpula
directiva, mientras tenían conocimiento de presuntas irregularidades como
masivos pagos en 'B' a sus trabajadores.
Una
coordinadora de la división de seguridad de la empresa declaró ante la policía
que el comité de empresa "estaba al tanto" y que durante aquellos
años los sindicatos "tenían metido en nómina un plus al que los empleados
llamaban 'el Plus del Corrupto', una manera de tenerlos contentos".
Extracto del sumario del 'caso ESABE'-
(CADENA SER)
Los
interrogatorios incluidos en el sumario del 'caso ESABE' revelan el control que
la dirección de la empresa ejercía sobre los únicos agentes que podrían haber
plantado cara a las supuestas irregularidades que se habían estado cometiendo
desde hace años: el comité de empresa y los sindicatos. Durante una batería de
interrogatorios realizados por la policía a lo largo del año pasado, casi una
decena de trabajadores y cargos medios del grupo ESABE afirmaron que los
sindicatos y miembros del comité de empresa estuvieron recibiendo trato de
favor de la directiva "para tenerles contentos y que firmaran lo que
quisieran". Otros tantos, niegan saberlo de primera mano pero sí reconocen
que esta situación era "vox populi" en la empresa. Presuntos sueldos
especiales y gratificaciones afloran en los interrogatorios, denunciadas por la
formación Unión Sindical Obrera (USO), que ejerce la acusación popular en este
procedimiento.
En su
declaración ante el Grupo Operativo de Fraudes de la policía, el que fuera
responsable de seguridad en el Ministerio de Igualdad afirma que los miembros
de sindicatos y comité de empresa estaban al tanto de los pagos en dinero negro
a los trabajadores y que incluso "los sindicatos tenían metido en nómina
un plus, al que los empleados llamaban "Plus del Corrupto", que según
este empleado "era una manera de tenerlos contentos y que firmaran lo que
quisieran los directivos, incluso los cursos a sabiendas de que no se
impartían". Una afirmación que se repite a lo largo de varios
interrogatorios realizados por la policía: en exjefe de servicios explica que
"los cargos sindicales cercanos a la dirección de la empresa cobraban en
nómina unas gratificaciones que no estaban justificadas por su labor
profesional".
De
estos interrogatorios se desprende que esta falta de "justificación"
se traduce en sueldos más altos de los que les corresponderían por su puesto.
Se cita hasta en dos ocasiones el ejemplo de quien fuera presidenta del comité
de empresa y líder sindical, M.J.S, que según estas versiones "siendo
vigilante de seguridad cobraba como inspectora", llegando supuestamente a
cobrar un sueldo entre 2.700 y 3.000 euros "que no se correspondía con el
de ningún inspector". Un trabajador, que fuera responsable del
departamento de control y gestión, añade que a algunos representantes
sindicales había que pagarles, mediante talón, sus actividades sindicales como
si formaran parte de la jornada laboral. El resto de trabajadores interrogados
coinciden en señalar que esta situación era "un rumor constante",
afirmando que el comité y los sindicatos "tenían que estar al tanto".
Las
primeras denuncias que dieron origen a este proceso en 2011 fueron interpuestas
por representantes de diversos sindicatos, miembros de CCOO en primer lugar y
más tarde USO como acusación popular, que denunciaban las presuntas
irregularidades que se cometían en la empresa.
Presunto
control sobre las elecciones de los sindicatos
La
relación entre los sindicatos y la directiva de la empresa podría haber ido un
paso más allá. Según declaró ante la policía una antigua auxiliar
administrativa de la empresa, el día de las elecciones a representantes
sindicales de la empresa en fecha no determinada uno de los altos cargos de
ESABE, e imputado en esta causa se dirigió a ella y a otras dos o tres
compañeras y les dijo literalmente: "Tenéis que coger la papeleta de este
sindicato, y que os vea yo echarla a la urna", sin recordar exactamente a
qué formación sindical pertenecía la papeleta.
